¿De qué se acusa al presidente de la Diputación de Valencia?

Jorge Rodríguez. /Jesús Signes
Jorge Rodríguez. / Jesús Signes

La 'operación Alquería' ha desembocado en la detención del presidente de Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, y se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra

EFE VALENCIA

La 'operación Alquería' ha desembocado en la detención del presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, del PSPV-PSOE, y otras dos personas. A Rodríguez se le acusa de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos y en la causa, declarada secreta, se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.

Agentes de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) han practicado registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent y en la sede social de Divalterra.

El origen de la denuncia y los implicados

El representante de Ciudadanos (Cs) en el Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Ochando, presentó el pasado mes de abril una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Valencia contra el presidente de la corporación provincial, el socialista Jorge Rodríguez, por presuntas irregularidades en los contratos de alta dirección en la nueva Imelsa.

El despacho de Jorge Rodríguez en la Diputación, precintado.
El despacho de Jorge Rodríguez en la Diputación, precintado. / A. R.

Según han asegurado a Europa Press fuentes conocedoras, la información aportada se unió a otras diligencias previas. La Fiscalía acabó interponiendo denuncia en el mes de mayo y hoy miércoles se ha desplegado la llamada Operación Alquería, en la que ha sido detenido el máximo responsable de la institución provincial, el socialista Jorge Rodríguez.

Además, se ha ordenado el arresto de otras cinco personas, todos empleados de la Diputación de Valencia: el jefe de gabinete del presidente, Ricard Gallego, los cogerentes de Divalterra, un asesor de Presidencia y el letrado de Presidencia.

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La denuncia que presentó en su día Ciudadanos se dirigía contra Rodríguez; los gerentes de Divalterra Xavier Simón y Agustina Brines; y los anteriores; y contra el secretario del Consejo de Administración de la entidad, Jorge Cuerda.

Aludía a presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, administración desleal, delitos societarios, negociaciones prohibidas, ocultación de información y malversación de fondos públicos. En su escrito, Cs solicitaba a la Fiscalía que abriera diligencias de investigación penal para comprobar las presuntas irregularidades sobre contratos de alta dirección.

Según exponía en el escrito, en julio de 2015 el Consejo de Administración de Imelsa nombró dos gerentes --uno militante del PSPV y otro de Compromís-- por contrato laboral de alta dirección; y cuatro meses más tarde, se realizó la contratación mediante libre designación de siete directores de área con el mismo tipo de contrato --tres del PSPV y cuatro de Compromís-- «apartándose de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad».

Señalaba que cada uno de estos altos cargos cobra un salario anual de 50.000 euros más gastos de desplazamiento, comportando un coste/empresa de 75.000 euros al año.

Con estas contrataciones, de acuerdo a la denuncia, se pretendía por parte del Gobierno presidido por Rodríguez «evitar cumplir con la rigurosidad que exige el derecho administrativo para cubrir dichas plazas y, por tanto, a partir de un comportamiento injusto, se pretende eludir todos los principios constitucionales rectores de acceso al empleo público para, intencionadamente, elegir a aquellos que la gerencia decida por ser militantes de sus partidos, evitando con ello la convocatoria pública de la plaza».

Contratos de alta dirección

Según varios informes, que acompañaban a la denuncia, esta relación laboral de altos cargos no debía considerarse de alta dirección y su contratación debía haber seguido los principios básicos establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Además, se estimaba que antes de nombrar a estas personas ya se tenía pleno conocimiento de la ilegalidad de la decisión de la contratación. Es decir, «a sabiendas de su injusticia se dicta una resolución arbitraria por Rodríguez, pues el secretario general de la Diputación cuestionó en julio de 2015 esta situación».

Hasta marzo de 2018, se mantuvieron cuatro de los siete contratos supuestamente irregulares y se nombraron dos más recientemente, de los que uno no tomó posesión.

Con esta situación, se alega que «la contratación de los directivos se ha realizado de manera conscientemente ilegal y a sabiendas de su injusticia y arbitrariedad y contra los estatutos de la empresa pública y con perjuicio y menoscabo de los caudales públicos, lo cual supone una sustracción y malversación de fondos y desviación del destino de los mismos».

«Despilfarro, desviación, sustracción, malversación...»¹

La denuncia agregaba que en febrero de 2018 se acordó la contratación de dos altos directivos más al margen de los nombrados en noviembre de 2015 pese a informes en contra. Así, se estima que hay un «tráfico de influencias, una manipulación y una total falta de respeto y el más absoluto desprecio al derecho».

Además, según el escrito, y en base a los presupuestos de los últimos años de Imelsa, no existía un incremento de actividad ni presupuesto alguno que justificase la contratación de una cogerencia y de siete altos directivos, «cuyas contrataciones suponen una imposición de acuerdos abusivos continuados, despilfarro, desviación, sustracción y malversación». «La necesidad de las contrataciones no se justifica ni formal ni tácitamente, manifestándose un dolo en la decisión de especial gravedad», añadía.

Así mismo, apuntaba que «es posible que los altos cargos contratados por Imelsa realicen, de las retribuciones percibidas por la empresa pública, donaciones o aportaciones a sus partidos políticos por el mero hecho de haberlos enchufado en la empresa, aportaciones que, en todo caso, se obtienen de fondos públicos». «Esto supondría una reiterada sustracción de los fondos públicos, desviación del destino de los mismos y malversación de fondos de especial gravedad», finalizaba.

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