Los partidos quieren que al final de la legislatura Les Corts indemnice a los diputados

Todavía no se ha definido la fórmula legal para agenciarse la indemnización, o si sería algo que cobrasen todos por igual tras perder el escaño, o el montante total de ese finiquito (se habla de entre seis meses y un año de sueldo, lo que supondría cerca de 50.000 euros para cada beneficiario). Se trata de conversaciones que se intentan mantener casi en la intimidad. Este tipo de temas se tratan en la Comisión de Gobierno Interior, reuniones a puerta cerrada. Da igual a qué grupo parlamentario se pregunte porque todos se encogen de hombros al señalar que finalmente siempre se sabe de lo que se habla en esa comisión, si bien es cierto que se conoce por filtraciones de unos y de otros. Los grupos y los diputados no quieren que se conozca demasiado de cómo se las apañan para cobrar el dinero público.

Ante el posible rechazo que podría generar en la opinión pública que en plena pandemia, pero también antes, los grupos estén debatiendo si se autoasignan una indemnización que suplante el paro al que no tienen derecho, fuentes vinculadas al Botánico admiten que para aprobar ese finiquito se busca la unanimidad de todos los grupos participantes en la discusión.

Desde Les Corts se indica que las conversaciones avanzan y que casi existe un acuerdo, si bien desde las filas del PP se ofrece todavía cierta resistencia a dar vía libre a esa posibilidad, una negativa, no obstante, con la boca pequeña, según las mismas fuentes.

Hay varios flecos difíciles de cuadrar respecto a esta posibilidad de cobrar una indemnización. Por un lado, justificar que se cobre un finiquito como compensación a haber dejado aparcada las respectivas profesiones de cada uno, ya que una parte de sus señorías no trabajaban en el sector privado cuando se incorporaron a Les Corts, y si lo hacían en el sector público supondría cobrar una indemnización a pesar de retomar sus distintas plazas de funcionario. Igualmente, no sería lógico compensar por renunciar a su carrera profesional a aquellos parlamentarios que nunca había ejercido una profesión más allá de la política.

Por si fuera poco, dado que esa paga no podría recibirse a cuenta de la Seguridad Social, ya que los diputados no están cotizando para recibir el subsidio de desempleo, la cuantía debería desembolsarse directamente por parte de Les Corts, como si hubiera sido el parlamento quien les hubiera contratado, y no sus propios partidos los que les situaron en las listas electorales. Que sea la Cámara la que tenga que cargar con esa paga supone, además, que Les Corts tendría que retener crédito anualmente por el valor de esas indemnizaciones, ya que de no hacerlo todos los años, y si se produjera un adelanto electoral (una posibilidad en manos del presidente de la Generalitat), el agujero en las cuentas de la Cámara podría ascender a un par de millones. El parlamento, por tanto, debería contar con una retención de crédito anual millonaria por si en cualquier momento tuviese que acometer ese pago.

El cobro de una compensación, de un finiquito, ante la falta de cotización genera también dudas en los servicios jurídicos de Les Corts. En Aragón, su cámara autonómica ya acordó una cesantía por haber ocupado cargo público. Y lo mismo ocurre en Extremadura, donde se acordó «percibir una asignación para su adaptación a la vida laboral o profesional». Y aquí no quieren ser menos ni cobrar menos.