Los diputados socialistas se hartan de Divalterra

Una sesión de un consejo de Divalterra presidido por Rodríguez. / juan j. monzó
Una sesión de un consejo de Divalterra presidido por Rodríguez. / juan j. monzó

Un tercio del grupo del PSPV de la Diputación expresa su preocupación por las polémicas que salpican a la empresa Críticas veladas por falta de información y petición de cierre

J. C. F. VALENCIA.

La reunión del grupo socialista de la Diputación de Valencia del pasado martes evidenció el creciente malestar existente entre los diputados del PSPV por la constante polémica que envuelve a Divalterra, la empresa de la institución provincial heredera de la vieja Imelsa. Hasta tres diputados del grupo socialista, Toni Gaspar, Pepe Ruiz y Mercedes Berenguer, expresaron con mayor o menor tono de virulencia su preocupación con las constantes polémicas que envuelven a la firma y que, a su juicio, lastran el buen trabajo que se realiza desde la corporación. Alguno de esos diputados llegó a mostrarse partidario de no aprobar las cuentas de la firma, e incluso de que la Diputación cerrara de una vez esta empresa.

La reunión se produjo justo antes de la junta general extraordinaria, reunida esta semana para abordar la situación judicial de la diputada de EU Rosa Pérez y su eventual influencia en el consejo de administración de la empresa. Tras la junta general estaba prevista una reunión del consejo de administración de Divalterra, que incluía en el orden del día la formulación de las cuentas de la empresa pública correspondientes a 2017, y que finalmente acabó desconvocándose, con el argumento de que la reunión anterior se había alargado.

Ese fue el motivo que se trasladó a los representantes del resto de grupos en el consejo. En realidad, la reunión de los diputados socialistas a primera hora de la mañana ya había revelado las discrepancias existentes en relación con la empresa provincial.

Las polémicas en las que se ha visto envuelta la vieja Imelsa -primero por las irregularidades que terminaron en la destitución de Víctor Sahuquillo, y en los últimos meses con el fallido intento de los contratos de alta dirección (marcado por los más de una docena de informes que los miembros del consejo desconocían) y con el relativo a la situación judicial de Rosa Pérez- han desembocado en una incertidumbre judicial a la que los miembros del consejo no son ajenos.

De hecho, la denuncia presentada por el representante de Cs en el consejo de administración de Divalterra, Jorge Ochando, en la que advierte de la posibilidad de que se hayan producido diversos delitos societarios, ha disparado la preocupación entre los miembros del consejo, por la posibilidad de que, ante eventuales irregularidades, se vean obligados a responder con su patrimonio de los perjuicios causados a la sociedad.

En la reunión del pasado martes, hasta tres diputados socialistas -todos ellos, miembros del consejo de administración de la empresa provincial- expresaron su preocupación por la situación de la empresa. Fuentes presentes en la reunión señalaron que alguno de ellos expresó también cierta discrepancia con la falta de información que, según expresaron, tenían los diputados respecto a lo que ocurría en el seno de la empresa provincial.

El primero en intervenir fue el también diputado de Hacienda Toni Gaspar. A él le siguieron Pepe Ruiz y Mercedes Berenguer, que se pronunciaron en términos similares. En sus intervenciones, alusiones veladas a que Divalterra generaba permanentes problemas a la gestión de la Diputación e incluso alguna recomendación respecto a la conveniencia de cerrar la firma.

Y no es la primera vez. Tras la salida de Víctor Sahuquillo como cogerente de Divalterra -después de aquel escándalo por los gin tonics y licores pagados con dinero público- el presidente de la Diputación Jorge Rodríguez planteó públicamente la posibilidad de cerrar la empresa provincial, transfiriendo el cuerpo de brigadistas al corsorcio de bomberos. La propuesta se quedó en papel mojado, tanto por las dificultades legales para llevarla a cabo como por la oposición que encontró la medida. Rodríguez optó por situar al frente de la empresa a dos altos funcionarios de su máxima confianza, Jorge Cuerda y Miriam Vitón. Pero las polémicas no han dejado de salpicar la institución.

El aplazamiento del consejo de administración del pasado martes -sin que se haya convocado una nueva reunión- deja en el aire la formulación de las cuentas de 2017, el paso previo para la aprobación formal del ejercicio.

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