La Generalitat Valenciana pide 7 años y 9 meses de cárcel para Francisco Camps por la F-1

Francisco Camps llega a la Ciudad de la Justicia de Valencia para declarar./damián torres
Francisco Camps llega a la Ciudad de la Justicia de Valencia para declarar. / damián torres

La Abogacía inicia un camino en solitario al margen del criterio de Anticorrupción y pendiente de la decisión final de la Audiencia

A. Rallo
A. RALLOValencia

La Generalitat Valenciana pide siete años y nueve meses de cárcel por malversación y tráfico de influencias y 17 de inhabilitación a Francisco Camps por el circuito de la Fórmula 1. Similar castigo reclama, siete años cárcel, para el exconseller Mario Flores y el exsecretario autonómico Victoriano Sánchez Barcaiztegui. Los empresarios pueden enfrentarse también, en caso de que llegue el caso a juicio, a tres años y medio de cárcel, según el escrito de calificación de la Abogacía.

La Generalitat presentó este martes un escrito de acusación contra Camps, ex altos cargos del Consell como Vicente Rambla o Flores, y el resto de empresarios implicados en las obras de la Fórmula 1 por los delitos de malversación y prevaricación. Al cierre de esta edición se ignoran las peticiones de pena. No obstante la malversación, en caso de considerar la acusación que es agravada, podría alcanzar los ocho años de cárcel. El tipo básico dejaría el castigo en seis años.

Francisco Camps

La Abogacía ha dado este paso pese a que el lunes admitía la necesidad de una pericial para poder sostener una acusación contra el expresidente y el resto de procesados. Ese informe precisamente fue rechazado ayer por parte de la instructora. Era el segundo intento de la Generalitat en apenas dos semanas para alargar la causa y evitar tener que presentar su escrito de acusación antes de que la Audiencia resuelva si la causa ha prescrito y, por tanto, el auto de procesamiento de la instructora carezca de valor.

La estrategia de la Generalitat de ocultar su criterio hasta conocer el de la Sala y de esta forma evitar comprometerse se demostró ayer inútil. Hasta tal punto que se vio obligada a revelar su posición. Y todo esto pese a que existe un informe de la Intervención que recoge que no se produjo un daño económico para la Administración, la acusación particular sigue adelante en un proceso en el que, además, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido el sobreseimiento de la causa al no ver malversación y apreciar la prescripción de la supuesta prevaricación.

El futuro de este procedimiento queda en manos de la Audiencia de Valencia, que debe resolver ahora si valida el auto de la instructora. La resolución podría posponerse hasta después del verano.

La Abogacía de la Generalitat solicitó el pasado lunes un nuevo informe pericial que analizara los aspectos de las obras, tramitación y sobrecostes, aspectos que el trabajo de la Intervención no pudo examinar al carecer el responsable de la capacitación técnica necesaria, según indicó en su trabajo. A las 24 horas del escrito, la jueza notificó la contestación. La respuesta era previsible ya que la Instrucción está agotada y nadie ha pedido la causa de complejidad, que hubiera permitido prolongar las pesquisas. De hecho, esta circunstancia ha llevado a duros reproches entre la jueza y la fiscalía acerca de quién debió solicitarlo y si realmente era necesario.

La Generalitat, en una interpretación muy singular de la ley, planteó aplicar el artículo 746 de Ley de Enjuiciamiento Criminal, previsto para suspender un juicio a la aparición de hechos novedosos, a esta fase del procedimiento. Pero la jueza no lo ha autorizado. La instructora argumentó que la solicitud de este nuevo informe no se puede asentar en la aparición de un hecho novedoso e inesperado hasta la fecha sino que las partes ya conocían con anterioridad el informe de la Intervención y las limitaciones que alegó el profesional que lo elaboró. Tampoco admitió la jueza la explicación de la Abogacía de una prueba complementaria que apuntale la pericial ya existente. En cualquier caso, la magistrada mantuvo que ese dosier no descarta la existencia de un delito de malversación e insta a la Generalitat a que presente esa pericial que aseguraba necesitar en el momento del juicio, es decir, encargándola a un organismo y presentándola durante las cuestiones previas en el juzgado.

La causa dio un giro inesperado hace un par de semanas. El asunto comenzó por una denuncia de la propia Fiscalía Anticorrupción en la que alertaba de que determinadas empresas habían comenzado a trabajar con anterioridad a la adjudicación de las obras. De esos hechos iniciales, la jueza impulsó, a partir de las confesiones de Ricardo Costa en la Fiscalía, una investigación para ligar las obras en el circuito con la financiación ilegal del PP, asunto que ya se investiga en la Audiencia Nacional. Con el cambio del fiscal asignado al caso -el responsable de las diligencias se marchó de magistrado a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ- la fiscalía cambió de criterio y descartó la malversación agravada y dio por prescrita la prevaricación.

La clave de este asunto reside en el informe de la Intervención que niega perjuicio para las arcas públicas, adelantado por LAS PROVINCIAS. Pero, además, aclara que el Consell tiene todavía derecho a cobrar gran parte de lo que costaron las obras para los Grandes Premios de F1. Ese importe, superior a los 50 millones de euros, lo debe reclamar el Ayuntamiento al promotor del PAI del Grao, proyecto, por el momento, paralizado. La fiscalía ya expuso en su día que el hecho de que Camps dijera que el circuito no costaría dinero y terminara teniendo una repercusión en las arcas públicas es una cuestión política -la falta de cumplimiento de una promesa- pero carece de relevancia judicial.

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