Cuando la Generalitat es el padre

Problemas con las drogas o el alcohol, deficiencias psicológicas graves, abandonos, estancias en prisión y, a grandes rasgos, incapacidad manifiesta para hacerse cargo de sus hijos. Muchas y muy variadas son las razones por las que, al cierre de 2013, la Generalitat mantenía la tutela y guarda de 3.858 menores de edad que, en un primer momento y de manera transitoria, habían sido apartados de sus padres biológicos como medida de protección. El objetivo último, sin embargo, es que los pequeños regresen con sus progenitores cuando éstos sean capaces de garantizarles unas condiciones dignas de vida. Pero no siempre ocurre esto. Es más, sólo en una de cada cinco ocasiones los niños vuelven a brazos de las personas que les dieron la vida. En el resto, la situación de los padres biológicos propicia que el acogimiento de estos menores por parte de otros familiares o de familias educadoras pase a ser permanente y, en ciertos casos, termine incluso en adopción.

Después del incremento de menores desamparados, principalmente de niños de padres extranjeros, registrado entre los años 2008 y 2010, ejercicios en las que se superaron las 5.000 tutelas y guardas por parte del Gobierno autonómico, la tendencia actual apunta hacia una estabilización e, incluso, invita a pensar en un ligero descenso. A finales de 2011, la cifra de menores que estaban bajo la tutela y guarda del Consell ya había bajado a 4.100 y dos años más tarde volvía a reducirse en más de 200). El papel de la Administración, en estos casos, se centra en velar por estos menores desamparados y, para ello, cuenta con dos herramientas principales, los centros de protección de menores y las familias de acogida, ayudados por el trabajo preventivo que desarrollan los Servicios Especializados en la Atención a la Familia y la Infancia (Seafi). Lejos quedan, por tanto, aquellos orfanatos que se asemejaban más a cárceles de infantes que a centros adecuados para los niños. En la actualidad, la Conselleria de Bienestar Social presenta una red de 91 centros de protección de menores (con 1.605 plazas) y un grupo de familias educadoras que roza las 750 y que, desde 2007, no para de aumentar.

Del total de los menores tutelados por la Generalitat, en la actualidad más de 2.600 se encuentran bajo la modalidad de acogimiento familiar. De ellos, el 80 por ciento convive con su familia extensa (normalmente, con sus abuelos), mientras que el resto, algo más de medio millar, ha encontrado un hogar con una familia educadora. Alrededor de otro millar de menores, habitualmente aquellos con necesidades especiales o extranjeros, reside en centros de protección.

Problemas graves

Además de los cuidados básicos y de mucho cariño, buena parte de estos niños, tanto los que viven en residencias como con familias acogedoras, suele necesitar una atención psicológica personalizada, como describe Rosa Molero, psicoterapeuta y presidenta del Equipo Multidisciplinar de Atención a la Familia y a la Infancia (Emafi). «Llevamos a cabo un programa de atención terapéutica con niños en familia ajena que sufren trastornos de apego y que presentan conductas muy complicadas, ya que emocionalmente están muy dañados», apunta. En esta línea, precisa que «estos chavales entienden que no son queridos y tienen tantos aspectos emocionales por resolver que a nivel académico tampoco van bien, sobre todo los que han pasado por varias familias». En relación a los que viven con la familia extensa, se suelen suceder los casos en el que el temor al «me los van a quitar» lleva principalmente a los abuelos a asumir el cuidado de los nietos. «También son chicos con dificultades agravadas por situaciones como, por ejemplo, la propia presencia de padres toxicómanos», comenta esta experta.

En general, Molero apuesta por incrementar la inversión en prevención ya que «trabajar con situaciones crónicas es muy complicado. Se hace muy poco trabajo con la familia biológica, por lo que es muy difícil que haya un retorno del menor que, al final, queda atrapado en las redes de la protección».

Además de este seguimiento a las familias biológicas, con el objetivo de que alcancen una situación en la que pudieran recuperar la tutela de sus hijos, también es «necesaria» una política de promoción y apoyo a las familias acogedoras frente a los centros de protección, «ya que no hay mejor entorno que la familia para los chavales». Así lo creen tanto desde la Asociación Familias para la Acogida como en la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familias (Avaf). «Pero hay que hacerlo con prudencia y conocimiento de causa, la Administración debe buscar entidades y fam

ilias que estén acogiendo para que colaboren en la formación» de los nuevos voluntarios que deben ser «personas muy equilibradas y a las que hay que ir introduciendo poco a poco».

Fuera de la normalidad

Incluso desde los propios centros opinan que el acogimiento familiar es más positivo para el menor, pero en ocasiones resulta imposible de poner en práctica. Al respecto, Belén Traval, directora de una de las residencias infantiles (cuyo nombre prefiere mantener en el anonimato) reconocía que los centros de acogida «no estamos dentro de la normalidad como lo pueda estar una familia, pero intentamos que tengan todas las experiencias de los niños de su edad, como ir al zoo o al cumpleaños de los amigos del colegio». Traval aclara que cuando el Consell asume la tutela de un menor «valora y decide el recurso más adecuado en función de las dificultades físicas, psíquicas que presente el menor o los problemas que existan con su familia biológica».

Así, insiste en que existen casos de niños con unas necesidades tan especiales «que serían una carga mayor de la que pueden asumir, mientras que los centros cuentan con profesionales formados para atender estas situaciones». Aún así, apuntó que los niños suelen permanecer, al menos en el centro que dirige, unos cinco meses de media, aunque hay estancias de 15 días y de hasta un año. Aproximadamente el 75 por ciento de los casos termina en adopción, aunque en este caso el porcentaje es mayor que en otros centros ya que esta residencia acoge a niños de hasta seis años de edad.

Por otra parte, esta experta también puso el acento en que las familias educadoras surgen con una respuesta temporal a una situación, «pero han ido evolucionando hacia el acogimiento permanente».

Desde otro de los centros (éste atiende a niños de entre 6 y 17 años) creen difícil establecer una media de estancia de los menores en sus instalaciones. «La normativa habla de un periodo máximo de dos años, pero a la vez especifica, salvo interés superior del menor, por lo que están el tiempo que se necesite según cada situación».

Alicia Juan es psicóloga y trabaja tanto en centros de menores como con familias de acogida. «La idea inicial de la gran mayoría de las familias es ayudar temporalmente, pero cuando un niño entra en tu vida lo hace con todas las consecuencias». En esta línea, describe que, «cuando le adjudican por primera vez un niño a estas familias necesitan apoyo porque tienen que aprender a manejar historias vitales complejas y duras» y además de este respaldo, recalca la importancia de los grupos de autoayuda que crean las propias familias de acogida». «La labor de las familias acogedoras es para quitarse el sombrero, ofrecen el amor más incondicional que se puede dar», subraya Juan.

Desde la Conselleria de Bienestar Social, por su parte, recordaron que el presupuesto destinado este año a programas y recursos de atención a menores asciende a 95,4 millones de euros, un 3,14 por ciento más que en 2013. «Como muestra de la apuesta por las familias educadoras y al acogimiento familiar sobre el residencial, aumentan un 16,74 por ciento las ayudas económicas por acogimiento de menores, superando los cinco millones de euros», precisaron.

Además, avanzaron que «se ha creado una nueva línea para dar respuesta a la necesidad de apoyo a los menores que han estado sujetos al sistema de protección hasta su mayoría de edad, destinando 109.000 euros a entidades sin ánimo de lucro que supervisen el proceso de emancipación de estos jóvenes».