Una década de bloqueo de la justicia

La Administración de Justicia valenciana se ha dejado de lado no dotándola de medios personales y materiales suficientes, lo que ha provocado el colapso de muchos órganos judiciales y una falta de rapidez en la respuesta de los juzgados». Arturo Losada, presidente autonómico de CSI-F Justicia, considera vital poner en marcha un plan integral de modernización, así como la recuperación de plantilla y la creación de nuevos órganos, para tratar de revertir la situación de bloqueo que arrastra la Justicia valenciana desde principios de la actual década. Desde 2011 no se ha creado ni un sólo órgano judicial nuevo (siguen pendientes los 15 previstos desde ese año, como informó el viernes LAS PROVINCIAS) y la plantilla de funcionarios ha llegado a perder hasta 56 profesionales. Únicamente el apoyo de los jueces de refuerzo y una creciente sobrecarga de trabajo de magistrados, fiscales, secretarios y funcionarios ha conseguido evitar que el colapso sea todavía mayor. De hecho, y pese a la congelación de profesionales, la Administración de Justicia valenciana ha conseguido que el atasco de los peores años de la crisis no haya seguido aumentando y se mantenga estable en algo más de 300.000 asuntos en trámite al final del ejercicio 2015, cifra similar a la de 2006. Sin embargo, en ejecución de sentencias, la cantidad en trámite al término del año duplica a las que se acumulaban hace diez ejercicios, pasando de poco más de 150.000 en 2005 a las 330.000 del último año, la gran mayoría en el ámbito de la jurisdicción Civil, según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por contra, las secciones que sufren un mayor colapso son la jurisdicción Social, la que trata asuntos laborales como despidos, y la Contencioso-Administrativo, que dirime los pleitos contra la Administración. La primera cuenta en la actualidad con una de las tasas de congestión más elevadas de España y que refleja que la cantidad de casos nuevos y pendientes existente al final del curso dobla a la de asuntos que se han resuelto. No es de extrañar que, en los últimos años, se haya duplicado el número de casos en trámite al final del ejercicio, pasando de los 17.000 de 2005 a los más de 35.000 del año pasado. El retraso en los juicios supera ya los trece meses, mientras que en 2011 era de algo más de nueve. En la Comunitat son 45 los jueces que se encargan de la jurisdicción Social, los mismos que en 2011 y sólo tres más de los que había en 2005, pese a registrar menos de la mitad de casos. «Los órganos de la jurisdicción Social se enfrentan a una situación crítica», resumió el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.

Sobre ello, el Juez Decano de Valencia, Pedro Viguer, apuntó a este diario que en los juzgados de lo Social «hay cuatro jueces de refuerzo, pero los señalamientos se dilatan a uno o dos años vista, lo que es inaceptable».

La congestión que vive la jurisdicción Contencioso-Administrativa, aquella que atiende conflictos de particulares y empresas con ayuntamientos, diputaciones y Gobierno autonómico, todavía es mayor y cuenta con la tasa más elevada de toda España. Sólo 38 jueces tienen que hacer frente a la entrada de más de 18.000 asuntos nuevos al año y cerraron el ejercicio con casi 22.000 en trámite.

Otros aspectos que contribuyen al atasco de la Justicia son la elevada litigiosidad existente en la Comunitat (la más alta de la península, con casi 17.400 denuncias presentadas en 2015), las macrocausas por corrupción política (38 en fase de instrucción) y la explosión de demandas por casos de productos bancarios complejos, como las preferentes o las cláusulas suelo, que han colapsado los juzgados de Primera Instancia de Valencia (jurisdicción Civil) con unos 18.000 casos en poco más de tres años.

Viguer añadió que en 2015 entraron en la Comunitat 920.000 asuntos. «Por citar algunos ejemplos, los juzgados de Primera Instancia (52.000 asuntos para 22 juzgados) están a un 277% de la entrada adecuada según un reciente informe de la Inspección del CGPJ, por lo que casi la triplican, los juzgados de lo Social (18.500 asuntos para 17 juzgados) están a un 145% y los juzgados de lo Mercantil (4.200 asuntos para tres juzgados) a un 320%, también la triplican».

Como efecto cascada, la sección novena de la Audiencia Provincial de Valencia (la que atiende, precisamente, los recursos sobre los asuntos financieros complejos) ha registrado la entrada de 1.435 casos entre el 1 de enero y el 21 de abril de este año. En el mismo periodo del pasado ejercicio contabilizó 453, por lo que la cantidad de casos se ha triplicado en sólo un año. Además, no supone un dato aislado, puesto que la tendencia es al alza. Mientras que en los tres primeros trimestres de 2015 no se superaron los 400 asuntos, en el cuarto la cifra ya sobrepasaba los 700 y en el primer trimestre del presente ejercicio la cantidad asciende ya a 1.260, más del triple de los 381 de los tres primeros meses del año pasado.

Aluvión de casos

Ante esta avalancha de recursos, el presidente de la Audiencia Provincial, Fernando de Rosa, solicitó el refuerzo de dos jueces. A principios de febrero tuvieron que reforzar la sala con un juez más y hace un mes con otro para tratar de dar salida a este aluvión de casos.

De Rosa, además, destacó que en la Audiencia «se resienten especialmente» las secciones civiles, que tratan «los recursos contra las resoluciones que dictan los juzgados civiles de toda la provincia» por «el impacto de la crisis económica, despidos, reclamaciones de cantidad, desahucios, ejecuciones hipotecarias...».

