La ampliación del by-pass se frena por la suspensión de pagos de la empresa

Uno de los tramos del by-pass pendientes de ampliación. / Damián Torres
Uno de los tramos del by-pass pendientes de ampliación. / Damián Torres

La consultora está en concurso de acreedores mientras Fomento busca fórmulas para concluir los proyectos constructivos previos a la licitación

Isabel Domingo
ISABEL DOMINGOValencia

Nuevo traspié en el reclamado proyecto de ampliación del by-pass, el tramo de la A-7 que rodea la primera corona del área metropolitana de Valencia y que figura como una de las carreteras españolas con mayor congestión de tráfico y siniestralidad de camiones (esto último, según el último informe del EuroRAP).

Si 2019 (diez años después de que el Ministerio de Fomento presentara el proyecto) comenzaba con una escueta asignación de 100.000 euros en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado -que fueron rechazados en febrero- y continuaba con el anuncio del Ayuntamiento de Paterna de presentar un recurso contra la ampliación, el verano ha traído otra situación de bloqueo para esta infraestuctura. En este caso, debido a la suspensión de pagos de la consultora encargada de los proyectos constructivos, ya que la actuación para el tramo central del by-pass se divide en tres fases para ejecutar las obras.

Tráfico

La empresa Ginprosa Ingeniería SL, con sede en Madrid, se declaró en concurso de acreedores el pasado 8 de abril, según el edicto del juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid que recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día 17, que daba un mes de plazo a los acreedores para comunicar los créditos. O, como el caso del ministerio, los trabajos sin finalizar, dado que el informe final sobre el by-pass está pendiente.

La mejora del by-pass, dividida en tres fases, se reactivó en 2014 y recibió casi 300 alegaciones

La consultora, creada en 1990, fue la adjudicataria en 2009 del contrato para redactar el proyecto de trazado y construcción de las mejoras funcionales y de seguridad vial de la autovía A-7 en el tramo entre el enlace de la CV-32 y la A-3 por un importe de 2,94 millones. Tres años más tarde también obtenía el encargo para el estudio de impacto ambiental y el fraccionamiento en tres proyectos independientes de la propuesta inicial del ministerio (1,09 millones).

En marzo de 2014 salía a información pública el nuevo documento sobre la ampliación, con un coste de ejecución de 288 millones, que llegó a recibir casi 300 alegaciones. Se retomaba entonces la tramitación administrativa de la mejora de una infraestructura que no se desbloquearía hasta abril de 2018, cuando obtenía la declaración de impacto ambiental favorable. Y, ya a finales de año, se aprobaba el expediente de información pública y los proyectos de trazado.

Es en ese momento cuando la empresa, que también se encargó del AVE Albacete-Alicante o del tramo Lorca-Pulpí del corredor mediterráneo, debía completar los proyectos de construcción, previos a la licitación de las obras, e incorporar las exigencias medioambientales de la declaración de impacto ambiental para ampliar la circunvalación, así como afinar la planificación de los trabajos para, por ejemplo, evitar la incidencia sobre la actividad docente en los colegios de La Canyada.

La obra de la variante de Benissa sufrió una situación similar por el concurso de la primera adjudicataria

Petición de los contratistas

Sin embargo, la situación concursal de la consultora ha dejado de nuevo en el limbo la ampliación de 22,5 kilómetros del by-pass. Precisamente aclarar este bloqueo jurídico es una de las peticiones «prioritarias y urgentes» que ha trasladado la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana al Ministerio de Fomento mediante una carta dirigida por su director-gerente, Manuel Miñés, al secretario general de Infraestructuras, Julián López.

En este sentido, tanto la Demarcación de Carreteras de la Comunitat como el departamento que dirige en funciones José Luis Ábalos -que este lunes visitará Valencia- trabajan desde hace varios meses para encontrar una fórmula que permita rescatar los dos contratos. Según detalló Miñés, el proyecto se encuentra casi ultimado, «al 90%». Una subrogación o una cesión de contrato a otra ingeniería podría ser la solución «para desatascar este gravísimo contratiempo en la tramitación de la ampliación del by-pass» que, a su juicio, «podría haberse evitado si no hubiese habido tanta demora y alargamiento en las anualidades».

No es el primer proyecto viario que se ve afectado por un concurso de acreedores ya que, en la Comunitat, la obra de la variante de Benissa en la N-332 estuvo paralizada ocho años al entrar el contratista en concurso de acreedores. Fomento rescindió el contrato inicial, firmado en 2009, y licitó uno nuevo para concluir los trabajos, que se retomaron en julio de 2017.

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