Educación limita el pago de salarios e indemnizaciones en la concertada

La orden fue publicada el martes en el Diari Oficial y entró en vigor este miércoles. Incluye algunas novedades relacionadas con las nóminas y el abono de indemnizaciones por despido, así como precisiones derivadas de regulaciones de ámbito estatal y reiteraciones de obligaciones ya recogidas en decretos autonómicos -como el de admisión- y en normativas nacionales vigentes desde los años ochenta, como la necesaria gratuidad en concepto de enseñanza.

Uno de los cambios tiene que ver con la regulación de los trienios, el complemento salarial que se va acumulando con el paso de los años de ejercicio. Fuentes de las dos patronales explicaron ayer que en base a la redacción de la orden ya no se podrán alegar, para solicitarlos, los ejercicios trabajados en otras comunidades. Por ejemplo, el profesor de una congregación religiosa que ha dado clase durante tres cursos en Aragón, si es trasladado a un centro de Valencia no podrá emplearlos a la hora de pedir el complemento salarial, opción que sí ha existido con anterioridad. Así la administración valenciana se evita cargas salariales que entiende que no se corresponden con su ámbito competencial.

Desde Escuelas Católicas añadieron que también varían los plazos para solicitarlos. Hasta ahora se disponía de un año de margen una vez cumplido el trienio, y tras ser aprobado se le abonaba con carácter retroactivo. Ahora, si se les pasa el plazo de un mes, lo cobrarán a partir del momento en que lo soliciten.

También llama la atención cómo se recoge la regulación sobre los despidos de trabajadores por causas objetivas, como cuando la conselleria reduce el concierto de un aula en el arreglo escolar y provoca la pérdida de un puesto de trabajo. En este caso la indemnización que corresponde al profesor la adelanta la titularidad de la escuela, y meses después la conselleria se la reintegra.

Fuentes de la patronal Feceval explicaron que durante la tramitación de la orden se planteó que se recogiera en este apartado una disposición que sí aparece en el Estatuto Básico de los Trabajadores, que permite no tener que adelantar la cuantía en el caso de que el centro acredite insuficiencia económica.

Sin embargo no se ha incluido esta posibilidad, y se dice que en caso de que el despido sea declarado improcedente (algo que el trabajador no indemnizado conseguiría en los tribunales) será la propia escuela la que tenga que asumir las consecuencias económicas. En otras palabras, recaería la indemnización sobre el colegio, sin posibilidad de reintegro, aunque la pérdida del aula haya sido decidida por la administración.

Las patronales coincidieron en valorar de manera positiva que la norma recoja todas las premisas existentes en cuanto al pago delegado, hasta ahora dispersas en instrucciones y acuerdos diferentes, así como la sustitución inmediata de un docente por causas especiales, entre ellas la existencia de un embarazo de riesgo. Eso sí, ha llamado la atención que no se regule en ningún punto la paga por antigüedad a la que pueden acceder los docentes con más de 25 años de experiencia.

Por otro lado, la nueva orden no convence la sindicato Fsie, mayoritario en la red. Desde la organización realizaron ayer una valoración general, señalando que implica «un retroceso en los derechos de los trabajadores». También recordaron que plantearon mejoras durante la tramitación y destacaron que «los profesionales de la enseñanza sólo pueden confiar en la justicia para mantener sus derechos, por lo que nos veremos en la necesidad de impugnar la norma, algo no deseable pues debería primar el diálogo».

La normativa también incluye un apartado relacionado con los procesos de renovación de conciertos. El artículo referido a las aulas de soporte a la integración, destinadas a alumnos que precisan de algún apoyo educativo, obliga a que el centro, junto a la solicitud, incorpore los informes psicopedagógicos de todos ellos «visados por la dirección del SPE» de la zona, que es un recurso público específico externo al centro. Sin embargo, tal y como informaron algunos centros consultados, días antes se recibió una carta de la dirección general de Política Educativa en las que no aparecía este requisito. Se trata de dos criterios contradictorios que han causado incertidumbre a una semana para que finalice el plazo para pedir la renovación de los conciertos de Primaria.