La deuda de Oltra con las residencias asciende ya a 40 millones de euros
La conselleria achaca la demora a una «dificultad técnica» ya solventada y autoriza el pago de los primeros 7,7 millones
D. GUINDO
Viernes, 10 de junio 2022, 18:33
«Esta situación se está volviendo insostenible y pone en una situación financiera muy complicada a las empresas que prestan el servicio a estas personas en situación de dependencia». Así valora José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), el retraso en los pagos que viene sufriendo el sector durante los últimos meses, deuda de la Generalitat que roza ya los 40 millones de euros. Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, liderada por Mónica Oltra, achacan la demora a una «dificultad técnica» que ya ha sido resuelta, por lo que se han puesto en marcha los trámites para el abono de las facturas pendientes.
En esta línea, desde la patronal recuerdan que el primer concurso de plazas residenciales de personal mayores, de 3.300 plazas, que llevó a cabo el departamento autonómico venció el pasado 31 de agosto de 2021. «El concurso que lo sustituye, de 7.100 plazas, está en la fase de apertura de sobres actualmente y se espera que entre en vigor el 1 de septiembre de 2022. Es decir, con un año de retraso», lamenta Toro.
Al mismo tiempo, muchos centros de servicios sociales de titularidad pública y que son gestionados por entidades privadas se encuentran en la misma situación; sin contrato, con la obligación de seguir prestando el servicio y con retrasos en el cobro de las facturas correspondientes a estas tareas, añade este portavoz.
Este retraso administrativo está provocando un atraso en los pagos, ya que no se han cobrado facturas correspondientes a servicios prestados de noviembre de 2021 en adelante. Al no existir contrato en vigor, se debe pagar a través de un expediente de resarcimiento, que debe ser aprobado por el Consell, lo que dificulta y alarga el periodo de cobro de estas facturas, detalla.
En concreto, resalta, el importe de la deuda acumulada por el concurso de las 3.300 plazas asciende a 27 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 13 correspondientes a centros públicos (la mayoría residencias de mayores, pero también centros para personas con diversidad funcional) pero que están gestionados por empresas privadas, lo que sitúa la deuda en torno a los 40 millones.
«Esta situación es muy grave y no se debe a la carencia de fondos, ya que estos pagos podrían haber entrado en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del pasado 30 de mayo, sino a una retrasada gestión administrativa que impide que las facturas se contabilicen adecuadamente. Esto es intolerable», afirma el presidente de Aerte.
Por su parte, desde el departamento autonómico explican que la dirección territorial de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la provincia de Valencia «ha sufrido una dificultad técnica que ha afectado a algunos pagos. La dificultad ya está resuelta de manera que se han podido iniciar los trámites pendiente, y en este momento ya hay 7,7 millones de euros autorizados para el pago».
Además, el procedimiento de adjudicación de las 7.100 plazas ya está en vías de regularización y el contrato ya está en fase de resolución en las distintas mesas de tramitación administrativa, concretan. «Hay que recordar que con este contrato se termina con el antiguo modelo Blasco-Cotino sustituyéndolo por uno en el que primará la calidad por encima de negocio.
Este contrato tiene la finalidad de unificar en un único expediente todas las plazas privadas puestas a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y que se incorporan al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales como plazas que son sostenidas con fondos públicos.»
Este contrato, insisten, «supone la liquidación del modelo Blasco-Cotino de accesibilidad social, con todo lo que ello implica, ya que además de regular administrativamente una situación heredada supone la implantación plena de un nuevo modelo, donde lo importante son las personas residentes y no el negocio».
