La facturación electrónica de estaciones y aeropuertos deberá ser accesible a discapacitados

El Ministerio de Derechos Sociales llevará lunes a la mesa del Consejo de Ministros, para su aprobación por el Gobierno y remisión al Congreso, un anteproyecto de ley que obliga a empresas e instituciones a cumplir unos requisitos mínimos de accesibilidad a toda una serie de productos y servicios electrónicos o telemáticos de uso cotidiano. Es una exigencia legal para blindar el derecho de los ciudadanos con algún tipo de discapacidad, especialmente visual o auditiva, al uso de las ventajas y bienes de que ya disfrutan sin trabas el resto de consumidores españoles.

La futura ley incide de manera especial en exigir el acceso sin limitaciones a los asistentes y aparatajes que facilitan el uso de medios de transporte, con el objetivo de cumplir con el derecho a las libre circulación sin discriminaciones por toda la Unión Europea, lo que obliga a garantizar los medios que permitan la mayor autonomía para viajar a las personas con discapacidad.

Se trata de que cualquier ciudadano, con independencia de su discapacidad, pueda utilizar un datáfono, reservar un vuelo por internet o facturar su maleta sin pasar por el mostrador de la compañía. El texto asegurará el acceso real a las máquinas de facturación, los terminales interactivos que facilitan información, a los que gestionan los turnos o a cualquier lector electrónico.

La eliminación de barreras de uso alcanza también a las aplicaciones de los servicios de transporte de viajeros -sean app, web o máquinas-, a todas las terminales de autoservicio de estaciones de autobús o tren, de los puertos y de los aeropuertos, pero también a otras áreas de consumo como el acceso a los servicios de comercio electrónico, incluidos los medios de pago o los libros electrónicos.

Otro de los puntos fundamentales del anteproyecto es la exigencias de unos medios mínimos para asegurar el acceso real de cualquier discapacitado al uso del teléfono de emergencia 112, no solo en España sino en cualquier país de la UE. Las modificaciones quieren acabar con determinadas trabas derivadas de los medios y protocolos de funcionamiento del servicio, que actualmente son una barrera para los ciudadanos con discapacidades físicas, particularmente para las personas sordas.

El anteproyecto que llegará el lunes al Consejo de Ministros convertirá a España en uno de los pocos socios que traspondrá la directiva europea que contiene estas medidas en su integridad y que le confiere rango de ley, según indicaron fuentes de Derechos Sociales. Pero, además, los técnicos del ministerio ya ultiman un real decreto ley, que se aprobará en próximas semanas, que amplia las mismas garantías de accesibilidad real de los discapacitados a otros productos y servicios cotidianos que no están recogidos en la directiva comunitaria.

Ambas normas buscan garantizar en la práctica la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso a los bienes y servicios que deben tener todos los españoles, al tiempo que se eliminan las barreras que aún dificultan, y mucho, la vida cotidiana de las personas con alguna discapacidad y blinda su derecho a ser clientes, consumidores y usuarios de toda clase de servicios sin limitaciones.