Emergencias homologó de un plumazo 43 planes locales antirriadas tras la dana

El departamento que ahora dirige Juan Carlos Valderrama, que sustituyó a Salomé Pradas en el cargo a finales de noviembre, constató que este casi medio centenar de proyectos con medidas de carácter municipal contra avenidas eran compatibles con la legalidad autonómica vigente en emergencias el pasado 14 de marzo, tal y como demuestra el Listado de Planificación Local de Emergencias. Este documento de consulta pública demuestra una serie de características compartidas en estos planes como que un total de 20 municipios, casi la mitad de los nuevos autorizados, que recibieron la homologación ese día están categorizados como de alto riesgo de inundación así como que 15 localidades se vieron afectadas por la riada del 29-O, proporción que representa una de cada tres homologaciones.

Por un lado, las poblaciones que recibieron la ratificación de Emergencias teniendo riesgo máximo de sufrir desbordamientos fueron L'Alcúdia, Aldaia, Benetússer, Cabanes, Cortes, Cullera, Daimús, Ibi, Manises, Manuel, Massamagrell, Massanassa, Museros, Ontinyent, Peñíscola, El Puig de Santa María, Quart de Poblet, Sagunto, El Verger y Vinaroz. Por otro, las damnificadas por la dana que también recibieron la homologación fueron Alborache, L'Alcúdia, Aldaia, Almussafes, Benetússer, Bugarra, Castelló, Gestalgar, Loriguilla, Manises, Manuel, Massanassa, Quart de Poblet y Real.

Tal y como estipula la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat, el visto bueno del Gobierno valenciano se lleva a cabo después de que el pleno de cada ayuntamiento interesado apruebe el plan. «La elaboración y aprobación de los Planes de Actuación Municipal frente al riesgo de inundaciones corresponde al órgano de gobierno municipal. Su homologación se realizará por la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana», apoya en uno de sus apartados el Plan Especial Frente al Riesgo de Inundaciones de la Comunitat.

Un vez aprobado por la corporación local, al tratarse de un plan territorial de ámbito inferior al comunitario, este se eleva a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), para que lo presente ante la Comisión de Protección Civil, el organismo competente a la hora de conceder las homologaciones, con visos a que esta le dé su 'ok' en un plazo no superior a tres meses desde su recepción así como que su silencio administrativo debe interpretarse como positivo, según expone la misma Ley de Protección Civil.

Fuentes de Emergencias consultadas por LAS PROVINCIAS comentan que la fecha en la que tuvo lugar la gran cantidad de convalidaciones se explica porque tuvo lugar el pleno de la citada comisión de Protección Civil. De hecho, esa jornada se aprobaron un total de 315 protocolos relativos a gestiones de crisis en la región incluyendo los citados 43 relacionados con las inundaciones.

Desde el departamento dirigido por Valderrama señalan que, una vez el documento se aprueba en el seno consistorial, la comisión de Emergencias comprueba que «cumple con los estándares que recoge la normativa sectorial» e insisten en que, en la mayoría de ocasiones, los ayuntamientos redactan sus protocolos en contacto con los técnicos de la Conselleria. Por ello, estas fuentes indican que «no suele haber ningún problema en que se homologuen» y que, una vez con la luz verde, los ayuntamientos ya cuentan con esa herramienta para formular respuestas ante desbordamientos.

Las mismas voces inciden en la importancia de no sólo tener aprobado y homologado el plan de índole local, sino implantado y operativo. Cabe recordar en este punto que el Consell ha convocado ayudas por un importe de 456.304 euros para la implantación y al mantenimiento de la operatividad de los planes de emergencia municipales.

En concreto, estos fondos van destinados a los planes territoriales frente a emergencias y los de actuación municipal frente a los riesgos de inundación, incendios forestales y sísmicos que consten inscritos en el registro autonómico de planes de autoprotección y planes de emergencia de ámbito local. Entre las acciones subvencionables se hallan la revisión de aspectos como los sistemas de comunicación, la dotación de medios necesarios para el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) y sistemas de avisos a la población, campañas de información a la ciudadanía, directorio y catálogo de medios y recursos así como los planes de evacuación.

Si bien es cierto que la norma impone unos plazos para la ratificación de estos protocolos locales frente a inundaciones, existe una desfase temporal en lo que a la homologación de estos planes se refiere en función del municipio que se tome como referencia.

Siguiendo siempre el Listado de Planificación Local de Emergencias, hasta ocho consistorios tenían aprobados sus planes desde 2023, pero hasta el 14 de marzo de este año no han obtenido la luz verde de la Generalitat. Es decir, dos años más tarde de su aprobación consistorial. Estas poblaciones son Ayora, Llocnou de Sant Jeroni, Manuel, Montanejos, Mutxamel, Vall d'Ebo, Vallada, Villarreal, Gestalgar y Manuel (estos dos últimos estuvieron afectados por la dana). En la otra cara de la moneda se encuentra Cullera cuya autorización fue exprés: el ayuntamiento aprobó el proyecto el 20 de enero y apenas dos meses más tarde este fue ratificado por la Generalitat.

Asimismo, resulta llamativo también que un municipio de riesgo máximo como Aldaia aprobase su plan el mismo 29 de octubre de 2024, según expone el listado de Emergencias.

Por otra parte, la trágica riada del 29-O también pareció servir de acicate para otros municipios que, a tenor de la gravedad de los hechos ocurridos, aprobaron sus proyectos pasada esta fecha. Cabanes lo hizo el 31 de octubre, apenas dos días después del desastre, o San Miguel de Salinas, que lo efectuó el 28 de noviembre, es decir, casi un mes más tarde.