¿Y los guardianes del dinero público?

El Tribunal de Cuentas ha puesto esta semana sobre la mesa un informe que si de las Diputaciones, los Ayuntamientos o la propia Generalitat se tratara lo hubiéramos calificado de demoledor. Pero, claro, tiene como destinatario a las universidades y la cosa entonces ya es distinta. Y da igual que reclame mayor control interno, interventores en los centros para vigilar el gasto o que alerte del exceso de plantilla en determinadas áreas con pocos alumnos. Incluso que denuncie abiertamente el incremento en los gastos salariales entre 2008 y 2012 a pesar de que en 2010 entró en vigor el decreto ley que suprimía un 5% del sueldo a todo el sector público para reducir el déficit. En la empresa privada, seguro que lo recuerdan, fueron miles los trabajadores que durante esos años sufrieron la supresión del sueldo entero y acabaron en la calle.

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