Ribó ocultó seis años un dictamen del Tribunal de Cuentas sobre el parque de Cabecera
La demanda por el precio que pagó el gobierno del PP por los terrenos de la zona verde fue archivada dos meses después de presentarla en 2017
El Ayuntamiento de Valencia ha ocultado seis años que el Tribunal de Cuentas archivó la demanda presentada por el alcalde, Joan Ribó, por el justiprecio ... que el PP pagó por los terrenos expropiados para construir el parque de Cabecera. Lo hizo en 2017, apenas dos meses después de presentada la demanda, pero no se ha conocido hasta ahora. No se llevó a Junta de Gobierno, como suele hacerse con todos los fallos judiciales, porque no es obligatorio.
Ribó denunció que el PP no pagó en su momento 961.000 euros por unos terrenos que pertenecían a los Cotino y a los Gómez-Trénor. Dos años después, al no recibir el dinero, las familias pidieron otra tasación. Supusieron al Consistorio el desembolso de 18,2 millones de euros. La intención era que el tribunal determine las «responsabilidades contables» que se pueden derivar de su decisión de no ejecutar y abonar «a tiempo» la expropiación de tres parcelas (la 21, 58 y 59) del proyecto de ejecución del Parque de Cabecera. En concreto, llevó ante el Tribunal de Cuentas la actuación de la exalcaldesa y de otros ediles de la Junta de Gobierno Local que presidía «como Miquel Domínguez, concejal responsable de la Junta; Alfonso Grau, coordinador del área de Economía; Silvestre Senent, concejal de Presupuestos; Jordi Bellver, coordinador del área de Urbanismo, y Francisco Lledó, como responsable de expropiaciones».
Sin embargo, la Fiscalía pidió el archivo de las actuaciones porque «la acción para exigir responsabilidades contables habría prescrito y porque los pagos objeto de las presentes diligencias tuvieron lugar en ejecución de resoluciones dictadas por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa». Posteriormente, una sentencia del Tribunal Supremo marzo de 2018 anuló parte del pago, casi 11 millones de los 18 que pedían los propietarios, y obligó a una nueva retasación.
Además, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas desvela la existencia de un informe de la Asesoría Jurídica Municipal que alertaba «del difícil engarce de los hechos denunciados en la responsabilidad contable». Así las cosas, ¿por qué fue Ribó al Tribunal de Cuentas? Y, sobre todo, ¿por qué no llevó el tema a la Junta de Gobierno? Para la primera pregunta no hay respuesta, sobre todo habida cuenta de que existía un informe de los abogados municipales que le advertían de que aquello no iba a tener mucho recorrido. Pero para la segunda... Si lo hubiera hecho, todos los partidos de la oposición habrían tenido acceso al archivo de las diligencias. A este respecto, el Ayuntamiento explica, en una respuesta oficial, que ninguna norma «legal ni reglamentaria, establece que deba darse cuenta; por lo que la dación de cuentas de resoluciones del Tribunal de Cuentas es excepcional».
«En la práctica siempre se ha dado cuenta de la resoluciones judiciales, esto es, las dictadas por órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, a Alcaldía; Junta de Gobierno; o Pleno, sin perjuicio de que también, de forma verbal o escrita, (se informe) al Concejal-Delegado con competencia en la gestión del asunto enjuiciado, y al propio Servicio o Unidad administrativa gestora», explica la respuesta de Sergi Campillo fechada el pasado 28 de marzo. Es habitual que el orden del día de la junta de gobierno lleve varios puntos que son «dar cuenta y quedar enterado» de sentencias o resoluciones judiciales.
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