El PP cuestiona el acuerdo que permite a Divalterra tener diez directivos

Los populares recuerdan que situar a la empresa de la Diputación como 'categoría uno' significa darle la consideración que tienen Renfe o Aena

F. M.

valencia. Divalterra, la empresa de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, no sólo está en el centro de la polémica -y denunciada en Anticorrupción- por los contratos de alta dirección que el actual consejo de administración aprobó el pasado 19 de febrero. El PP provincial considera que también existen dudas sobre el acuerdo que permitió a la institución que dirige Jorge Rodríguez dar a esta empresa la consideración de 'categoría uno', en el marco de la clasificación a la que obliga la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Esa norma prevé tres categorías para las entidades públicas dependientes de la administración local, definidas sobre una serie de parámetros -volumen de negocio, número de trabajadores, necesidad o no de financiación pública, características del sector y volumen de inversión- que permiten concretar el número máximo de miembros del consejo de administración y de los órganos de gobierno, así como la estructura organizativa, con la fijación del número de directivos y su retribución.

Divalterra pertenece a la categoría uno -como Egevasa o el Consorcio de Bomberos-, circunstancia que le permite tener un máximo de 15 miembros del consejo de administración y de 10 directivos. Fuentes del PP consideran que esa catalogación de Divalterra le sitúa en el mismo grupo que empresas como Renfe y Aena -de un volumen de negocio y una plantilla muy superiores-. Además, un informe reciente de la Intervención recuerda que «asesoró» en la redacción del acuerdo, pero que ello «no implica ninguna autorización al gasto».

 

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