El Consell se olvida del requisito lingüístico para lograr la paz sindical

La conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ha convocado para mañana a las organizaciones sindicales con el objeto de abordar un acuerdo de legislatura que afecte a todo el personal funcionario, estatutario y laboral de la Generalitat. Sobre la mesa, un documento que garantiza la paz sindical para el resto de la legislatura y al que las organizaciones sindicales han dado ya su visto bueno, condicionado eso sí a un compromiso concreto del abono del 50% de la paga extra de 2012 a los empleados públicos valencianos.

El documento, con todo, incorpora alguna modificación sustancial respecto a los borradores anteriores que el departamento que dirige Gabriela Bravo trasladó a principios de año a las organizaciones sindicales. La más significativa tiene que ver con el requisito lingüístico -la acreditación del conocimiento del valenciano como condición para optar a una plaza de funcionario público-.

El documento inicial planteado por el Gobierno valenciano recogía en el apartado dedicado a la reforma y desarrollo de la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana una referencia expresa a que se incluiría «el requisito del conocimiento del valenciano para el acceso a la función pública y la provisión». Era uno de los aspectos que se detallaba dentro de un apartado que distinguía entre la reforma de esa ley -incorporando aspectos como la definición del ámbito de aplicación de la ley, el rediseño del consejo asesor de la función pública, la revisión de las titulaciones para el acceso a la función pública...- y el desarrollo de algunas de las materias ya incorporadas en el texto de la ley.

Ese era el contenido del texto propuesto a finales de año. El que se debatirá y previsiblemente aprobará en la reunión de mañana obvia estas referencias. De hecho, en el texto sólo se incluye una alusión a que la Generalitat «se compromete a presentar, en el marco de la Mesa General de Negociación I, una propuesta de reforma de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana (LOGFPV), durante 2016, para su negociación». Ni palabra del requisito lingüístico, ni de ninguna otra de las cuestiones que se había avanzado del desarrollo de la norma.

El requisito lingüístico para el acceso a la función pública viene siendo una de las reivindicaciones tradicionales de las formaciones políticas nacionalistas -el Consell Nacional del Bloc aprobó por unanimidad en enero una propuesta de resolución en la que planteaba exigir que el Gobierno valenciano implantara el requisito lingüístico para toda la Función Pública autonómica-. A principios del mes de abril el conseller de Educación Vicent Marzà se comprometió a impulsar la introducción del requisito lingüístico para todos los funcionarios de la Generalitat, atendiendo de esta forma una reivindicación planteada desde Escola Valenciana.

«Tiene que negociarse»

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en cambio, aseguró sólo unos días después que el requisito lingüístico tendría que negociarse con los funcionarios. El líder el ejecutivo valenciano aseguró que la Generalitat impulsará la aplicación del requisito lingüístico, «claramente, sin ninguna fricción», pero de forma negociada «y de manera razonable». «Lo que no es razonable es que los ciudadanos valencianos tienen derecho a usar las dos lenguas pero en determinados momentos no lo pueden hacer», manifestó el presidente.

Por su parte, el alcalde de Valencia Joan Ribó aseguró también en abril que su posición era «decididamente favorable» a la aplicación de esta norma y destacó la importancia de que «los funcionarios que están hablando con la gente de la calle conozcan los dos idiomas para que respondan normalmente en los dos idiomas». En este sentido, se refirió a la necesidad de ayudar «en la formación» a los funcionarios y de «decir que el valenciano es una herramienta para servir a la ciudadanía».

La reivindicación del requisito lingüístico cuenta también con el respaldo de Intersindical, la organización sindical afín a Compromís. UGT, CC OO y CSIF se han pronunciado en diversas ocasiones en contra de la exigencia del requisito lingüístico, aunque sí son partidarios de promocionar el uso del valenciano. El borrador que se debate mañana también incluye una Comisión que estudiará la viabilidad de la reversión de algunos servicios públicos externalizados, fundamentalmente los que corresponden al sector sanitario.