Luces y sombras en dependencia

Rescatar personas era el pegadizo eslogan que el Consell repetía una y otra vez al inicio de la legislatura; y la atención a los dependientes era uno de los pilares en los que se iba a basar esta premisa. Cuatro años después, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha conseguido duplicar el número de beneficiarios de las ayudas previstas en la normativa -hasta rozar los 80.000-, pero todavía cerca de 22.000 solicitantes están a la espera del reconocimiento de la Administración. Desde el departamento que dirige Mónica Oltra destacaron que la reducción de la lista de espera ha sido del 50,85% y pusieron el acento en que se ha disparado la presentación de nuevas solicitudes -prácticamente se ha multiplicado por cuatro-, lo que ha dificultado acabar con la bolsa de dependientes sin ayuda.

Para alcanzar estas cifras, subrayaron que, en el área de grabación se ha pasado de contar con diez técnicos para toda la Comunitat a un equipo de 16 personas en la conselleria más 561 profesionales en servicios sociales. En el área de valoración, los 18 trabajadores dependientes del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (IVASS) han dado paso a los 598 valoradores que actualmente están en activo (574 en servicios sociales, 16 en hospitales de larga estancia y unidades de salud mental y ocho en residencias públicas para mayores. Además, se ha conformado un equipo de valoración de la dependencia de la conselleria, con cinco profesionales del ámbito sociosanitario, que da apoyo a los servicios sociales municipales

A nivel económico, desde el mes de junio de 2015 y sólo en ayudas directas a la dependencia, se han pagado 888,99 millones de euros. De ellos, 278,35 en conceptos de retrasos y 62,16 en pagos de retroactividades -es decir, de los periodos en los que el dependiente debería haber estado ya reconocido desde que presentó la solicitud- y a los herederos -cuando el dependiente ha fallecido sin percibir la prestación-.

En este mandato, el equipo de Oltra se ha puesto al día en el pago de las nóminas de prestaciones de dependencia mensuales y, desde enero de 2016, estos abonos tienen lugar en los últimos días del mes correspondiente, «cuando con anterioridad se habían pagado con dos y en ocasiones hasta tres meses de retraso».

Otro hito relevante tuvo lugar también en enero de 2016, cuando se revisaron e incrementaron las prestaciones a los máximos establecidos por la normativa estatal y el reconocimiento de mínimos por grado de dependencia superiores a los 20 euros. Tras la revisión, 9.646 personas vieron incrementada su prestación, una media de 170 euros más, con un importe anual de 23,8 millones de euros.

Este cambio en la aplicación de la norma, permite, por ejemplo, que en el caso de una prestación económica vinculada al servicio residencial, los grandes dependientes pueden llegar a cobrar 833 euros mensuales y, en el caso de los cuidadores del entorno familiar, la cuantía varía entre los 153 euros para las personas con un grado moderado hasta los 442 en los casos de grandes dependientes.

En marzo de 2016 también se abonaron todos los atrasos aplazados pendientes de pago, una medida de la que se beneficiaron cerca de 6.000 personas, y para lo que el Consell destinó 28 millones de euros. La eliminación del copago en los centros de atención diurna, por su parte, permitió que 1.352 personas mayores ahorraran 2,8 millones de euros, siempre según la información proporcionada por Igualdad.

Otra decisión adoptada fue la de excluir la capacidad económica de las pagas extraordinarias en el cálculo de la tasa para la prestación del servicio residencial así como incrementar el dinero para gastos personales, lo que benefició a 10.210 personas usuarias de residencias de personas mayores, que percibieron un ahorro de 12,9 millones de euros.

La aprobación del nuevo decreto 62/2017, que regula un nuevo y amplio régimen de compatibilidades entre los diversos servicios y prestaciones del sistema y la puesta en marcha de nuevos servicios completan las medidas impulsadas por Oltra. Entre ellos, destaca el Servicio de Ayuda a Domicilio que, en 2017, se impulsó como experiencia piloto en cinco municipios, pero este año está previsto que se implante en todas las localidades valencianas, una iniciativa que requerirá una inversión de 4,2 millones de euros.

La falta de plazas en residencias públicas hizo también que se pusiera en marcha la denominada Prestación Económica Vinculada al Servicio Residencial de Garantía, sustitutiva de plaza pública, que agiliza la lista de espera y permite a la persona disfrutar del servicio con mayor prontitud. Consiste en una ayuda económica para que el interesado pueda financiar buena parte del coste de una plaza en una residencia privada.

Con la revocación del copago encubierto, el año pasado se retornaron alrededor de 18 millones de euros a 4.025 personas.

