Castedo niega una amistad íntima con Ortiz pero reconoce que las familias se hacen regalos

La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, del PP, ha rechazado que tenga una relación de amistad "íntima" con el empresario supuestamente beneficiado en el caso Brugal Enrique Ortiz, pese a que ha admitido que las familias han viajado y cenado juntas.

Así lo ha asegurado el abogado de una de las dos acusaciones populares, José Luis Romero, en representación de EU-IU, en un receso de 15 minutos después de que la exalcaldesa respondiera durante una hora al juez instructor, Juan Carlos Cerón, y al fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, respectivamente, en la rama del caso Brugal sobre el supuesto amaño en el plan urbanístico de Rabasa.

Romero ha apuntado que Castedo ha sostenido que la relación de amistad "no es íntima" pese a que "son amigas las familias, viajan y cenan juntos" e, incluso, "se hacen regalos por Navidad".

Según el abogado de EU-IU, el interrogatorio a Castedo se ha visto entorpecido porque ha sido imposible escuchar las conversaciones intervenidas por la Policía entre la exalcaldesa y Ortiz, debido a que "no ha venido el técnico de audio" del palacio de justicia de Benalúa.

Esta situación hace el interrogatorio "más complicado", ha indicado el letrado, quien ha añadido que pese a este inconveniente su parte no desea proponer una nueva suspensión que alargue "indefinidamente" el proceso.

Además, ha manifestado que Castedo no se ha negado a responder ninguna pregunta del juez o del fiscal aunque ha asegurado que "no recuerda" la mayoría de las conversaciones mantenidas con el constructor sobre la tramitación del plan Rabasa y de la implantación de Ikea en las inmediaciones.

Ha añadido que la exalcaldesa se ha mostrado "tranquila" y se ha escudado continuamente en referencias al papel de los técnicos municipales.

Castedo comparece como imputada por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la rama del caso Brugal sobre las supuestas ilegalidades en el plan urbanístico de Rabasa, que preveía construir más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados en una zona de expansión donde también se proyecta ubicar una tienda de Ikea.

Tras el receso, la exalcaldesa se ha acogido a su derecho a no contestar a los abogados de las acciones populares, de EU-IU y PSPV-PSOE, tras lo cual se disponen a preguntar los del resto de imputados y su propio letrado.

Castedo anunció su dimisión en su perfil de Facebook el pasado 23 de diciembre, 24 horas después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante la citara para ser interrogada por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. La corporación municipal dio cuenta de su renuncia en un pleno celebrado el 5 de enero y este jueves ha designado al concejal de Cultura y Deportes, Miguel Valor, nuevo primer edil.

La exalcaldesa está imputada en dos piezas derivadas del sumario del 'caso Brugal', una relativa a supuestas irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y otra donde se investiga el Plan Rabasa, un proyecto que preveía la construcción de 13.000 viviendas en este barrio alicantino y la instalación en la zona de la multinacional Ikea.

En esta segunda investigación, el juez Cerón decidió imputarla el pasado mes de septiembre a la vista de un informe policial. En él se constataba que el Pleno municipal sometió a exposición pública el 29 de enero de 2010 el convenio entre el Ayuntamiento, Viviendas Sociales del Mediterráneo SL e Ikea Ibérica SAU para la implantación de un centro comercial en el sector de las Lagunas de Rabasa, a pesar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) había suspendido cautelarmente el plan parcial un mes antes.

"En el informe policial existen indicios de que esta actuación pudo realizarse para beneficiar los intereses del empresario Enrique Ortiz", señalaba entonces el magistrado. Junto a Castedo, en la causa están imputados el propio empresario, la ex secretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente y presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, el todavía gerente de Urbanismo de Alicante, Enrique Sanus, y la jefa jurídica de ese departamento Isabel Campos.

Sanus y Campos están citados a declarar el próximo 29 de enero, mientras que Ortiz lo hará el día 30. El juez ha dejado fuera de esta primera ronda de comparecencias a Ureña, mientras que sobreseyó en su día la causa para el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi al entender que no habían quedado acreditados los indicios delictivos presentados contra él, decisión a la que se han opuesto la Fiscalía y las acusaciones populares, que ejercen EU y PSPV.