El Ayuntamiento de Valencia realoja a cuatro familias de Castellar tras el riesgo de desprendimiento de su edificio

Son ocho las viviendas que han tenido que ser desalojadas preventivamente por los bomberos municipales y el Consistorio ha ofrecido alojamiento a las familias afectadas. Cuatro de ellas han aceptado, con un total de 10 personas.

Los bomberos intervinieron en este edificio el 2 de noviembre del año anterior (2023) y observaron que la persiana de la planta baja tenía riesgo de desprendimiento. De hecho, comprobaron que se había salido de la guía y que el interior de la planta baja se encontraba apuntalado.

Existe un informe del Servicio de Disciplina Urbanística de un mes posterior a esa fecha, en el que se determina que los propietarios del edificio serían los responsables de proceder a la reparación de los daños y de los que pudieran existir en el edificio tras obtener las correspondientes licencias y autorizaciones.

Se trata de un edificio de viviendas con más de 50 años de antigüedad, por lo que los propietarios están obligados a realizar, por parte de los técnicos, el Informe de Evaluación del Edificio de Viviendas (IEEV-CV), con su correspondiente inscripción telemática en el Registro Autonómico. Además, debían notificar a la Oficina Técnica que ya se habían realizado los trabajos de reparación para que el experto compruebe que el edificio reúne las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad exigidas por la legislación en vigor.

Ya en el pasado mes de enero los propietarios aportaron un certificado donde se señalaba que el apuntalamiento de la planta baja se ha efectuado como medida de precaución provisional «para garantizar la seguridad estructural del edificio», con pilares de hormigón armado dañados debido a la corrosión de sus armaduras. Ese documento indicaba que con las medidas de seguridad existentes, el inmueble reunía «las suficientes condiciones de estabilidad», según el certificado aportado por los propietarios.