Y el problema no radica sólo en la cantidad de casos, sino también en su complejidad. Sobre ello, el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, puso como ejemplo, en el ámbito penal, la delincuencia organizada y los delitos económicos y derivados de la corrupción de los últimos años. También subrayó los delitos por violencia de género y contra la seguridad vial, que «se mantienen en cifras preocupantes y con un importante repunte en la gravedad».

Por otra parte, el refuerzo de jueces ha sido la única mejora palpable que ha recibido la justicia valencianos en estos últimos cinco años. En concreto, de los 594 magistrados y jueces con los que cuenta la autonomía, 67 son de refuerzo (entre jueces de adscripción territorial y los que están en expectativa de destino) y los 527 restantes son titulares. En 2011, entre los 515 magistrados y jueces de la Comunitat sólo había cinco de refuerzos. Por tanto, en jueces titulares el crecimiento en estos cinco años ha sido únicamente de 17. «Prácticamente no se ofertan plazas para el acceso por oposición a la carrera judicial o fiscal. Ha habido años que ni siquiera se han convocado. Este, por ejemplo, se han publicados 100 plazas, 65 de jueces y 35 de fiscales, tan insuficiente que no permite siquiera cubrir las jubilaciones que se van produciendo», advirtió Viguer.

Juzgados congelados

El número de órganos judiciales (juzgados principalmente) también está congelado desde 2011 en 406, pese a que ese mismo año ya se acordó la creación de 15 nuevos para la Comunitat, todavía pendientes. «Esto ha hecho que el retraso haya ido a más pese a las medidas de refuerzo arbitradas y que, en algún caso, no han dado el resultado deseado porque los problemas obedecen a deficiencias estructurales que no se resuelven con refuerzos», explicó a LAS PROVINCIAS la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat, Pilar de la Oliva. Un informe de la CGPJ, incluso, advertía en 2011 que la Comunitat necesitaba, como mínimo, 63. En los seis años anteriores (entre 2005 y 2010) se crearon 82 nuevos.

Los juzgados previstos son seis de Primera Instancia (Torrevieja, Benidorm, Elche, Alicante, Dénia y Gandia), siete de Primera Instancia e Instrucción (Novelda, Vila-Joiosa, Nules, Lliria, Quart de Poblet, Carlet y Massamagrell), uno de lo Penal (Orihuela) y uno de lo Social (Benidorm). La situación ha llegado hasta tal extremo que, el mes pasado, el TSJ reclamó la urgente creación de seis juzgados a modo de plan de choque contra la actual saturación (dos en la provincia de Castellón, tres en Alicante y uno en Valencia) e instaba a la Generalitat a que garantizara que los dotaría de medios personales y materiales. Desde la Conselleria de Justicia indicaron que a partir de julio de 2015 «se han atendido todas las peticiones de refuerzo de funcionarios recibidas», y que la delegación cuenta con una partida de dos millones de euros «reservada para hacer frente a esas peticiones». Al parecer no siempre ha sido así, ya que las plantillas de funcionarios judiciales no sólo no han crecido, sino que entre 2011 y 2015 se ha reducido en 56 profesionales, pasando de los 4.632 de 2011 a los 4.576 de 2015. Por ello, Losada reclama al Consell que «intente sacar presupuesto en la medida de lo posible para recuperar plantilla».

En definitiva, y para frenar la situación de atasco actual, la presidenta del TSJ cree que «en la posibilidad de mejora es determinante y debe ser objetivo del presente año la implementación de nuevos modelos de organización y estructuración y la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación».

Por su parte, el presidente de la Audiencia de Valencia apunta que «la reforma tecnológica es una necesidad perentoria; no podemos seguir esperando la llegada del expediente digital. Lo mismo ocurre con la implantación de una oficina judicial que permita sacar el máximo partido a los recursos disponibles». Sobre este último punto, De la Oliva recordó que el incremento del trabajo en los juzgados y tribunales «no permite mantener las estructuras y formas de trabajo vigentes, propias de una sociedad diferente, de un tiempo diferente», por lo que la oficina judicial, cuyas líneas básicas estableció la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2003, «parece el mejor instrumento que podemos implantar».

En esta línea, el decano de los jueces de Valencia resalta la necesidad de que, a nivel presupuestario y legislativo, «se adopten medidas en aras a construir un sistema judicial eficaz». «Hoy sólo se dedica a Justicia el 1,15% de los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas. Y la Justicia necesita inversión, modernización, una nueva organización, incremento de personal, más jueces, más fiscales, más policía especializada y un cuerpo de peritos contables a disposición de los jueces». Entre sus propuestas también destacó la realización de «reformas legislativas procesales que no requieren inversión pero que contribuirían a agilizar notablemente los procedimientos sobre todo en fase de instrucción». En suma, añadió, «necesitamos concienciación, inversión, modernización y reformas procesales útiles y sensatas que sólo persigan la agilidad de los procedimientos respetando, por supuesto, las garantías del justiciable en todos los ámbitos».

Por último, el presidente de la Audiencia de Alicante recordó que, en la provincia, «hace falta crear ocho juzgados que quedaron pendientes y cuya ausencia esta provocando muchísimos problemas en partidos judiciales importantes».