El Tribunal de Cuentas exculpa a las exconselleras Johnson y Miró de la compra de Valmor y condena a la Generalitat al pago de las costas

La factura de los letrados se calcula con una fórmula que tiene en cuenta la cantidad reclamada: 24 millones de euros. Fuentes judiciales apuntaron ayer que el montante por cada uno de los altos cargos rondaría los 180.000 euros. La Abogacía de la Generalitat puede, no obstante, impugnar esta cantidad. El procedimiento se seguía, aparte de contra las conselleras, contra José Miguel Escrig, Julio García, Blanca Tomás y Luis Lobón.

La disputa derivaba de la compra de Valmor por parte de la empresa pública Circuito Motor por un euro, pero a cambio se asumía toda la deuda de la sociedad, alrededor de esos 24 millones de euros. La Abogacía de la Generalitat, la Fiscalía también se sumó a esta tesis, sostenía que en realidad el acuerdo escondía esos 24 millones adicionales a los que debía hacer frente la Administración y les hacía responsables de esa decisión que dañó el erario. Aquel acuerdo era definido ahora como «gravísima negligencia». 

La clave, resuelta ahora por el Tribunal de Cuentas, consistía en determinar si existía responsabilidad de los dirigentes en aquella decisión política. Para el tribunal no hay duda de la correcta actuación de los cargos públicos. «Los demandados cesaron en el ejercicio de sus cargos antes de que se produjera la eficacia de la fusión por absorción de la empresa Valmor. O dicho de otra forma, resulta que después de la fecha de cese de todos ellos, aún se podría haber ejercitado la reclamación a Valmor por los gastos de organización deportiva de los grandes premios».

El Tribunal concluye que en estas circunstancias «no cabe apreciar que exista relación causal entre la conducta omisiva atribuida a los demandados y el resultado final de la falta de cobro del citado derecho de crédito de Circuito del Motor». La compra de Valmor se ejecutó ante la delicada situación económica de la sociedad que amenazaba con no poder celebrar el Gran Premio, lo que hubiera supuesto una penalización para el Consell de cerca de 70 millones de euros, dos anualidades del canon de la F-1. Estos hechos se investigan todavía en Instrucción 2, como una de las piezas separadas de la Fórmula 1 en Valencia. Este pronunciamiento resta posibilidades al éxito de la causa judicial.

No es la única noticia negativa que recibió ayer la Generalitat. Augusto César Tauroni, el empresario de la trama de las ONG's condenados por el caso Cooperación, ha presentado un escrito en el que se condena a la Generalitat a pagarle 24.000 euros en costas tras haber sido exculpado hace un año por el Tribunal de Cuentas. Al no ser funcionario no se le podía reclamar en este órgano de control.