Un error en la instrucción obliga a suspender un juicio contra once narcos

Un error en la tramitación del procedimiento contra una banda de presuntos narcos a los que pillaron con seis kilos de cocaína obligó ayer a suspender el juicio contra los diez acusados, pues uno se encuentra en rebeldía. Además de la sustancia estupefaciente, los agentes se incautaron en la operación cannabis, dinero en efectivo, vehículos, útiles para la manipulación y adulteración de la droga en los registros efectuados en El Campello, donde la organización tenía un piso que hacía las veces de laboratorio, Playa de San Juan, Castalla, Alcoy, Muro de Alcoy, Guadalix de la Sierra (Madrid) y Torrejón del Rey (Guadalajara).

El tribunal de la Sección Primera optó ayer por devolver la causa al juzgado de instrucción, al no figurar uno de los acusados en el auto de procesamiento abreviado, tal y como advirtió su defensa. Por ello, los magistrados han decidido suspender el juicio tras considerar que ese defecto era «insalvable» y no había «otra solución» que retrotraer las actuaciones al momento en que se dictó dicho auto.

El presidente del tribunal ha informado de que él y sus compañeras no habían encontrado jurisprudencia referida a un fallo como éste, pero habían resuelto decretar la nulidad parcial del auto de procedimiento abreviado respecto al acusado cuyo nombre había sido omitido en el escrito.

Aunque para el resto de los encausados se mantienen los trámites y resoluciones emitidas durante la instrucción, la suspensión de la vista afecta a todos, pues de celebrarse podía ser declarada nula por un tribunal superior. «Entendemos que esa omisión es un error material, pero es un defecto grave, ya que el auto de procedimiento abreviado debe contener esencialmente la determinación de todos los presuntos autores de los hechos delictivos», según precisó ayer el presidente del tribunal de la Sección Primera.

Los diez acusados se enfrentan a peticiones de condena por parte de la Fiscalía de Alicante que varían entre los cuatro y los ocho años de prisión por delitos contra la salud pública, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

Esta red estaba comandada supuestamente por uno de los procesados, que realizaba constantes viajes a Madrid para suministrarse de cocaína, según sostiene la acusación pública, y fue desarticulada por la Policía Nacional en diciembre del año 2010.