PSPV y Compromís se enredan con la corrupción

El resto de hechos son conocidos. Rodríguez y la cúpula de presidencia de la Diputación -su jefe de gabinete Ricard Gallego, su letrado Jorge Cuerda, su asesor Manuel Reguart y los dos cogerentes de Divalterra, Xavi Simó y Agus Brines- pasaron una noche en el calabozo tras un día de infarto con registros en los domicilios de algunos de ellos, en el Ayuntamiento de Ontinyent y en la propia Diputación de Valencia. El jueves fueron puestos en libertad con cargos. Y Rodríguez, un día después, fue recibido en Ontinyent como si de un héroe se tratase, mientras Gallego, su principal asesor, ofrecía a quien la quisiera comprar la manida teoría de la conspiración de unos «poderosos» contra el «proyecto» de Rodríguez.

El relato tendrá el recorrido judicial que le corresponda. Pero tiene unas consecuencias políticas incuestionables. El PSPV apartó de sus cargos a Rodríguez -y nombró sustituto como presidente de la Diputación a Toni Gaspar- y cuarenta y ocho horas después el PSOE le suspendió de militancia a él, a Gallego y a Simó-. Rodríguez resiste de momento en ese cargo -no ha presentado la renuncia y se ha dado el fin de semana para meditar su decisión- mientras trata de alentar una ola de simpatía al menos en la localidad de la que es alcalde y la comarca de la Vall d'Albaida.

El periodo de reflexión abierto por el aún presidente de la Diputación, igual que esa respuesta 'estilo Gürtel' en la que parece empeñado su entorno al limitar a 'sólo siete contratos' el objeto de esta investigación, no impide que el alcalde de Ontinyent haya visto finiquitado una carrera política que, con el arranque de la legislatura se perfilaba hasta la cima del poder orgánico del PSPV.

Pero el caso no acaba aquí. Al margen de la desautorización que para la dirección del PSPV supone el hecho de que Rodríguez retenga por ahora sus responsabilidades institucionales -de las que tiene que dimitir él o sólo puede ser relevado a través de moción de censura-, la 'Operación Alquería' le genera un problema añadido al PSPV y a Compromís. Los dos socios del Consell, dos de los firmantes del Pacto del Botánico, se ven salpicados por un proceso judicial -uno de los cogerentes que pasó la noche en el calabozo pertenece al partido de Mónica Oltra- que amenaza con enturbiar la recta final de la legislatura. A menos de un año para las elecciones municipales y autonómicas, con unas encuestas que anticipan que el tripartito puede mantenerse en la Generalitat, aunque sin demasiada holgura, la aparición de este caso de corrupción -se investigan delitos de prevaricación y malversación de hasta dos millones de euros- complican el horizonte electoral.

Para PSPV y Compromís -que aún esperó hasta el viernes para apartar de su cargo a Brines-, la investigación sobre la Diputación de Valencia se suma a otro proceso judicial, el de la supuesta financiación irregular del PSPV y Bloc, que investigan cuatro juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia. Aunque los tribunales han descartado la existencia de una trama, un mecanismo articulado expresamente para financiar a esas formaciones políticas -porque los hechos estarían prescritos-, los juzgados investigan la eventual comisión de otros delitos que, en cualquier caso, ensucian la imagen de las dos formaciones implicadas. En ambos casos, tanto la financiación irregular como la Diputación de Valencia, los delitos investigados son los más claramente identificados con la corrupción: prevaricación y malversación.

Para PSPV y Compromís, la aparición de la sombra de comportamientos reprochables desde el punto de vista jurídico llega en el peor momento posible. No sólo porque se abre una instrucción de incierto contenido -está extendida la consideración de que en el caso de la corporación provincial podrían aparecer hechos que no tuvieran que ver con esos nombramientos de alta dirección- y se sume a la de la financiación irregular. También porque se convierte en un balón de oxígeno para el PP valenciano y para Cs.

Los populares, en pleno proceso congresual para elegir líder tras la marcha de Mariano Rajoy y tras las condenas judiciales por financiación irregular y por la caja B, pueden encontrar un balón de oxígeno en las causas que ahora afectan a PSPV y Compromís. Como poco, desde el inicio de la instrucción de la causa de la supuesta financiación irregular, el discurso de estos dos partidos en relación con los procesos judiciales de los populares valencianos han caído varios tonos. Para Ciudadanos, en estado de shock desde que Pedro Sánchez logró la presidencia del Gobierno, el flanco que abren los procesos judiciales de los socialistas valencianos y del Bloc alimenta su discurso de que la formación naranja sí que representa la regeneración.

