El Consell apuesta por la gestión privada para 29 residencias de ancianos públicas

Una residencia de ancianos valenciana en una imagen de archivo. / carlos rodríguez
Una residencia de ancianos valenciana en una imagen de archivo. / carlos rodríguez

La Generalitat se desmarca de su política a favor de las reversiones y ampliará la concesión de dos a cuatro años

DANIEL GUINDO VALENCIA.

A finales del pasado mes de enero, y en la misma línea que los hospitales concertados como el de La Ribera, la Generalitat abrió la puerta a rescatar también la gestión de las residencias, centros de día y otros servicios de titularidad pública que, en la actualidad, están siendo administrados por empresas privadas. «Es una posibilidad», dijo, al respecto, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Y esta posibilidad empezó a materializarse en julio, cuando este departamento optó por hacerse con la gestión de la residencia para enfermos mentales crónicos de Albocàsser, en Castellón, hasta ese momento en manos privadas.

Sin embargo, al menos con las residencias de ancianos, esta política parece que ha experimentado un giro de 180 grados, puesto que la conselleria ha decidido ahora ampliar de dos a cuatro años la vigencia de los contratos para gestionar estas instalaciones de personas mayores que son de titularidad pública pero de gestión indirecta, «lo que mejorará el servicio a las personas usuarias y beneficiará a las empresas que resulten adjudicatarias», reconoció ayer la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando.

En estos momentos, la conselleria cuenta con 29 centros residenciales que son de titularidad pública, pero están siendo gestionados por empresas, por lo que las nuevas licitaciones de estos servicios se realizarán conforme vayan venciendo los contratos actuales o resolviéndose los concursos en aquellos casos en los que el contrato actual ha expirado, pero se ha optado por prolongar el servicio de la actual concesionaria bajo la fórmula conocida como de enriquecimiento injusto. Esta decisión de ampliar el plazo de los dos a los cuatro años supone, según recalcó Ferrando, «un beneficio importante para la empresa adjudicataria que contará con una mayor estabilidad, lo que repercutirá en una mejor atención a la persona usuaria, que es la máxima preocupación para la conselleria».

Paralelamente a ello, la decisión servirá también para aliviar el atasco que vive el servicio de contratación autonómica para resolver los concursos de gestión puesto que, a más años de concesión, menos concursos y, por tanto, menor uso de la fórmula del enriquecimiento injusto, cuyo uso únicamente debe aplicarse en situaciones de urgencia.

Asimismo, esta decisión contrasta también uno de los artículos de la ley de medidas fiscales -conocida coloquialmente como ley de acompañamiento-, el que hace referencia a la reversión de la gestión integral de centros de diversidad funcional de titularidad pública cuando finalice el periodo de concesión. Esta propuesta, precisamente, nacía del departamento dirigido por Oltra (Compromís), y se encontró con el rechazo de los socialistas, que expresaron su discrepancia con una medida que, una vez ejecutada, implicaría la incorporación al sector público de una cifra cercana a las 3.000 personas -el número de empleados que se estima que prestan su labor en este tipo de centros-.

Por otra parte, en la reunión que mantuvo ayer Ferrando con la patronal y el Tercer Sector para abordar este asunto, la secretaria autonómica también presentó el primer borrador del acuerdo marco que tiene el objetivo de reducir a una única el número de fórmulas en las que la conselleria se relaciona con el sector empresarial en este ámbito, lo que además de homogeneizar los procesos de contratación facilitaría que «todas las personas usuarias tengan igualdad de condiciones con independencia de la residencia en la que vivan», indicó.

Actualmente, hay más de 5.000 plazas que cuentan con condiciones de atención al usuario distintas según la fórmula de relación contractual que existe entre la Administración y el sector empresarial. El acuerdo marco igualaría los requisitos para contratar con la conselleria y, por lo tanto, los derechos de los usuarios serían los mismos en todos los centros subvencionados con fondos públicos.

Por su parte, desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) indicaron que ambas medidas responden «al convencimiento de la secretaria autonómica de la importancia de colaborar con las empresas del sector para dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia», por lo que «valoramos mucho el reconocimiento que hace Ferrando del trabajo de las empresas de servicios sociales y las continuas reuniones que se mantienen». Además, han propuesto que en este acuerdo marco también se contemple la posibilidad de concertar más plazas para mayores en centros de día.

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