El exconseller Burriel asegura que se puede alertar de una riada en el Poyo dos horas antes: «Es preferible un aviso falso a no avisar a tiempo»

Burriel ha expuesto su doble visión en materia de emergencias tanto desde el punto de vista experto como el de responsable de dirigir la respuesta ante una crisis de esta índole. El que fuera también delegado del Gobierno en la Comunitat ha contado su experiencia al frente de la gestión de inundaciones entre diciembre de 1982 y 1989, siete años en los que tuvo que hacer frente a nueve amenazas por riesgo de desbordamientos. Cabe apuntar que en la década de los 80 el Ejecutivo central todavía no le había transferido a la Generalitat las competencias en Protección Civil por lo que el encargado de asumir dicha responsabilidad era el máximo representante gubernamental en la región.

El perfil técnico y gestor de Burriel junto su estudio 'La experiencia de las emergencias por inundación en la provincia de Valencia entre 1983 y 1990. La importancia de la lectura geográfica de este riesgo' ha suscitado el interés de la jueza instructora de la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que, además de haber incorporado este documento al procedimiento, ha acordado también su declaración en calidad de perito atendiendo así a la petición de una acusación popular.

En la conferencia que ha ofrecido el exconseller este lunes en la Facultad de Geografía e Historia de la UV ha puesto de relevancia algunas de las conclusiones del informe incluido al procedimiento judicial. Valgan como ejemplos la necesidad de mantener una vigilancia de los caudales sobre el terreno para complementar la información de los medios técnicos o incluir a los alcaldes desde el primer momento en la gestión de la emergencia desde el punto de vista preventivo.

Sobre este último aspecto Burriel ha incidido en que a los primeros ediles «debe implicárseles en el proceso desde el primer momento, dándoles aviso de la situación de riesgo e implicándoles en el seguimiento». «No puede dejárseles en un segundo plan», ha señalado.

El exconseller ha hecho una larga introducción en la que ha enumerado la falta de medios que se tenían hace 40 años para obtener información con la que gestionar el peligro de una inundación, empezando por la falta de pluviómetros o la generalidad de las previsiones efectuadas por la agencia estatal sin tener en cuenta las particularidades del litoral mediterráneo. Pese a todo, Burriel ha afirmado que existe la posibilidad de aviso, «pero exige un esfuerzo de seguimiento importante».

«Los medios técnicos son muy importantes, pero no son suficientes. Nunca son suficientes. Lo decisivo es que el riesgo clave en cada territorio constituya una preocupación central del que tiene la responsabilidad la competencia en ese momento. Es decir, no puede ser un tema secundario, tiene que ser un tema que ocupe y preocupe directamente», ha aseverado advirtiendo de que los dispositivos pueden fallar en alguna ocasión.

Por otro lado, también ha enfatizado la relevancia de constituir el centro de coordinación operativo para la dirección de la crisis ya durante la preemergencia: «El centro no se puede reunir cuando la situación ya es grave. Hay que reunirlo cuando el aviso cobra forma». Además, también ha resaltado que la decisión última y la responsabilidad a la hora de llevar a cabo el envío de una alerta de inundaciones es política y no técnica.

Por tanto, a la pregunta de quién es el responsable último a la hora de tomar la decisión de dar el aviso a la población y activar el 'botón rojo' ha dicho que «nunca puede ser una máquina automática ni un técnico, sino quien por su cargo debe responder a la sociedad que le ha atribuido esa competencia».

A su juicio, también es «básico» que los ayuntamientos con un riesgo significativo de sufrir inundaciones tengan «aprobados y probados» sus planes municipales de emergencias dado que estos protocolos «son decisivos» en los cauces de barrancos pequeños y de mayor torrencialidad.