Antifraude investiga sobresueldos de 772.000 euros de concejales de Ribó

El Ayuntamiento recibió el pasado día 23 la notificación de la Agencia Valenciana Antifraude de que investigará el pago de 772.576 euros en complementos salariales a ocho concejales del gobierno municipal de Compromís, PSPV y València en Comú el pasado mandato, de 2015 a 2019, sobresueldos en los que la entidad fiscalizadora ha encontrado indicios de irregularidades.

Los pagos fueron recibidos por los concejales de Compromís Consol Castillo, Sergi Campillo, Giuseppe Grezzi, Pilar Soriano y Glòria Tello. También por los socialistas Sandra Gómez y Vicent Sarrià, además de la portavoz de València en Comú María Oliver. El complemento de cada uno fue de 24.459 euros anuales.

El motivo de la investigación es esclarecer si tiene razón una denuncia llegada a la agencia, donde se indica que igualar con un complemento un salario de dedicación parcial con otro de dedicación exclusiva «es un fraude de ley porque la obligatoriedad de la dedicación parcial se puso para ahorrar y un empleado con esa condición no puede cobrar el 100% del sueldo».

La resolución de Antifraude da un plazo de diez días para recibir toda la documentación e indica que se inicia expediente para la determinación de presuntas irregularidades, ya que se ha comprobado la existencia de indicios razonables de veracidad de los hechos de la denuncia».

La decisión se tomó en aplicación de la conocida como ley Montoro, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que sólo permite la dedicación exclusiva a 25 ediles en el caso de las ciudades con más de 700.000 habitantes, lo que afecta a Valencia. El resto deben recibir como mucho el 75% del resto de compañeros. Se da el caso de que Madrid y Barcelona quedaron fuera de este tope al pasar a 45 y 32 ediles respectivamente. Todos los ediles afectados formaban parte del equipo de gobierno, aunque en la Corporación hubo dos concejales, Eusebio Monzó (PP) y Santiago Benlliure (Cs) que pidieron dedicación parcial al tener otros trabajos al margen de la política.

La agencia abrió expediente en 2019 con la base del acta del pleno del Ayuntamiento del 8 de julio de 2015, en la que se aprobaron los complementos que ahora se cuestionan. La decisión entonces fue que los tenientes de alcalde del tercero al décimo (los citados) tendrían una dedicación parcial del 75%, aunque «teniendo en cuenta las responsabilidades en la acción de gobierno que deriva del desempleo de las tenencias de alcaldía, percibirán un complemento de especial responsabilidad hasta alcanzar el importe establecido en el apartado primero», en referencia esto último al salario de sus compañeros de gobierno. De esta manera, 23 ediles tendrían dedicación exclusiva, ocho parcial con el pago del complemento y dos más sin este último añadido.

El 10 de junio de 2020, la agencia solicitó al Ayuntamiento la certificación de las retribuciones de dicho complemento, el informe de Intervención que dio pie a la decisión, el mismo respecto a la asesoría jurídica, además de otro de Intervención de 2019 en el que se cambiaba el criterio y se anulaba el pago añadido, además de un documento con todas las retribuciones actuales de los concejales con dedicación exclusiva y parcial en Valencia.

El segundo informe de Intervención que cita la agencia se debe a la decisión tomada el 5 de julio de 2019 por el alcalde Ribó de obligar a los grupos de la oposición a tener dedicación parcial al contrario de lo que había pasado el mandato anterior. Así, dejaba a la mitad de la oposición (son 16 ediles) sin dedicación exclusiva, pero también sin complemento. En este caso están Fernando Giner, José Gosalbez, Santiago Ballester, Juan Giner, Julia Climent, Carlos Mundina, Rafael Pardo y Javier Copoví.

En el relato que hace la agencia en la notificación se habla también de las respuestas del Ayuntamiento en las fases previas de la investigación. Así, se indica que ha recibido el informe de Intervención referido a 2015 donde se refiere a que se «fiscaliza de conformidad la propuesta de acuerdo formulada por el alcalde el 3 de julio». También el certificado de los pagos.

El sueldo del alcalde Ribó entonces estaba en 82.602 euros brutos anuales, lo que determina la cuenta que se hace del resto de salarios. La asesoría jurídica indicó que no realizó ningún informe sobre el pago de los complementos al no ser de su competencia, mientras que la delegación de Personal manifiesta que hay uno de la Secretaría, aunque no lo remite a la agencia.