Infancia fijará por decreto que los centros de menores se parezcan al máximo a un hogar

Sin embargo, ese criterio legal sigue sin cumplirse en España, donde el acogimiento residencial es la fórmula en la que viven y se crían todavía casi la mitad de los menores bajo protección pública, a veces incluso durante toda su minoría de edad.

Los últimos datos oficiales indican que en España hay más de 17.000 menores repartidos por 1.605 en centros y residencias y que la desinstitucionalización no avanza o lo hace con extrema lentitud. Tres de cada cuatro de los chicos que las autoridades tomaron bajo su protección ingresan directamente en una residencia y la mitad de las bajas que anualmente se producen en estos centros no se debe a la salida por un acogimiento familiar sino a que al interno que ha pasado allí su infancia y juventud le llega la mayoría edad.

El hecho de que las administraciones no sean capaces de generalizar el acogimiento familiar es el motivo por el que el Ministerio de Juventud e Infancia está elaborando un real decreto, que llevará a la aprobación del Consejo de Ministros, en el que fijará unos estándares mínimos de calidad y funcionamiento que deberán cumplir los centros de menores en todo el territorio nacional, con independencia de la autonomía en que estén ubicados, y que como idea general busca que se parezcan lo máximo posible en trato, ambiente y seguridad a un hogar.

La idea es que el decreto obligue a que los centros de menores de todas las comunidades sean de tamaño reducido y que funcionen como espacios amigables y libres de violencia, con una atención cercana y personalizada. El borrador de objetivos e ideas que conformará el decreto prevé unas normas y criterios mínimos de calidad que condicionarán el emplazamiento de los centros, su estructura y equipamiento, el modelo de gestión, la organización, el número y tipos de personal, y también establecerá claras obligaciones de inspección, control y denuncia entre otras cosas para evitar nuevos casos de explotación sexual de estos chicos como los destapados en los últimos años en varias comunidades.

El texto exigirá un cuidado de calidad con un entorno «familiar, hogareño y acogedor» que deberá facilitar la conexión del menor con la familia, las amistades y el entorno social y escolar y que, en definitiva, debe ser lo más similar posible al de los chicos que crecen dentro de un núcleo familiar.

La estructura estará orientada a favorecer que pasen el mínimo tiempo posible en la residencia hasta lograr un acogimiento familiar, con pautas mínimas y comunes para el ingreso y la salida del centro y con un proyecto socioeducativo individual que regirá el tiempo de estancia y que deberá ofrecer un acompañamiento en la transición a la vida adulta si es preciso. El decreto también fijará criterios básicos para garantizar su bienestar y pondrá las bases para cumplir con el objetivo de que la media de plazas en estos centros no supere las 15 y que para 2030 no haya áreas residenciales (salvo las de primera acogida) de más de 30 plazas, bien porque se hayan reconvertido en centros de protección con hogares independientes o porque hayan sido cerrados. Los criterios también tienen que contribuir a otra de las metas pactadas por Gobierno y autonomías como es que al final de esta década en España cualquier menor protegido de menos de 10 años se críe con una familia de acogida.

El real decreto al tiempo pretende cumplir con una serie de recomendaciones realizadas a España por organismos internacionales como la ONU o el Consejo de Europa y con las directrices sobre este particular marcadas por la Unión Europea. Todos estos organismos urgen a que se acelere al máximo el proceso de desinstitucionalización de los menores protegidos, dando cumplimiento real a que las residencias son el último recurso, y piden normas nacionales de calidad mínima en todos los centros y de igualdad de derechos en el acceso a la protección pública de los menores, sin que los chicos puedan sufrir déficits o discriminaciones por la autonomía en la que están.