Cataluña, referéndum y Constitución

ANTONIO BAR CENDÓNCatedrático de Derecho Constitucional. Catedrático Jean Monnet 'ad personam' Universidad de Valencia

Ya sé que los profesores no tenemos muy buena fama y que, para muchos, no tener clases durante casi dos meses al año, significa un extra de vacaciones del que no disfrutan otros sectores de la población. Sin embargo, eso no es así y la inmensa mayoría de los profesores que yo conozco utilizan ese período sin clases para profundizar en sus estudios, avanzar en sus investigaciones y participar en innumerables seminarios, congresos y cursos de verano, en España y fuera de España. En eso he estado yo también en estas últimas semanas y, para mi sorpresa -aunque, quizá, no debería haberme sorprendido tanto-, al trabajo que había planeado hube de añadir un extra inesperado: explicar el problema catalán en todo tipo de encuentros, en los más diversos foros y en más de un idioma. Y puedo asegurar que el esfuerzo ha sido grande, no tanto porque ‘el tema’ no lo tuviese preparado (como constitucionalista que soy -español y europeo- es mi deber estar al tanto del asunto), sino porque es muy difícil explicar un problema a quien carece de los conocimientos más elementales sobre el mismo, o cuando los conocimientos se basan en lugares comunes o informaciones distorsionadas. Lo que sigue son mis reflexiones sobre el tema y lo que yo he tratado de explicar a mis colegas y amigos extranjeros.

EFE

Debo comenzar por decir que, a pesar de la posición oficial de las instituciones europeas y de los gobiernos de la inmensa mayoría de los estados, de éste y del otro lado del Océano, la opinión pública más o menos informada y los medios de comunicación han comprado el mensaje victimista y la aparente bondad democrática del discurso de la Generalitat catalana. En realidad, han comprado el único producto que había en el mercado, dado que el Gobierno de España no ha hecho el mismo esfuerzo propagandístico -el inmenso y costoso esfuerzo propagandístico, pagado con fondos públicos, claro- que han hecho las autoridades catalanas.

Para muchos, Cataluña es un pueblo, una nación oprimida, conquistada y ocupada por el Estado español, tratada en términos coloniales -España se beneficia de su riqueza, que explota en favor de otras regiones menos laboriosas-, con un idioma y una cultura reprimidos y con unos ciudadanos que sufren una cotidiana discriminación, en la propia Cataluña y en el conjunto del Estado español... En el mejor de los casos, y aunque las cosas no fuesen exactamente así, el Estado español, debería permitir a los catalanes decidir sobre su futuro en un referéndum de autodeterminación, porque eso es lo democrático...

No se puede negar que el discurso, así descrito, es plenamente coherente con la salida al problema propuesta. Y además, cuando menos en apariencia, la salida es democrática; después de todo, lo que quieren los separatistas es simplemente votar sobre su futuro. El Gobierno catalán arguye, además, que ha querido negociar esa salida democrática con el Gobierno de España, pero que éste, tozudamente, no ha querido escucharle.

¿Son realmente así las cosas? La verdad es que no, y que nos encontramos ante una operación propagandística de enorme dimensión que se ha ido creando de manera paulatina y progresiva, de la escuela al parlamento, en foros nacionales e internacionales, desde hace ya muchos años, y que ha sido tolerada -o, desde luego, nunca contradicha- en la medida en que los partidos nacionales españoles -el PSOE y el PP- necesitaban el respaldo de sus promotores -los nacionalistas catalanes- para formar gobiernos de mayoría en las Cortes Generales.

Por falta de espacio, no puedo contradecir aquí en detalle todos y cada uno de esos estrambóticos argumentos y, por otra parte, se ha escrito y dicho ya mucho sobre todo ello. Quisiera referirme ahora sólo a la salida propuesta al problema -el referéndum de autodeterminación-, por su dimensión constitucional. Dos aspectos están implícitos en la propuesta: primero, es una salida constitucional que sólo depende de una negociación con el Gobierno del Estado y de su buena voluntad; y segundo, es una salida democrática al problema y, por tanto, la más lógica.

En lo que se refiere a la posibilidad constitucional de que el Gobierno convoque un referéndum sobre la independencia de Cataluña, debo reconocer que no sólo los independentistas han propuesto esta salida, sino que esta tesis ha sido sostenida también por más de un constitucionalista de relumbrón. La base jurídica sería el artículo 92 de la Constitución, que admite que el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, pueda someter a referéndum «decisiones políticas de especial trascendencia». Referéndum que, en todo caso, sería meramente consultivo. Sin embargo, esta salida está cerrada por dos motivos: por un lado, aunque el Gobierno del Estado convocase un referéndum sobre la independencia de Cataluña, en el marco del artículo 92, si Cataluña optase por la separación, la sustanciación de la misma requeriría la aplicación del procedimiento de reforma total de la Constitución, previsto en su artículo 168, dado que ello afectaría al Título Preliminar, donde se establece la «indisoluble unidad de la Nación española» (artículo 2), y por lo tanto, además de un costoso proceso parlamentario, sería necesario convocar un referéndum de todo el pueblo español para ratificar esa decisión. Por otra parte, como ha establecido el Tribunal Constitucional en más de una ocasión, el referéndum convocado en utilización del artículo 92 no cabría tampoco en este caso, porque la decisión sobre el fraccionamiento de España es una materia indisponible para los poderes ordinarios del Estado, que corresponde sólo al poder constituyente, y el poder constituyente se expresa sólo a través de los procedimientos previstos de reforma constitucional; es decir, en este caso, el artículo 168 de la Constitución. El Gobierno, pues, no tiene posibilidad alguna de negociar con la Generalitat catalana un referéndum de independencia.

Y, en lo que se refiere al carácter democrático de tal tipo de referéndum, debe subrayarse que todo sistema democrático se sostiene sobre un entramado de normas jurídicas democráticamente aprobadas según las previsiones de la norma fundamental: la Constitución. No puede admitirse que una mayoría parlamentaria eventual, que no reúne siquiera el número de votos exigidos por la norma fundamental -como sería, en este caso, la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía- para reformar el sistema político, pueda imponer un referéndum para la eliminación del mismo sistema. Con toda evidencia, pues, ese tipo de referéndum, lejos de ser democrático, es absolutamente antidemocrático.

El problema catalán es un viejo y grave problema político, pero su gravedad viene acentuada en la actualidad por la actitud rebelde y desleal de las autoridades de la Generalitat. La ley y la Constitución han de ser impuestas, de lo contrario el sistema democrático se hundiría en la anarquía. Eso dicho, no se puede evitar que una parte de España decida eventualmente -de una manera claramente mayoritaria, cosa que no ocurre ahora- separarse del resto, de la misma manera que no se puede poner puertas al campo. Ahora bien, esa decisión habría de ser adoptada a través de las previsiones de la norma fundamental que sostiene el sistema, en nuestro caso, el art. 168 de la Constitución.

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