Para el Consell que encabezan Puig y Oltra, la aparición de estos frentes judiciales, unida a la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo central, limita su margen de actuación. La visibilidad de la acción política del Gobierno valenciano se ve condicionada por asuntos que, aunque puedan no tener una relación directa con la labor del Consell, obligan a sus principales responsables a adoptar una actitud defensiva, justo cuando la situación en la que se encuentra el PP permitiría todo lo contrario.

Pero hay otra derivada de estos procesos judiciales. La llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez, las primeras decisiones adoptadas como presidente del Gobierno -la composición de su Ejecutivo o la de permitir la llegada a Valencia del 'Aquarius'- han contribuido a reforzar las opciones electorales del PSOE. Así lo han reflejado las primeras encuestas publicas, incluso a pesar del patinazo que supuso la renuncia a la que se vio obligado Màxim Huerta.

Y en esa 'cómoda' coyuntura política para el PSOE aparece el socialismo valenciano. Y lo hace para dejar un rastro de supuesta corrupción con el que Ferraz ya ha tenido que lidiar. La dirección federal del PSOE suspendió de militancia a los tres cargos salpicados por la 'Operación Alquería'. Y el propio Pedro Sánchez ha tenido que garantizar que se aplicará el código ético del partido, el que hace referencia a las medidas disciplinarias que se adoptan con la apertura de juicio.

Sánchez se ha visto obligado a terciar en un asunto incómodo, que afecta a una federación en la que cuenta con apoyos clave -como José Luis Ábalos- pero con una dirección nacional, la de Puig, que no le es afín.

Se trata del segundo asunto vinculado a un presunto caso de corrupción que convierte en noticia nacional al socialismo valenciano, incluso aunque el primero de ellos, el de la financiación irregular, no afecta a la actual etapa de Gobierno. Un escenario que entorpece el final de legislatura, que complica el horizonte electoral y que, en función de cuál sea su desarrollo, incluso podría condicionar las relaciones entre los socios del Botánico. Dos causas que pueden nublar el aterrizaje de PSPV y Compromís en la campaña electoral de 2019.

El secretario de la Diputación advirtió de que se debían seguir los principios de mérito y publicidad que se ignoraron.

La investigación judicial abierta por los contratos de alta dirección en Divalterra tuvo su primera advertencia de irregularidad en el verano de 2015. En contra de lo extendido por el entorno de Jorge Rodríguez, empeñado en sostener que lo ocurrido tiene que ver con una maniobra de adversarios del alcalde de Ontinyent en el propio PSOE, las primeras decisiones adoptadas en Divalterra ya revelaron que no es estaban cumpliendo los principios legales correspondientes.

Y esa no es una apreciación personal. La hizo el secretario de la Diputación de Valencia, Vicente Boquera. Así consta, por ejemplo, en la denuncia presentada en Anticorrupción por el representante de Ciudadanos en el consejo de administración de Divalterra, Jorge Ochando. El 24 de julio de 2015, en pleno consejo de administración de la que entonces aún era Imelsa, el representante del PP Rafael Soler preguntó al secretario de la Diputación si la contratación de altos cargos o directivos debía hacerse siguiendo los principios de publicidad, mérito y capacidad que rigen en la Administración Pública. La contestación de boquera -se reseña en la denuncia- fue que «efectivamente así debía de ser».

Ese requerimiento que planteó Boquera, de palabra, viene a ser el mismo que desde ese 2015 y hasta 2018 trasladaron a la empresa de la corporación provincial hasta una docena de informes jurídicos. Algunos firmados por el responsable del área legal de la empresa, José Luis Vera, y otros por destacados juristas o despachos contratados para que se pronunciaran al respecto. Uno de ellos, el de Tomarial -del que no fueron informados lo miembros del consejo de administración de Divalterra- advirtió de que la contratación de personal de confianza, con carácter temporal «cuyo nombramiento y cese serán libres, se aplica a la administración pública, pero no a la empresa pública». Es decir, la situación de las cuatro contrataciones laborales que pretendían llevarse a cabo no se ajustaría a la ley. Su naturaleza es de relación laboral común, y el hecho de que se realizaran «inobservando» el estatuto básico de los empleados públicos «convierte a estas relaciones laborales en trabajadores fijos de pleno derecho». Ya no son contratos temporales de personal de confianza.

El informe detallaba que la alta dirección «queda reducida a los directivos que ejerzan las funciones más importantes, con amplia autonomía, dependencia solamente de los máximos responsables y más vinculadas a objetivos generales o esenciales». Y no era ese el caso de los contratos que pretende impulsar Divalterra. Se advirtió, en concreto, del riesgo de «incumplimiento del deber de diligencia».