Las Provincias

Las primeras condenas a los banqueros de la crisis han sido poco severas

Ricard Pagés, director general de Caixa Penedès, condenado en 2014 por administración fraudulenta.
Ricard Pagés, director general de Caixa Penedès, condenado en 2014 por administración fraudulenta. / Andreu Dalmau (Efe)
  • Novacaixagalicia, CCM y Caixa Penedès engrosan la lista de sentencias dictadas por la ruina de las cajas, con el Tribunal Supremo pidiendo más mano dura

Caja Madrid llegó a ser, en sus buenos tiempos, la entidad de ahorros más importante del país. De ahí la importancia de Bankia, donde se fusionó con Bancaja y otras cuatro firmas del sector. Pero pese a los excesos aparentes de algunos de sus dirigentes, no han llegado a juicio sus casos. Tampoco el que investiga los sobresueldos irregulares (13,5 millones de euros entre 2008 y 2010) que cobraron bajo mandato de Miguel Blesa –inspector de Hacienda de profesión aunque financiero de aprovechamiento– una quincena de sus altos cargos.

Eso no implica, sin embargo, que la justicia no haya empezado ya a poner cierto orden, aunque con mucho retraso, en los desmanes cometidos en aquella época. La primera condena se produjo en mayo de 2014 y fue para cuatro ex altos cargos de Caixa Penedès –encabezados por su director general y verdadero ‘factótum’ de la entidad, Ricard Pagés–, a quienes la Audiencia Nacional impuso penas de entre uno y dos años de cárcel por administración fraudulenta. Su pecado: autoconcederse un ‘pensionazo’ de 31,6 millones de euros a generar desde 2001.

La siguiente condena tuvo que esperar casi dos años, porque entre medias la Audiencia absolvió –por dos veces, tras ser reprendida por el Tribunal Supremo al excluir a las acusaciones– a dos ex altos directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) pese a idear un sistema aparentemente irregular de cobro de dietas. Los jueces evitaron entrar a resolver «el acierto» o la posible «ilicitud» de aquellos acuerdos, y se limitaron a descartar que hubiera una responsabilidad penal.

"Un trasfondo político"

Así, en febrero pasado, el magistrado de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia condenó a dos años de prisión al expresidente de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó. Lo novedoso del fallo, derivado del falseamiento de las cuentas de una entidad que el Estado tuvo que avalar con hasta 9.000 millones de euros de las arcas públicas, fue que por vez primera se apuntaba desde la justicia «un trasfondo político» como causa de hundimiento de una caja de ahorros, y no a «criterios ortodoxamente bancarios».

En esa línea de mayor severidad, el Supremo confirmaba la semana pasada la condena a dos años de cárcel a cuatro exgestores de Novacaixagalicia que se dieron un retiro dorado autoasignándose para tres de ellos «cuantiosas» indemnizaciones (22 millones en total) ante la probabilidad de ser despedidos en el proceso de fusión tras su mala gestión. Pero el alto tribunal reprocha a sus colegas de la Audiencia su blandura, con penas «claramente exiguas» ante «la gravedad de aquellas conductas».