Chequeo a las consellerias: Raquel Tamarit, un perfil bajo en la gestión
La consellera de Educación ni ha rentabilizado los asuntos educativos encauzados por Marzà ni ha dado un golpe de efecto en las áreas cultural y deportiva
Maestra de inglés, al igual que su predecesor, Vicent Marzà, Raquel Tamarit llegó a la Conselleria de Educación en mayo del año pasado con la etiqueta de recambio natural (o «cambio responsable» en palabras de la entonces vicepresidenta Mónica Oltra) para ponerse al frente de un departamento y área que conoce bien y que, además, suma el hito de ser la conselleria de más presupuesto de las que ocupa Compromís. Con una partida total en 2023 de 5.520 millones de euros (un aumento del 6,1% respecto a 2022) está en el top de las asignaciones del Consell, ya que es la segunda sólo por detrás de Sanidad.
Como su compañera de Consell y de nombramiento (Rebeca Torró -Política Territorial), Tamarit era secretaria autonómica de Cultura y Deporte –responsabilidad que desempeñaba desde el inicio de la actual legislatura hasta mayo de 2022– y con experiencia en la gestión, al haber sido concejala de Educación en el Ayuntamiento de Sueca (su localidad natal) y, tras la marcha de Joan Baldoví al Congreso, alcaldesa. En este sentido, políticamente está considerada como discípula del actual portavoz de Compromís en la Cámara baja, con el que, por cierto, fue juzgada (y absueltos ambos) de un supuesto delito de prevaricación urbanística en el municipio de la Ribera.
De carácter abierto y con un amplio consenso entre las filas de su partido por el paso al frente de una conselleria con tres cabezas, su gestión en estos nueve meses se ha caracterizado por un perfil bajo y sin sorpresas. Es el caso, por ejemplo, de un área tan grande y compleja como Educación, donde los aspectos más críticos, como el tema lingüístico o el enfrentamiento con los centros concertados, quedaron encauzados por su predecesor en el cargo.
Sí que tuvo que enfrentarse al aterrizaje definitivo de la Lomloe (la ley Celaá) o a la gestión de las ayudas sociales en materia educativa ante el impacto de la inflación, que no han pasado desapercibidas al anunciarse para el próximo curso, esto es, a las puertas de las elecciones. Entre ellas, ayudas para material, más becas de FP y de comedor, mejoras en la subvención de las guarderías o, el anuncio estrella, el alumnado de Bachillerato tendrá los libros gratis, medida que hasta ahora (y desde el primer Botánico) se limitaba a la enseñanza obligatoria (Primaria y ESO). Además, las ha incrementado por al actual contexto económico.
En la cara b, tuvo que asumir que la propuesta de la fusión de asignaturas a través de ámbitos de conocimiento no saliera adelante como quería, dado el rechazo por parte del profesorado al romper el principio de especialidad, es decir, que ya no tenía que ser el profesional experto en determinada materia el que asuma su docencia.
La conselleria ha demostrado no tener líneas rojas pese a alguna sentencia condenatoria a un responsable cultural
El gran reto ahora será la gestión de la explosión de problemas de salud mental en el ámbito educativo, y que esa anunciada «prioridad» e interlocución rápida entre esta conselleria y la de Sanidad no se queden en palabras tras un caso de relevancia mediática.
Eso en Educación, mientras que en el apartado cultural, aunque ha mantenido una intensa agenda (ya la tenía como secretaria pues por su proliferación en actos parecía la consellera de Cultura), hay voces que le afean no que no haya hecho gala de las tan mencionadas líneas rojas. Porque la cultura también se ha sentado en el banquillo.
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Presupuesto: La conselleria ha pasado de 4.254 millones en 2019 a 5.520,6 este ejercicio.
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Tras la sentencia condenatoria al director del Centro del Carmen, José Luis Pérez Pont, por daños leves al patrimonio no hubo ningún movimiento ni ninguna medida al respecto, algo que dista de las buenas prácticas culturales. No sólo mantiene a un responsable condenado judicialmente sino que tampoco ha reaccionado ante la apertura de juicio a Gema Contreras, directora del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración, a la que le imputan el delito de prevaricación y malversación.
De la clásica reivindicación sobre la baja asignación de los Presupuestos del Estado a las, las cuentas de 2023 no han mejorado aquella aportación «excesivamente débil» que denunció en los del ejercicio anterior. Y en Deportes algunos compromisos van al ralentí, por ejemplo, el de potenciar la pilota y otros deportes minoritarios.
