Anticorrupción pide imputar al técnico que debía declarar como testigo por Rabasa

La de ayer no era la primera visita de José Luis Ortuño al Palacio de Justicia. El jefe de los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante debía declarar ayer ante el juez de Instrucción 6 de la ciudad en calidad de testigo en relación con el 'caso Rabasa'. La defensa del imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación para construir 13.500 viviendas e implantar Ikea en la capital y la del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, habían solicitado su testimonio. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción llegó con otros planes.

El fiscal del caso, Felipe Briones, solicitó al juez instructor, Juan Carlos Cerón, la imputación de Ortuño, que aparece en las escuchas interceptadas por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En las jugosas transcripciones policiales se puede leer cómo el empresario presuntamente beneficiado, Enrique Ortiz, departe con Ortuño sobre planos y modificaciones del PGOU.

Así, a fin de garantizar todos sus derechos ante una posible implicación en el supuesto caso de corrupción política y urbanística, el Ministerio Público optó por que acudiera al juzgado en calidad de imputado. En el informe policial se relata cómo desde Urbanismo se cocinan los acuerdos para sacar adelante el Plan Parcial, para lo cual se habría contado con el asesoramiento del técnico.

De ahí que el instructor decidiese suspender el testimonio hasta que resolviese la cuestión. Las acusaciones populares, encarnadas por Esquerra Unida -grupo que denunció los hechos- y el PSOE, secundaron la propuesta del fiscal. Como contrapunto, todos los abogados defensores -entre ellos Joaquín Galant, togado de la jefa jurídica de Urbanismo, Isabel Campos- se opusieron salvo el de Enrique Ortiz, Francisco Ruiz Marco, que no lo hizo de forma explícita.

La defensa de Sanus había solicitado también el testimonio del abogado urbanista Rafael Ballester. Pese a ello, el testigo ni tan siquiera acudió, ya que el letrado del gerente de Urbanismo renunció a su declaración casi sin que el resto de partes tuvieran constancia de ello. No obstante, es posible que Ballester deba acudir finalmente a declarar ante Cerón, pues según pudo saber este diario, el letrado de Esquerra Unida, José Luis Romero, sopesa emular al Ministerio Público y reclamar su imputación.

Los acusados comenzarán a desfilar por el juzgado a partir del próximo viernes día 16 de enero, con la declaración de la exalcaldesa, Sonia Castedo. Sanus e Isabel Campos lo harán el día 29, y el empresario Enrique Ortiz, el 30.