Los 'intocables' del IVAM

Las líneas rojas funcionan con los políticos investigados, aunque no siempre, pero no surten efecto con los trabajadores de las instituciones públicas. El IVAM es ejemplo del segundo extremo. En la actualidad, tres trabajadores del centro de arte valenciano están investigados en la causa judicial abierta contra la gestión de Consuelo Císcar. Se trata de Raquel Gutiérrez, a la que la juez le imputa los mismos delitos que a la exdirectora (malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental); Jorge García, técnico del museo; y María Ángeles Valiente, jefa de departamento de Desarrollo del IVAM. Los tres, según un informe policial, contribuyeron a promocionar desde la institución artística la carrera del hijo de Císcar, Rafael Blasco Císcar, alias Rablaci. Los tres están ahora bajo las órdenes de José Miguel G. Cortés, quien mantiene en el museo a trabajadores de la etapa Císcar. El pasado de la exdirectora se perpetúa en el presente.

Los trabajadores están en activo y figuran en el organigrama de la institución. Son 'intocables', es decir, con la normativa en la mano no se les puede apartar de su puesto de trabajo, ni tomar medidas cautelares como la suspensión temporal de empleo y sueldo. La presunción de inocencia y la apertura de un procedimiento por la vía penal impiden maniobrar contra el personal de la Función Pública implicado en una causa judicial, según las fuentes jurídicas consultadas por LAS PROVINCIAS. A los trabajadores investigados en activo en una institución pública de la Generalitat, como el IVAM, no se les puede apartar del servicio a través de un expediente disciplinario (porque prima la vía legal sobre la administrativa) hasta que se resuelva el proceso judicial o el juez instructor dicte el suspenso de funciones de los afectados.

La ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana recoge en su artículo 135 que «podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de seis meses». Este punto sólo afectaría a los funcionarios (con oposición aprobada) y no al personal público, pero en el convenio colectivo de la Generalitat este artículo no tiene anclaje, es decir, no se contempla. «Es raro que la Administración asuma este supuesto porque prima la presunción de inocencia del empleado», apuntaron las mismas fuentes, quienes recuerdan una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2016 en el que se declaró nulo el despido de un trabajador de una entidad financiera imputado en la 'operación emperador' por un delito de blanqueo de capitales.

Las mismas fuentes señalaron que en el caso Cooperación, por el que el exconseller Rafael Blasco (marido de Císcar) cumple prisión por desviar fondos, los funcionarios que participaron en la trama tampoco fueron apartados de sus funciones en la Generalitat. Tras la condena, recordaron, pasaron de la conselleria a la cárcel.

Raquel Gutiérrez, jefa artística durante el mandato de Císcar y coordinadora de exposiciones con Cortés, cargo del que dimitió en verano de 2015, fue la primera investigada (término que sustituye en la actualidad al de imputado). El actual director, que relevó a la cúpula de Císcar nada más asumió la gestión del IVAM en septiembre de 2014, mantuvo a Gutiérrez en el cargo. En aquella fecha, la exjefa artística no estaba investigada en la causa. La imputación judicial llegó en enero de 2016. La instructora del caso IVAM amplió la investigación a Jorge García y María Ángeles Valiente en febrero y marzo de 2017, respectivamente.

La causa suma ya 10 imputados, cuatro de ellos funcionaban a modo de una «estructura piramidal organizada» para promocionar a Rablaci. De los cuatro sólo Norberto Martínez no trabaja en la actualidad en el IVAM; el resto (Valiente, García y Gutiérrez) continúan en activo y en el museo que ahora dirige Cortés.

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