Fin a la pesadilla de la multa de la UE
El abogado de la comisión se rinde y propone que se desestime el recurso de casación que había promovido Bruselas
El Valencia empieza a respirar con alivio. Lo hace después de varios años metido hasta las trancas en un litigio judicial con la Unión Europea, pelea que estuvo incluso a punto de echar para atrás a Peter Lim en el proceso de compra, cuando se incluyó la famosa multa dentro de las contingencias a salvar. Ahora, por fin, parece que el Valencia está a punto de olvidarse del todo de una sanción que le cayó de la noche a la mañana y cuyas cifras no son nada despreciables si tenemos en cuenta además la grave situación económica que tiene atenazada a la entidad: con intereses sube hasta casi 24 millones de euros.
La fumata blanca no es del todo definitiva pero todas las partes lo dan ya por hecho. Hasta quien tenía que plantear la última batalla ha decidido enterrar el hacha de guerra. Este jueves, pese a que se había presentado recurso de casación, el abogado de la propia comisión europea decidió rendirse y sólo falta por lo tanto que la resolución final del Tribunal General sea de esta manera definitiva. Sobre todo porque se cuenta con la sentencia del 12 de marzo de 2020 ya fue absolutoria para el Valencia, cosiendo en esa misma vía a Elche y Hércules. Si en aquel marzo se acondicionó ya la fosa, ahora sólo falta celebrar el funeral después de la petición que el propio abogado de la comisión, el italiano Giovanni Pitruzzella, hizo este jueves, solicitando «desestimar el recurso de casación», asumiendo además que Unión Europea debería cargar no sólo con sus propias costas sino también con las del Valencia. El Reino de España, implicado también en el asunto, cargaría con sus propias costas.
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Para llegar a este punto, han tenido que transcurrir trece años. Los que van desde que en 2009 a Manuel Llorente se le encargó el pilotaje de una operación parida sobre todo para frenar el desembarco de Dalport en el paquete accionarial. Curioso que se hizo para impedir que el club quedara en manos de un extranjero con no se sabe muy bien qué intenciones, y que no viene a dañar a la Sociedad cuando está en manos de un nuevo dueño que también es extranjero.
La ampliación de capital de 2009 con 92 millones de las antiguas pesetas (hoy en día parecen insignificantes esos 550.000 euros) necesitó de la intervención de la Fundación para hacerse cargo con todo el sobrante que no se había adquirido por el valencianismo de a pie en la primera ronda. Para afrontar esa segunda fase de la ampliación, reservada exclusivamente a la Fundación -fue motivo de protesta- y en la que compró el 70,6% del pastel, se recurrió a un triángulo en el que estuvieron implicados también el Gobierno del Partido Popular y Bancaja. El primero, más implicado de lo que aparentemente estaba, puso el aval a través del IVF y el segundo el dinero. El problema fue que la suma de dichos elementos despertó la sospechas de la Unión Europea hasta el punto de imponer una multa.
A Llorente se le encargó pilotar una ampliación en 2009 para evitar a Dalport y ahora es otro dueño el que ve el capítulo final
Los motivos para ello se centraban en que la Fundación debía abonar anualmente una comisión por el aval del 0,5 % al IVF; la duración del préstamo subyacente era de seis años y el tipo de interés del 6 % durante el primer año, y a continuación el Euribor más un margen del 3,5 %, con un tipo mínimo del 6 %. Además, se fijaba una comisión de apertura del 1 %. La Fundación se ahogó en su propia trampa porque la idea originaria para salir adelante era que el Valencia inyectara cada año la suma suficiente para ir salvando los obstáculos.
El Valencia contempló el gasto en 2016 y lo equilibró en 2019
El Valencia no tiene ahora 24 millones más para gastar. Puede ser esa una lectura errónea que se puede dar a la vista de la presumible sentencia del Tribunal General. En realidad, es un dinero que nunca ha salido ni entrado de la caja fuerte. Otra cosa es que sí se tuviera que provisionar. Se hizo, de hecho, en la temporada 2016-17, así quedó reflejado como gasto en las cuentas que se presentaron a los accionistas. El apunte contable, fue a la inversa, es decir como ingreso, en los balances del ejercicio 2019-20 y por lo tanto es neutro. Los auditores siempre han tenido en cuenta esta contingencia a la hora de emitir sus conclusiones en estos años en los que Meriton ha tenido que lidiar con unos números que cada vez empujaban al club a una situación delicada.
Todo empezó a liarse con continuos vaivenes judiciales hasta que ayer, el abogado de la comisión hizo una exposición -a la que ha tenido acceso este periódico- en la que va analizando una tras otra las diferentes reflexiones sobre las que la comisión de alguna manera patinó. «Aun cuando la Comisión se enfrente a un Estado miembro que, incumpliendo su deber de colaboración, no le ha facilitado las informaciones que debía comunicarle, está obligada a basar sus decisiones en datos de una cierta fiabilidad y coherencia que constituyan una base suficiente para concluir que una empresa se ha beneficiado de una ventaja que constituye una ayuda de Estado y que, por tanto, sean idóneos para apoyar las conclusiones a las que ha llegado. De este modo, la Comisión no puede suponer que una empresa ha disfrutado de una ventaja constitutiva de una ayuda de Estado basándose en una mera presunción negativa...».
«En ausencia de una verificación precisa de la eventual existencia de un precio de mercado para un préstamo similar no avalado por parte de la Comisión, la institución no ha cumplido con las exigencias que se le imponen en materia de carga de la prueba respecto a la existencia de una ventaja, ni ha respetado el deber de diligencia que le incumbe», concluye por último el letrado. Por supuesto, el Valencia y el IVF manejaban la teoría de que el desenlace final iba a ser favorable a sus intereses.
