UGT PV denuncia a la Conselleria de Igualdad por ceder «ilegalmente» 40 trabajadores al IVAS

La Federación de Servicios Públicos de UGT PV ha presentado este jueves una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por "cesión ilegal de 40 trabajadores" al Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) que "solo contrataba y pagaba las nominas" de estos empleados porque las órdenes "las daba las direcciones generales de la conselleria".

En un comunicado, el sindicato ha señalado además que los trabajadores del área de dependencia y discapacidad presuntamente cedidos también han presentado reclamaciones individuales a la conselleria en los mismos términos, después de haber sido comunicados este mismo jueves por el IVAS que sus contratos finalizarán el próximo 30 de abril.

UGT PV ha sostenido en la denuncia que los afectados "trabajaban siempre bajo la dependencia inmediata de directivos y funcionarios de la conselleria", que era la que "repartía el trabajo, daba instrucciones sobre el mismo y ejercía las correspondientes facultades de dirección". Así, considera que Igualdad "era realmente la destinataria de su actividad profesional", a pesar de "estar contratados y cobrar la nómina" por parte del IVAS.

Durante el tiempo que han estado empleados, ha asegurado que "han ayudado a que las solicitudes de dependencia y las valoraciones de discapacidad se reduzcan en valores considerables", por lo que "han recibido la felicitación expresa de la dirección general de Dependencia".

De este modo, la formación sindical cree que con la finalización de sus contratos a finales de este mes "los expedientes que todavía están pendientes van a sufrir una nueva paralización y aumentará el retraso en las resoluciones".

"SIN RESPUESTA" DE CONSELLERIA

A pesar de esta situación, UGT PV ha subrayado que no se ha obtenido respuesta de la conselleria desde hace más de un mes que se solicitó una reunión con la dirección general de Dependencia. "Las vías de dialogo con esta Igualdad están cerradas", ha asegurado, por lo que entiende que "están obligados a intervenir tanto las Inspecciones de Trabajo de Valencia y Alicante como los Juzgados de lo Social".

Por otro lado, el sindicato ha indicado que también pidió mantener encuentros con todos los grupos parlamentarios de las Corts para exponerles la situación, "tanto de las irregularidades cometidas como de lo que va a suponer en materia de resolución de expedientes".