Las razones de la jueza en el caso Zaplana

En primer lugar, aclara la magistrada que ella no tiene competencias acerca de si debe seguir en el Enfermería de la cárcel o en La Fe y que esa cuestión siempre ha sido decisión médica. «Nunca se le ha impedido ningún tratamiento o cuidado». subraya en su auto. Con independencia del lugar donde se le practicaran, «toda persona tiene derecho a ser atendido donde se le pueda dar mejor atención».

La instructora recuerda que todas sus decisiones hasta la fecha han sido ratificadas posteriormente por la Audiencia de Valencia al entender que existía un evidente riesgo de fuga. De hecho, continúa que existen otros hospitales en el mundo en el que podía ser atendido con la misma eficacia. «Su enfermedad no le vinculas de forma perpetua a La Fe», razona. Comparte en este punto el argumento del fiscal de que su estado de salud no deriva de su ingreso en prisión sino de su enfermedad que es previa a su pérdida de libertad.

Además, rechaza los informes de algunos especialistas que voluntariamente entregaron sus valoraciones en el juzgado. La juez indica que los ha incorporado a la causa, pero no los tiene en cuenta a la hora de analizar este supuesto porque se ignora si han visitado la prisión de Picassent para ese análisis o, en realidad, hablan de «oídas». Su argumento desemboca en la siguiente reflexión: «¿Qué riesgo para su salud supone en el axioma que se plantea el hecho de esta privado de libertad cuando todos los medios que tiene la sanidad pública se le están aplicando sin límite alguno?».

El expresidente continuaba ayer en el hospital. Fuentes sanitarias consultadas por EFE informaron de que todavía no se había preparado la documentación necesaria para concederle el alta y que además tiene pendientes varias pruebas médicas, por lo que seguirá ingresado. Su puesta en libertad se produce 259 días después de que entrara en prisión, de los que se ha pasado los últimos 51 en el hospital donde ha ganado el peso que había perdido en la penitenciaría.