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Un alumno de Primaria, con su tablet, en un colegio concertado de Valencia. damián torres
El Consejo Escolar del Estado exige mejorar la financiación de la concertada

El Consejo Escolar del Estado exige mejorar la financiación de la concertada

El máximo órgano de participación de la comunidad educativa insta al Gobierno a que se fijen los importes necesarios para cubrir el coste real de las plazas

J. BATISTA

VALENCIA.

Sábado, 12 de enero 2019, 00:42

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El Consejo Escolar del Estado, máximo órgano de participación en materia educativa, acaba de publicar su último informe sobre el estado del sistema, que como es habitual incluye una serie de propuestas de mejora dirigidas al Gobierno y a las autonomías. Y de nuevo vuelve a aparecer la necesidad de aumentar la financiación pública de los centros concertados.

Para ello propone convocar la comisión que debe encargarse de estudiar la actualización de las diferentes partidas que conforman un concierto, recogiendo así una disposición de la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 que sigue vigente y que desde entonces no se ha concretado en nada. Estos trabajos debían servir para determinar el coste real de la plaza escolar y en base a ello determinar las transferencias necesarias para cubrirlo.

La propia LOE reconoce de manera indirecta que la financiación establecida -que apenas ha variado desde entonces- es insuficiente, al asegurar que es necesario determinar el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad. La perpetuación de las aportaciones voluntarias tiene mucho que ver con el desfase, pues es el capital privado de las familias el que está cubriendo la diferencia.

La ley (y la propuesta del consejo) se refiere a la partida del concierto denominada 'Otros gastos', que recoge todos aquellos aspectos relacionados con el mantenimiento y el funcionamiento ordinario del centro, además de las nóminas del PAS. Pese a su congelación práctica, cabe recordar que el precio actual de cualquier servicio de este tipo es bien diferente al fijado hace ya más de una década. Sí se actualizan los otros módulos del concierto referidos al personal docente, por ejemplo, en función de acuerdos colectivos que fijan mejoras salariales.

El principal órgano de participación de la comunidad educativa, donde están todos los actores de la enseñanza pública, privada y concertada -centros, profesores, familias y alumnos- y las diferentes administraciones, plantea «un calendario razonable para adecuar el módulo al coste real de la enseñanza».

Pese a no ser una reivindicación nueva ha cobrado actualidad en los últimos meses al haber sido una exigencia constante del sector concertado al calor de la reforma educativa, que ha sido vista como una oportunidad perfecta para rescatarla.

Y no se puede olvidar que es una medida recogida en una ley socialista -ignorada sistemáticamente desde entonces, también por el PP- y en la que insiste un Consejo Escolar del Estado cuyas recientes aportaciones a la 'ley Celaá' han sido muy bien recibidas por el ministerio. Habrá que ver si se mantiene el mismo perfil con esta reivindicación que en la práctica debería servir para acabar con el copago que soportan las familias -por muy voluntario que sea- por un servicio que la ley obliga a que sea del todo gratuito.

Sexenios

La batería de medidas propuestas -que lógicamente no son de obligado cumplimiento- tiene más referencias a la enseñanza concertada, como la homologación salarial de los docentes respecto a la pública incluyendo los sexenios, el complemento relacionado con la formación continua de los profesionales.

La variedad de las iniciativas revela la pluralidad del consejo. Frente a las citadas, que sin duda representan el sentir de una parte del organismo, se pueden leer otras como la necesidad de que todos los municipios españoles tengan plazas públicas suficientes para atender la demanda -lo que dejaría a la concertada en una red subsidiaria- o que la asignatura de Religión quede fuera del horario lectivo (aunque esta incluye dos votos particulares).

También destacan las que apuestan por introducir aulas de dos años en los centros con Infantil (no habla sólo de los públicos), el fomento de la evaluación del docente, la creación de un MIR educativo o la bajada de las horas lectivas del profesorado para que dispongan de más tiempo de tutorías y coordinación.

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