Mazón perfila un plan de choque radical de contención del gasto ante el bloqueo del FLA del Gobierno

El día después de reunirse con patronal y sindicatos, y de sumarlos a la exigencia al Gobierno central de que dé luz verde a la llegada de esos fondos, el president ultima un plan de ahorro de recursos para tratar de minimizar el impacto de la «asfixia», en palabras del propio Mazón, a la que el Gobierno de Sánchez somete a la Comunitat. Tras dos años en los que el Ejecutivo valenciano ha venido haciendo bandera de las medidas dirigidas a contener el gasto, quitar grasa de la administración y reajustar el sector público, el jefe del Consell ha decidido dar una vuelta de tuerca más a esa estrategia.

Mazón, tras la reunión mantenida el miércoles con los agentes, sociales, convocó de urgencia en el Palau a la responsable de Hacienda, Ruth Merino, su número dos, Eusebio Monzó, y los consellers de las áreas de más gasto, Susana Camarero (Igualdad), Marciano Gómez (Sanidad) y José Antonio Rovira (Educación). De esa reunión salió la necesidad de implementar nuevas medidas de control del gasto.

El plan está dirigido a preparar el día después del 7 de julio, la fecha límite para que el Gobierno central ingrese los 1.900 millones de euros que corresponderían al extra FLA. Si la suma no llega antes de esa fecha, el Consell pondrá en marcha una serie de medidas que afectan de forma particular a los capítulos gasto corriente, I y II del presupuesto. En la reunión del 'consellet', Mazón ha advertido de la imposibilidad de aumentar los gastos de personal, y ha puesto el foco en la necesidad de acometer medidas de «lucha contra el absentismo laboral injustificado en la administración», según fuentes presentes en esa reunión.

En cuando al capítulo II, el jefe del Consell ha pedido plantear nuevas medidas dirigidas a estimular el ahorro tanto en la administración general como en el sector público instrumental de la Generalitat. De hecho, ha dado un plazo máximo de 72 horas, que acaba este próximo lunes, para contar con un plan detallado de medidas que afecten a estos ámbitos y que permitan reducir el gasto corriente y de funcionamiento de la administración. Sobre la mesa, la posibilidad de adoptar nuevas medidas para reducir el sector público valenciano.

Mazón pretende poner el foco también en la subvenciones nominativas, con una profunda y detallada revisión de cada una de las que concede la administración autonómica, el análisis de su oportunidad y la conveniencia o no de su mantenimiento. Y también un plan de racionalización del patrimonio de la Generalitat, dirigido a vender o alquilar aquellos inmuebles de la Generalitat que puedan no estar en uso o que reciban ofertas significativas, así como de reajuste en el caso de los alquileres que paga la propia administración autonómica.

Para ordenar todo este conjunto de medidas, y con el objetivo de hacer un seguimiento mensual de su ejecución, el president ha anunciado la creación de un comité de seguimiento que estará coordinado por el secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó, y que será el encargado de analizar las medidas propuestas y de ir cuantificando el impacto de los ajustes de gasto que se vayan logrando.

Las medidas que ultima el Gobierno valenciano son consecuencia directa del bloqueo del extra FLA, que atenaza la viabilidad de los pagos del Consell a sus empresas proveedoras. La decisión el pasado mes de diciembre del ministerio de Hacienda de suprimir la referencia a que esos fondos se utilizarían en 2025 para cubrir el déficit acumulado por las CCAA en 2024 genera una situación límite.

El extra FLA se paga, en un 75% de su cuantía, en el mes de julio, y el 25% restante en diciembre. Ese 75%, en el caso de la Comunitat Valenciana, roza los 1.900 millones de euros. Sin esos fondos, la deuda comercial acumulada por la administración autonómica, que en abril ya superaba los 1.700 millones, será imposible de atender. La conselleria de Sanidad ya ha anunciado el impago un mes de la factura de farmacia. El Gobierno valenciano ya ha dicho que esa situación se prolongará un único mes, y que la prioridad inmediata es recuperar los pagos de farmacia «como sea».

Mientras tanto, el ministerio de Hacienda guarda silencio. El departamento que dirige María Jesús Montero alegó hace algunas semanas que estaba a la espera del informe de la IGAE sobre el déficit definitivo del ejercicio 2024, para poder calcular el importe de ese extra FLA para cada región. El informe está aprobado desde hace algunas fechas, pero el ministerio sigue sin pronunciarse respecto al extra FLA.

La angustiosa situación financiera de la Comunitat se ha visto agravada por el bloqueo del extra FLA. Pero tiene su origen en el retraso en la reforma del sistema de financiación autonómica, aprobado en 2009 y caducado desde el 1 de enero de 2014. Un sistema de financiación que deja a la Comunitat Valenciana a la cola en financiación por habitante, y para el que la administración autonómica ha pedido que, mientras se apruebe el nuevo modelo, se disponga de un fondo transitorio de nivelación que equipare la financiación con la media. El ministerio de Hacienda rechaza ese fondo, no aborda la reforma de la financiación, no ha concedido recursos a fondo perdido para hacer frente a los gastos de la dana y mantiene una actitud cicatera con la llegada de las ayudas para los damnificados por la catástrofe.