La Generalitat sólo cobra una de cada cien multas por imprudencias del Covid
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Justicia se encuentra ante un aluvión de 77.000 denuncias pendientes de gestionar cuando se cumple un año de la pandemiaAusencia de mascarilla, incumplimiento de toque de queda, saltarse el cierre de la Comunitat, el de los municipios de más de 50.000 habitantes, no respetar aforos o toques de queda, fiestas ilegales... Se cumple ya un año desde que la pandemia impuso restricciones y, con ellas, llegaron las desobediencias de imprudentes que deben ser castigadas. Y a la hora de hacer balance del aparato sancionador hay un dato que destaca. Y preocupa. De las más de 90.000 denuncias elevadas a la Generalitat por infracciones relacionadas con el Covid sólo en 814 casos, aproximadamente uno de cada cien, hay ya un ingreso en arcas públicas por la falta de cautela.
Son las cifras más actualizadas que aporta la Conselleria de Justicia, con competencia en el régimen sancionador, desde el decreto que entró en vigor el pasado 25 de julio. Antes de esa fecha las multas por imprudencias estaban relacionadas únicamente con el estado de alarma y el confinamiento generalizado a nivel nacional, sin distinción geográfica. Después, con la transferencia de competencias a las autonomías, éstas, entre ellas la valenciana, diseñaron su estrategia de sanciones. Definieron los grados de gravedad e importes para cada desobediencia.
En la práctica, la Generalitat se ha visto desbordada, como evidencian las cifras en el aniversario de la irrupción del coronavirus. A medida que la pandemia ponía las cosas difíciles con aumento de contagios se elevaban las restricciones. Y se producía el consiguiente aumento de las denuncias frente a un número de tramitadores insuficiente. Y es que, a pesar de que la normativa es autonómica, todas las policías se han implicado en la persecución de imprudencias: la Policía Nacional, la Guardia Civil, la de la Generalitat y las policías locales. Y así, tras un febrero plagado de prohibiciones por la devastadora tercera ola, es como se ha llegado a esa carga de 90.000 denuncias que tiene sobre la mesa la Conselleria de Justicia.
Estado de los expedientes
¿Qué se ha podido hacer? Muy poco. A pesar de los esfuerzos y urgencias del departamento autonómico por elevar el número de manos tramitadoras ante el alud de denuncias. En concreto, de las 90.000 impuestas hasta la fecha, sólo se han introducido los datos de 13.000 en el programa de gestión de sanciones. El negativo de esa foto fija es que hay 77.000 denuncias todavía pendientes de tramitar.
Analizamos ahora la marcha de esas 13.000 denuncias que, al menos, ya han entrado en la maquinaria autonómica que media entre la denuncia y el cobro. De ellas, 12.119 (el 93%) lo son por infracciones relacionadas por no llevar mascarilla o el mal uso de la protección. Como ya avanzó este diario, la mayoría son a jóvenes de menos de 35 años.
De esas 13.000 denuncias policiales se han iniciado 5.440 expedientes sancionadores, pero todo va lento y se han finalizado sólo 1.323. Son las propuestas concretas de sanción, formalizadas cuando los tramitadores de la Generalitat ya han analizado los datos que les llegan en las denuncias policiales y, con arreglo a la norma, deciden la cuantía de la multa y trasladan su decisión al denunciado.
Coronavirus
A partir de ahí caben varias posibilidades: que el infractor ejerza su derecho a recurrir ante la Generalitat si no está conforme, que deje pasar el plazo para su abono sin pagarla o que asuma su culpa e ingrese el importe. Esto último sólo ha sucedido, hasta ahora, con 814 infractores, un poco más de la mitad si lo comparamos con las sanciones ya terminadas y comunicadas.
El alud de denuncias por infracciones del Covid cae como una pesada losa sobre el servicio de Espectáculos de la conselleria, encargado de gestionar su tramitación. Tal y como informó este diario, antes de final de año se acordó crear 14 puestos de trabajo de refuerzo. Pero el aumento se vio empequeñecido por las muchas denuncias llegadas tras el restrictivo febrero y los confinamientos de las localidades más pobladas. El Consell ha aprobado la creación de otros seis puestos (dos técnicos jurídicos, tres tramitadores y un auxiliar) para afrontar la carga.