Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»

«Si tienes algún problema o detectas vigilancia policial destruyes el documento sea como sea, y si hace falta lo masticas y te lo tragas antes de ser detenido». La orden que recibió el policía infiltrado 'Iveco' fue clara y directa. El presunto narcotraficante Francisco C. P. quería proteger a destacados miembros del cártel del puerto de Valencia, y dio instrucciones a un camionero (sin saber que era un agente encubierto) para que una hoja impresa no cayera en manos de la Policía.

Era un documento para pasar los controles aduaneros, un papel con sellos e inscripciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), la Aduana de Valencia y también de especialistas fiscales de la Guardia Civil. «Si este papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante. Ya sabes lo que tienes que hacer«, dijo el narco.

Y claro que sabía lo que debía hacer. El policía infiltrado tomó una imagen con su teléfono móvil del salvoconducto impreso y continuó la investigación de la macrooperación 'Spider', el mayor golpe policial al entramado portuario del narcotráfico en España.

Uno de los contactos que Francisco C. tenía en el puerto le había entregado el documento que necesitaba para sacar el alijo de 1.140 kilogramos de cocaína por el «control manual de salida» sin que nadie revisara el camión. El agente encubierto obedeció y trasladó el contenedor a una nave de Beneixida, aunque utilizó otro método para salir del puerto con la droga tras un cambio de planes en el último momento.

Según las investigaciones de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), Francisco C., uno de los 85 detenidos en la macrooperación, «ostentaba el dominio sobre los posibles controles policiales, lo que hace sospechar que tenía en nómina a miembros de la seguridad privada del puerto o de las fuerzas y cuerpos de seguridad».

Los agentes antidroga de la Policía Nacional creen que varios vigilantes y agentes corruptos habrían actuado en connivencia con la red 'narcoportuaria', y prueba de ello sería el documento (firmado y sellado por las autoridades aduaneras) que el narco entregó al policía infiltrado.

Los investigadores constataron que el grupo delictivo preparó un segundo contenedor clonado (con la documentación del cargamento donde habían ocultado los 1.140 kilogramos de droga) para pasar la revisión en el puesto de inspección fronterizo (PIF).

Los narcos tenían dos planes para sacar el contenedor contaminado (con un alijo de cocaína en el argot policial) y utilizaron el método que consideraron más seguro sin saber que varios policías habían logrado infiltrarse en la organización delictiva. Como el contenedor clonado pasó la revisión aduanera, al final no fue necesario usar el documento sellado y el camión salió del puerto con el alijo de cocaína por el carril de control automático de mercancías.

La operación encubierta permitió confiscar los 1.140 kilos de cocaína en Beneixida, el 4 de diciembre de 2024, y detener al capitán de la Guardia Civil Jesús Fernández Bolaño por su relación con el alijo de droga que había pasado los controles portuarios. El método del contenedor clonado era el que utilizaba Fernández Bolaño, presuntamente, para sacar importantes cantidades de cocaína del puerto de Valencia, según las investigaciones.

Tras la incautación del alijo de droga, el mando de la Guardia Civil fue arrestado por agentes de la Unidad de Asuntos Internos del instituto armado, junto a otros miembros de la red 'narcoportuaria', y el policía 'Iveco' continuó su infiltración en la trama delictiva.

Según las investigaciones, uno de los cabecillas de la red sobornó a varios altos cargos portuarios con agasajos de cientos de euros, jamones y hasta un vehículo de alta gama para favorecer la corrupción. El grupo delictivo controlaba una empresa de transporte que facilitaba las órdenes de acceso a las terminales donde estaban los contenedores con los alijos de cocaína.

Los informes policiales sobre la corrupción en la antigua sociedad de estiba (ahora Centro Portuario de Empleo) ayudaron a la UDYCO a planear una estrategia de investigación con escuchas telefónicas, seguimientos a los sospechosos y hasta ocho agentes encubiertos.

Los estibadores detenidos también facilitaban el acceso de miembros de la organización criminal a la formación portuaria (un requisito previo para lograr un empleo), alteraban los resultados de exámenes y test de droga, falsificaban documentos y regentaban en la sombra empresas de transportes. Gracias a los cargos que ocupaban en el comité de empresa del Centro Portuario de Empleo (CPE), varios de los investigados favorecieron la relación comercial con las empresas que realizaban los servicios de extracción de contenedores con droga.