El gobierno de la Diputación y la oposición se enzarzan a cuenta de los imputados

F. R.

La junta general extraordinaria de Divalterra, empresa pública de la Diputación, fue agria, de un enfrentamiento constante entre gobierno y oposición. La portavoz del PP, Contelles, exigía explicaciones al presidente, Rodríguez, de por qué ocultó información al consejo de administración, pues entiende que dos de sus consejeros, la diputada de EU Pérez Garijo y Emili Altur, de Compromís, están investigados por los zombis del caso Taula. La representante de EU y los portavoces del PSPV y Compromís acusaban a los populares de ser herederos de la corrupción, hasta el punto de hacer una y otra vez repaso de casos y políticos populares investigados en el caso Taula. Mientras, la diputada de Cs, Peris, pedía explicaciones en una sesión «bochornosa».

Prácticamente una hora después de iniciado el pleno, incluso después de un receso para leer un auto de diciembre de 2016 que en un principio descolocó a los diputados populares -no constan como investigados ni Pérez ni Altur-, el secretario de la Diputación intervino en la sesión para indicar que le pidieron un informe sobre la situación, le dijo al presidente que necesitaba saber si Pérez y Altur estaban investigados. El secretario de la institución afirmó que el presidente le dijo que en ese momento no lo estaban. A partir de ahí el alto funcionario desacreditó un informe externo, elaborado por Tomarial y pedido por el consejo de Divalterra que pagó por la consulta 100.000 euros.

Pérez Garijo, con vehemencia, negó por activa y por pasiva que esté imputada, pues ni ella ni Altur han recibido una citación judicial «desde que hace dos años y pico» declaró ante la Guardia Civil, que no ante un juzgado, y advirtió de que se querellará con quien diga lo contrario.

Sobre el asunto que afecta a José Manuel Orengo y la Fundación Cical, el punto quedó sobre la mesa.

 

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