Las otras víctimas del terrorismo en Valencia

Las circunstancias del asesinato de este último son especialmente conmovedoras. Murió cuando explotó un paquete bomba enviado a la sede del grupo financiero donde trabajaba, en la calle Colón. Era el 18 de mayo de 1990. Su mujer estaba embarazada de su hija póstuma, una niña llamada Leticia que no pudo conocer a su padre y hoy es una radiante madre de tres pequeños quien cree que este tipo de tributos «son de justicia». A su juicio, lo ocurrido durante los años de mayor intensidad terrorista fue «algo tan grande y tan terrible» que resulta abrumador para la conciencia colectiva afrontar sus consecuencias en toda su dimensión. «Son cuestiones además que no tienen mucho espacio en la sociedad actual», prosigue, «porque el discurso social no va en esa dirección». Leticia recuerda, siendo su caso tan especial, que su condición de víctima del terrorismo «viene ya de por sí»: desde que nació. «El sentido que yo o cada cual le quiera dar es ya una cuestión personal», observa. Y añade: «Es un dolor que siempre permanece contigo».

Las otras dos víctimas recién homenajeadas sí que se atribuyen sin duda al Grapo. La banda terrorista asesinó a tiros el 26 de enero de 1979 a Antonio Castelló Vital, un vigilante que prestaba ese día sus servicios en la sucursal del Banco Central de la antigua Calle Onésimo Redondo, 148 (actual avenida de Peset Aleixandre), en sustitución de un compañero que estaba de baja. No tenía por lo tanto que haber estado allí cuando irrumpieron unos atracadores (el asalto a bancos era la fórmula habitual que tenían los terroristas de financiar su acción delictiva) a quienes hizo frente. Eran dos hombres y tres mujeres: una de ellas le pegó un tiro mortal en el pecho a consecuencia del cual falleció en el acto. Huyeron en un vehículo robado con su botín dejando un reguero de sangre y lágrimas: Antonio de 33 años, estaba casado y tenía dos hijos.

Su muerte es una de tantas contra las que clama señaladamente Covite: aunque fueron condenados por el crimen José María Sánchez Casas (uno de los principales jefes de la banda) a cinco años de cárcel como inductor del atentado y también como autora material Dolores López Guillén a 9 años (una pena rebajada en atención a que entonces era menor de edad), los demás terroristas nunca fueron juzgados porque fallecieron posteriormente. Desde ese punto de vista que Covite enarbola, su crimen continúa exigiendo una justicia que tal vez nunca llegue. Por el contrario, sí encontró esa clase de reparación la familia de la tercera víctima valenciana, el policía nacional Emilio García Martínez, asesinado por el 19 de abril de 1983 en un aparcamiento privado de la calle de Eduardo Soler y Pérez, a la altura de la plaza del Doctor López Ibor. Covite tiene anotado que los culpables del crimen fueron los terroristas Josefina García Aramburu, Anastasio Gonzalo Cardiel, Mercedes Padrós Corominas y María del Carmen Muñoz Martínez, condenados por la Audiencia Nacional en 1985 a penas de 29 años de prisión cada uno de ellos «por un delito de atentado con muerte en concurrencia con otro de estragos, y a pagar una indemnización de diez millones de pesetas».

Su víctima quedó destrozada cuando arrancó su coche para dirigirse a la comisaría de Paterna, donde trabajaba, y estalló una bomba adosada al coche. Natural de Navas de Jorquera (Albacete), el policía estaba casado y tenía dos hijos, entonces de 19 y 17 años. Uno de ellos escuchó la detonación. Bajó a atender a su padre, le acompañó con las asistencias médicas hasta el Hospital La Fe y estuvo con él hasta que hacia las diez de la mañana falleció, incapaz de superar las graves heridas. Su nombre figura en esa estadística casi invisible que recopila las víctimas causadas por la actividad criminal del Grapo. Un listado que pasa inadvertido entre la opinión pública y nació en 2014 a partir de esa campaña impulsada desde Covite hasta llegar a Valencia.

En origen, la iniciativa se desplegó en las tres capitales vascas en memoria de las víctimas de ETA, luego alcanzó a ciudades como Madrid, Zaragoza o Pamplona, llegó hasta nosotros para rendir tributo a quienes fueron asesinados por la banda etarra y se extiende además a las víctimas del Grapo. «Siempre habíamos pedido que fueran incluidas porque estamos totalmente en contra de pensar que hay víctimas de primera y víctimas de segunda», dicen desde Covite. Y añaden: «Queremos hacer memoria individualizada de las víctimas, que no sean sólo estadísticas, explican sus responsables, que agradecen la sensibilidad mostrada por la alcaldesa María José Catalá en oposición al trato recibido por su antecesor, Joan Ribó (Compromís). «Su respuesta fue nula. No quiso atender nuestra petición y ni siquiera contestó a nuestras cartas».

Catalá asegura por el contrario que Valencia se alinea en «el compromiso a favor de la memoria, la dignidad y la justicia hacia todas las personas asesinadas a manos de grupos terroristas y antidemócratas». Covite añade por su parte que «todas las víctimas merecen el mismo trato y tienen el mismo derecho a la memoria y a la reparación» y Leticia, que ha crecido y vivido toda su vida cerca del edificio de la calle Colón donde el Grapo asesinó a su padre, apuntala esta argumentación en estos términos: «El mal siempre es el mal, igual de horroroso en todos los casos de las víctimas del terrorismo».