Un año de tensión plurilingüe en la educación valenciana

Alumnas se disponen a entrar al colegio. / Damián Torres
Alumnas se disponen a entrar al colegio. / Damián Torres

El bloqueo ha llevado a la conselleria a plantearse la necesidad de impulsar otro marco legal y ha fracturado la comunidad educativa. El Consell ya ha visto mutilado su modelo y ha tenido que renunciar al avance previsto

Joaquín Batista
JOAQUÍN BATISTAValencia

El 20 de septiembre de 2016 se conoció el primer borrador del decreto de plurilingüismo. El camino no ha podido ser más tenso en este año, con resultados poco satisfactorios para las partes: hay diez recursos judiciales vivos, la normativa inicial ha quedado mutilado en un aspecto fundamental y está suspendida cautelarmente en su totalidad, lo que ha obligado a la conselleria a renunciar a algunas medidas previstas y a su ambicioso calendario de implantación.

La comunidad educativa también ha quedado dividida, y no es la titularidad de los centros la que establece la línea de separación. La mejor prueba es Alicante, donde las federaciones de Ampas mayoritarias se han unido contra el decreto. Tampoco todos los directores comulgan con la norma, ni los sindicatos, que en algunos de los casos son parte actora en la vía judicial. Más allá de la crítica política la polémica ha derivado en guiños peligrosos, con miembros del Consell cuestionando la labor judicial. Esta es la crónica de un año polémico.

Primeros pasos. .Un día después de conocerse el borrador inicial llega la primera crítica, que será nuclear en el conflicto: las patronales concertadas cuestionan la vinculación que hacía que dar más valenciano permitiera aumentar la carga de inglés, y de la mano, conseguir acreditaciones automáticas de lenguas, que son inexistentes para los niveles donde el castellano es la lengua base.

Vigencia, recursos y movilización. El decreto entra en vigor el 7 de febrero. Se debía a aplicar en todos los cursos de Infantil en el 2017-2018, en el siguiente a 1º y 2º de Primaria y así sucesivamente, aunque permitía a los centros que quisieran adelantarse al calendario. Hasta el 15 de marzo pudieron actualizar su proyecto lingüístico. El consejo escolar aprobaba la propuesta del claustro, que elegía el nivel (Básico, Intermedio y Avanzado) a aplicar a todos los alumnos de los cursos adaptados. A mediados de mes se anuncia el primer recurso, del Csi·f. Le siguen más de una decena y llegan desde diferentes frentes y vías, ordinaria y de derechos fundamentales: Anpe, USO, Defensa del Castellano, PP, Vox, Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular (padres de Alicante), Fcapa y Diputación de Alicante.

De manera paralela empiezan a dejarse notar las plataformas críticas nacidas al calor del decreto: Idiomas y Educación, No al Decretazo, Defensa del Castellano y otras entidades locales de municipios como Calpe o Crevillent. Por contra, la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya se posiciona a favor, así como sindicatos progresistas y entidades afines, sobre todo tras conocer los resultados: más del 50% de los colegios tendrán niveles Avanzados.

El papel del ministerio. El 10 de marzo el departamento cuestiona aspectos que considera discriminatorios, como la vinculación entre valenciano e inglés o el diferente trato en las certificaciones. Educación responde anunciando que los centros, con el decreto de Primaria, dispondrán de dos horas y media de libre elección para reforzar asignaturas como la lengua extranjera y que se prevé una orden para que todos los alumnos puedan acreditar el nivel de idiomas en función de las horas de clase recibidas. Aunque es cierto que esta información se deslizó a los directores a principios de curso y en una entrevista del secretario autonómico realizada en enero, los detalles se concretaron en la citada respuesta, de finales de marzo, por lo que trascendieron cuando los colegios ya habían elegido nivel.

Suspensión y consecuencias. El 25 de mayo el TSJ acepta la suspensión cautelar solicitada por la Diputación. Educación recurre, pero su petición se rechaza a finales de junio. Sin embargo, interpreta que sólo debe dejar de desarrollar el decreto, no frenarlo de manera retroactiva. No saca adelante la orden de certificaciones y renuncia a medidas como priorizar en las estancias formativas en Reino Unido a profesores de centros 'avanzados', aunque mantiene los niveles elegidos por los colegios.

La Diputación presenta una reclamación y el tribunal le da la razón el 27 de julio. Recureda que todo está suspendido cautelarmente y se vuelve al modelo de 2012, el del PP, para evitar un vacío legal. También trasciende la primera sentencia a favor del Csi·f, que anula las certificaciones y critica la vinculación del inglés y el valenciano. Aunque no se pronuncia sobre esta última cuestión porque no se plantea en el recurso, cabe recordar que sí se incluye en la mayoría de los que van por vía ordinaria, aún pendientes.

El decretazo. Educación presenta un último recurso el 31 de julio, pero no pide que sea valorado en agosto, por lo que sigue aún en el TSJ. Sin embargo, en septiembre anuncia un decreto ley argumentando que no tienen respuesta del tribunal y para evitar una nueva matriculación.

La nueva norma mantiene el modelo en 1º de Infantil, pero acepta la suspensión en el resto de cursos. Atendiendo al calendario inicial, implica un frenazo considerable al avance previsto. Durante este tiempo el conseller repite varias veces que el objetivo inicial, el domino real de las lenguas oficiales, es irrenunciable, sea con el decreto de febrero, que corre riesgo de ser matizado por el TSJ, o con otra normativa distinta, lo que hace pensar a la comunidad educativa que es una opción que se está barajando seriamente.

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