Oltra adeuda 27 millones a las residencias mientras presume de los descuentos

Aerte ha destacado que estos impagos corresponden a las 3.300 plazas incluidas en la 'Licitación número CNMY16/18-18/52. Servicio de puesta a disposición de 3.300 plazas en centros residenciales para personas mayores en la Comunitat Valenciana'. Este contrato venció en agosto del año pasado.

La demora, según explican desde Aerte, se debe al retraso del concurso de 7.100 plazas que sustituye al anterior. En estos momento está en la fase de apertura de sobres y se espera que entre en vigor el 1 de septiembre de 2.022. Es decir, con un año de retraso. Esta lentitud administrativa está provocando el atraso en los pagos ya que no se ha cobrado ninguna factura correspondiente a los servicios prestados desde noviembre de 2021 en adelante.

Y es que al no existir contrato en vigor, se debe pagar a través de un expediente de resarcimiento que necesita ser aprobado por el Consell, lo que dificulta y alarga el periodo de cobro de estas facturas.

El importe de la deuda acumulada asciende a 27 millones de euros aproximadamente y afecta a unas 2.800 plazas que se adjudicaron en el concurso que dejó de estar en vigor el verano pasado.

Los retrasos en los pagos están poniendo en dificultades a muchas empresas que han tenido que hacer frente a los gastos habituales sin percibir parte de los ingresos. Fuentes de Aerte señalaron que esta demora está ocasionando problemas que pueden ser muy graves en un mes o dos más.

Pero las demoras e impagos no se centran sólo en las plazas para residencias de mayores. El presidente de la Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunitat (Apime), Esteban Burillo, ha reconocido también que se están produciendo demoras de hasta seis meses en el pago a algunos de los centros. En concreto, Burillo se ha referido a las residencias que tienen contratos antiguos con la Conselleria de Igualdad.

El presidente de Apime también ha señalado que el resto de centros están actualmente cobrando en un plazo de sesenta días. Burillo, en la misma línea, ha destacado que la tendencia es a la normalización de los pagos. Además, ha añadido que hay que destacar el esfuerzo legislativo que se ha realizado desde la Conselleria de Igualdad y ha reconocido que fruto de este se han producido algunos desajustes.

Por otro lado, desde Cocemfe de la Comunitat Valenciana han reclamado que las subvenciones destinadas a financiar programas con discapacitados se convoquen a principios de año y se resuelvan durante el primer trimestre del año. Los retrasos actuales están haciendo muy difícil «planificar las actuaciones que llevamos a cabo y, en ocasiones, garantizar el sostenimiento de las entidades».

Desde el Cermi han destacado también las listas de espera que son muy elevadas en todos los recursos porque la oferta es escasa. Además, también han señalado que se producen atrasos en el pago de las mensualidades lo que pone en dificultades a alguna de las entidades.

Las demoras en los pagos también se refieren al área de dependencia donde los retrasos alcanzan los dos años para reconocer el grado entre el momento en que se pide y llega la resolución. Además, sigue acumulando una lista de espera de casi 13.000 personas cuando uno de los objetivos reconocidos por la propia Mónica Oltra es que estas desaparecieran.

Estas son algunas de las quejas que se han elevado desde diferentes entidades a la gestión de la vicepresidenta del Consell. Entre los aspectos positivos, se resalta el incremento presupuestario de este departamento y el incremento de las resoluciones en el campo de la depedencia. Pero desde Aerte se señala que el 76% de estas han sido con prestaciones del cuidador no profesional, una figura que en la ley se considera excepcional y que, además, es mucho más económica que utilizar otros recursos como las residencias.

Por su lado, desde Aerte se ha criticado que el nuevo modelo de residencias que se quiere implantar «carece de una base científica de las necesidades de las personas atendidas». En esta misma línea, se han pronunciado desde la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología donde su presidenta, Sacramento Pinazo, ha señalado que la Conselleria de Igualdad no ha contado con ellos para nada. Pinazo ha añadido que la entidad que preside reúne a todas las profesiones que trabajan con las personas mayores por lo que sería lógico que la administración contara con ellos al redactar este tipo de normas.

Además, desde la Sociedad han criticado la falta de transparencias sobre la red pública de residencias. «No hay información», han resaltado, «y queremos saber qué ha pasado en estos centros durante la pandemia y qué pasa en la actualidad. La población tiene derecho a conocerlo».

Aerte se ha referido también a que la Conselleria de Igualdad no tiene recursos suficientes para llevar adelante el nuevo modelo de centros y servicios de atención. También han pedido que se mejore la planificación de la contratación pública ya que se producen atrasos en muchas licitaciones y adjudicaciones.

Por su parte, desde Cocemfe también han pedido más celeridad en el reconocimiento del grado de discapacidad que en la actualidad excede de los seis meses. Además, consideran que recursos como la figura del asistent personal tienen que ser más publicitados para que los afectados lo puedan solicitar y destacan la falta de plazas y de centros de atención para la personas en situación de dependencia.

Desde el Cermi han considerado que uno de los grandes retos es la puesta en marcha del plan integral de las personas con discapacidad. «Se trata de un mandato de la ley y esperamos que se apruebe antes de que termine la legislatura», ha explicado Mónica Aguado desde el comité.

También desde la Federación de Familias Numerosas (Fanucova) han llamado la atención sobre los retrasos que se producen en los reconocimientos de los títulos. «Hay que respetar los plazos que además tendrían que ser más breves», han explicado. Además, han pedido a la conselleria que se depuren las erratas en los carnets que llegan con evidentes errores.