El relato económico, la gran batalla para 2023 en la Comunitat Valenciana

La gran preocupación del Palau de la Generalitat no es la situación judicial de Mónica Oltra ni mucho menos el caso Azud. Tampoco el tirón de Alberto Núñez Feijóo o el creciente deterioro de la imagen de Pedro Sánchez. «Lo que da miedo es la inflación». El imparable alza de los precios de todos los productos, también los combustibles o los de los alimentos, que afecta por igual a todos los ciudadanos y en particular a las clases más desfavorecidas. Un frente que no es objeto de combate regional -poco se puede hacer a nivel autonómico- pero que sí que puede tumbar al Gobierno de turno porque es a éste al que los ciudadanos reclamarán soluciones. En la zona euro, la inflación alcanzó en junio el 8,6%. Y en la Comunitat Valenciana, en ese mismo periodo, alcanzó el 10,2%.

A finales de febrero se daba por hecha la decisión, que se haría oficial un mes después. La multinacional automovilística Volkswagen elegía Parc Sagunt para la ubicación de su gigafactoría, una planta dedicada a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Uno de esos proyectos 'de país', en el que la Comunitat Valenciana se impuso gracias al buen hacer de sus responsables públicos y a unas infraestructuras idóneas para los intereses de la marca alemana. El consenso político es total. Y por tanto no debería ser objeto de batalla política el éxito que supone su puesta en marcha –el inicio de las obras se plantea para 2023–. El Consell acaba de anunciar un centro de formación anexo a la planta con una inversión de 15 millones de euros.

Quizá el principal objeto de discrepancia entre PSPV y PPCV, entre izquierda y derecha, está relacionado con el planteamiento de la política fiscal de las administraciones públicas. Subir o bajar impuestos. Redistribuir riqueza o propiciar que los ciudadanos tengan el dinero en sus bolsillos y lo gasten en lo que consideren. La tasa turística, aprobada por el tripartito hace pocas fechas, como ejemplo de un debate que, de fondo, constituye toda una declaración formal sobre cuál es la concepción que se tiene de los ciudadanos. El PPCV de Carlos Mazón ha hecho de su propuesta de reforma fiscal uno de sus grandes arietes –incluye una rebaja fiscal de 1.500 millones–. Puig acaba de anunciar su intención de eliminar, en la próxima ley de acompañamiento, la excepción que impedía bonificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a las empresas familiares que facturan más de 10 millones de euros. La batalla por la fiscalidad está servida.

No es un factor menor, ni mucho menos. La llegada del nuevo presidente nacional del PP a Valencia esta semana y el éxito de su intervención ante el pleno de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) refrenda el discurso económico de los populares. Los grandes empresarios de la Comunitat dieron su bendición a las propuestas, y al tono, del discurso económico del líder de los populares. Sí a la nueva financiación, sí al corredor mediterráneo y sí a la creación de riqueza. «El enemigo no es la riqueza, sino la pobreza», vino a decir el dirigente gallego. Toda una declaración de intenciones frente a esa criminalización de bancos y grandes empresas impulsada por Sánchez en su último debate del estado de la nación.

No las tenía todas consigo, ni mucho menos, el Gobierno valenciano. El pulso con Saarlouis por acoger la fabricación de motores para vehículos eléctricos fue dura, pero finalmente Almussafes logró imponerse. Un éxito que garantiza el futuro económico y laboral de uno de los grandes polos industriales de la Comunitat. La apuesta es de Ford, que es la multinacional que invertirá el dinero y ofrecerá los empleos, pero habrá que reconocer al tripartito la capacidad para haber sabido convencer a los responsables de la marca del óvalo de las bondades de mantener la apuesta valenciana, incluso aunque sea a costa de mantener las significativas subvenciones que aporta la administración autonómica.

Ximo Puig anunció hace pocas semanas ayudas directas de 300 euros del Gobierno valenciano a los autónomos. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), por su parte, pondrá a disposición de todo el tejido productivo una nueva línea de financiación, dotada con 170 millones, para garantizar operaciones de circulante y liquidez a las empresas de la Comunitat Valenciana. El proceso inflacionista y el aumento de los costes de producción agitan la búsqueda de soluciones a los problemas que sufren sectores clave del tejido productivo. En el polo opuesto, decisiones tan controvertidas como la de retirar fondos de ayudas contra la despoblación para hacer frente al incremento de los costes de la luz.

El socialismo valenciano, aunque sea arrastrado, ha acabado aprobando la tasa turística, un impuesto destinado a gravar las pernoctaciones de los turistas del extranjero o de otras CCAA. El PSPV se ha apresurado a proclamar que no recomienda su aplicación, que ni siquiera es oportuna. Pero el daño ya está hecho. En la batalla que mantienen los operadores turísticos por ofrecer destinos de la mayor calidad a los mejores precios, el anuncio de una nueva tasa, la aplique sólo o no la ciudad de Valencia, constituye una decisión que va en la dirección contraria a lo que dicta en este momento el sentido común. El PP valenciano lo sabe, y el secretario de Turismo Francesc Colomer también, y han planteado una batalla política contra esa imposición.

La decisión la tomó el Banco Central Europeo este pasado jueves. Una subida del 0,5% de los tipos, con el objetivo de luchar contra la inflación y el alza de los precios. Hacer que el dinero sea más caro debería contribuir, en teoría, a retraer el consumo y el alza de precios. El alza de los tipos de interés significa que resulta más caro financiarse. Más caro para los ciudadanos, más caro para las empresas y hasta más caro para el propio Estado. Subirán las hipotecas, las compras serán más caras y la deuda pública será más costosa. Un intento de enfriar la economía para estabilizar los precios que, no obstante, lleva camino de consolidar al alza esos precios.

La situación económica de la administración autonómica, no confundir con la de la Comunitat, es delicada. La falta de recursos económicos derivada de un sistema de financiación injusto viene obligando al Consell a incurrir en déficit, incluso a pesar de presupuestar ingresos millonarios que en realidad no responden a ninguna realidad. El mantra del debate sobre la financiación se eterniza. Y mientras tanto, el tripartito se niega a tomar decisiones, aunque sean gestos, como la de reducir el número de consellerias y altos cargos, dirigidas a reducir el gasto, y en cambio sigue engordando el sector público, que acumula una deuda insoportable. El Gobierno da patada adelante al debate –como se pudo observar en el debate del estado de la nación– y quienes impulsaron en 2017 una manifestación contra el Ejecutivo central de Rajoy por su inacción con este asunto, ahora guardan silencio con Sánchez por una actitud similar. «Mientras ERCno quiera, no habrá nueva financiación», dijo Feijóo el jueves en Valencia. Niquelado.

En el debate de política general de 2020 Ximo Puig ya anunció la llegada a la Comunitat Valenciana de 20.000 millones de euros de fondos europeos. Probablemente si esa cantidad o una parecida ya hubiera llegado a la Comunitat la mayor parte de los frentes económicos abiertos ya estarían resueltos. Los fondos europeos ayudarán, pero habrá que esperar a que lleguen.