Hay que tener en cuenta que el presupuesto de la Generalitat de este año tiene 2.300 millones de euros de ingresos no confirmados, lo que puede provocar un colapso del sistema si, al final, no hay recursos suficientes para los gastos comprometidos». José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), traslada la inquietud del sector sobre lo que pueda pasar después de elecciones con la financiación de los servicios para el colectivo. En esta línea, en la entidad también están preocupados porque el incremento de las personas atendidas ha sido sobre todo fruto del aumento de la cantidad de cuidadores no profesionales -un 64% de todas las nuevas prestaciones-, cuando este recurso según la ley es excepcional. Además, lamenta, «estas prestaciones tienen un impacto de género muy importante, ya que suelen ser casi siempre mujeres las que se quedan a cuidar a las personas en situación de dependencia lo que las deja, una vez acabado el cuidado, en una situación muy difícil para reincorporarse al mercado laboral». Toro también advirtió de que no se ha reducido la lista de espera en los dos años previstos y «cuatro años después, aún hay casi 22.000 personas en la lista de espera». Asimismo, concretó que la Comunitat necesita 18.000 plazas residenciales en los próximos diez años y unas 5.000 en centros de día. «Con los discursos contrarios a la colaboración público-privada y la nueva Ley de Servicios Sociales no se anima a que el sector privado, con un 80% de las plazas, cree nuevos centros», señaló el presidente de Aerte, quien destacó que «estamos perdiendo una oportunidad para poner los cimientos adecuados para atender a todas las personas que se encontraran en una situación de dependencia, hoy y en los próximos años, y miles de personas pueden quedarse sin recibir la atención que necesitan».

La falta de plazas en los recursos públicos y las demoras en los procesos son otros de los aspectos negativos que denuncian los afectados. Desde las plataformas de usuarios de Castellón indicaron que la municipalización de los servicios de la dependencia hace difícil calcular un tiempo medio de tramitación, pero puede estar en alrededor de los 12 ó 14 meses. Sin embargo, destacaron que «el atasco que antes se originaba en la conselleria ahora se ha trasladado, en muchas ocasiones, a los servicios municipales, sin seguimiento ni indicaciones claras de gestión, dejándolo todo en manos de la buena voluntad de los municipios y el compromiso de las trabajadoras sociales de base». En cuanto a la cartera de servicios creen que los cuidados en el entorno familiar (no profesionales) es uno de los puntos débiles en el desarrollo del sistema. «Las plazas públicas en residencias, centros de día u ocupacionales son insuficientes y se requiere un mayor entendimiento entre administraciones para su creación».

Por otra parte, recuerdan que «durante toda la legislatura hemos dado traslado de nuestra preocupación por saber cuál es el limbo de las revisiones por agravamiento de personas que hace años que están esperando una nueva valoración y que, por lo tanto, están recibiendo prestaciones inferiores a su grado actual, o disfrutando de un recurso que no es el adecuado»; unas revisiones que tardan años en llegar. Por lo que respecta al gasto medio por habitante y año, se ha pasado de los 57,95 euros por habitante y año en 2015, a los 90,96 euros actuales. Este gasto resulta aún inferior en un 55% a la media nacional situada en 140,18 euros. El actual sistema de dependencia de la Comunitat ha facilitado la creación de 12.794 puestos de trabajo directos, unos 4.000 de ellos en los últimos cuatro años. No obstante, «su capacidad de generación de 25 empleos por millón, aún dista bastante de la media nacional». Todo ello como consecuencia de la excesiva utilización de las prestaciones para los cuidadores no profesionales «y la ausencia de servicios de proximidad», lamentaron.

Asimismo, desde el mes de diciembre se están haciendo efectivas la devolución de las minoraciones aplicadas en la pasada legislatura en las prestaciones por cuidados en el entorno familiar, el copago en centros y por fallecimiento de personas dependientes que no habían llegado a recibir la prestación que se les había reconocido entre 2012 y 2015. «Estaríamos hablando de unos 12.000 casos en la Comunitat», precisaron. Las previsiones iniciales eran de abonar desde diciembre a marzo 18,4 millones de euros a las 4.000 personas afectadas por las minoraciones en las prestaciones para continuar con la devolución del copago impuesto en centros y la indemnización a los herederos de las personas dependientes fallecidas. Sin embargo, la falta de liquidez hizo que a principios de abril todavía el primer bloque de devoluciones, el de las minoraciones en las prestaciones, no se haya completado.

Desde la plataforma autonómica reclaman la eliminación de las listas de espera, el cumplimiento de los plazos estipulados para resolver las resoluciones, la implantación total de nuevos recursos como el Asistente Personal, más refuerzos para los servicios sociales y la finalización de los pagos pendientes de reclamaciones por responsabilidad patrimonial en este ámbito.