Las Provincias

El PP abre expediente informativo a la alcaldesa de Alicante, imputada por corrupción

Sonia Castedo.
Sonia Castedo. / Archivo
  • Floriano matiza que se estudiará caso por caso antes de impedir que los afectados por estos escándalos se presenten a las elecciones

El PP ha anunciado hoy que el partido ya había abierto un expediente informativo a la alcaldesa de Alicante, imputada por presunta corrupción urbanística. Esto significa que el Comité de Derechos y Garantías está estudiando la situación de Sonia Castedo, aunque aún no ha decidido su suspensión de militancia. La expulsión sólo llegaría en caso de sentencia condenatoria.

Según fuentes populares, el artículo 18 de los estatutos del PP aclara en su apartado 8.A que el partido procederá a la apertura de una investigación en cuanto tenga conocimiento de que un afiliado ha sido imputado. "El expediente informativo se transformará en disciplinario en el momento en el que se produzca un señalamiento de juicio oral".

En cualquier caso, la suspensión de militancia podría decidirse en cualquier fase del proceso, sin esperar necesariamente a que los tribunales den nuevos pasos, "en función de las circunstancias de cada caso concreto". Algo que todavía no ha ocurrido con Sonia Castedo.

La alcaldesa de Alicante está imputada por cinco delitos en dos causas judiciales vinculadas a la corrupción urbanística. En una entrevista en RNE, Carlos Floriano, número 3 del PP, ha asegurado creer que Castedo no será candidata en los próximos comicios. El partido avanzó el lunes que ningún afiliado vinculado a escándalos de este tipo podrá concurrir a las elecciones en las listas populares.

Floriano ha matizado, sin embargo, que se estudiará caso por caso porque achaca las imputaciones de algunos dirigentes a una estrategia de "los partidos de izquierdas" que, a su entender, denuncian a cualquier persona que haya pasado por la Administración.

"Que la izquierda no crea que nos elaborará las listas", ha advertido. El vicesecretario de Organización lamenta que haya miembros del partido imputados por decisiones relacionadas con el urbanismo que se han tomado en los plenos de los ayuntamientos y con "informes favorables de los técnicos locales, de la Diputación y del Colegio de Arquitectos".