Vía libre a los contratos: el control público, a posteriori

La crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus tiene réplicas en casi todos los departamentos de la Administración, pero ha provocado una situación insólita en la contratación pública. Con la declaración del Estado de alarma, las licitaciones de todo lo que no estuviera relacionado con el Covid-19 quedaron suspendidas, mientras que las que sí lo estaban pasaron a tramitarse por emergencia. Es decir, se adjudican de manera directa, sin concurso, y sin fiscalización previa, como sucedía hasta ahora.

El Consell aprobó el pasado 20 de marzo un acuerdo por el que regulaba la sustitución de la intervención previa con carácter generalizado a todos sus contratos, pero la Intervención general de la Generalitat ha hecho ahora públicas las normas que regirán la contratación por emergencia de todos los materiales y actuaciones que estos días está llevando a cabo el Consell para tratar de luchar contra el coronavirus de manera administrativa.

En concreto, según la instrucciones en relación con el ejercicio del control financiero permanente en sustitución de la intervención previa, que ayer se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV), deja sin efecto la función interventora con anterioridad a la toma de decisión del contrato. Eso sí, antes de la aceptación del contrato o la prestación del servicio, el órgano fiscalizador de la Generalitat, a través de las intervenciones delegadas, deberá realizar comprobaciones relativas a los importes o la disponibilidad de crédito. Pero ahí finaliza el control. Vía libre para la contratación por emergencia y de manera directa, sin licitaciones ni mecanismos fiscalizadores previos. Una anomalía en el sistema de contratación provocada por la crisis del Covid-19.

Por ponernos en contexto, en el último ejercicio analizado por la junta superior de contratación, correspondiente al año 2018, la Generalitat realizó 23 contratos por la vía de emergencia, con un coste de 7,2 millones, lo que supuso un 0,65% de las contrataciones de todo el año. En la actual pandemia, la Generalitat no ha suministrado el importe de los gastos que ya ha realizado por esta vía de la contratación de emergencia, aunque han trascendido algunas cuantías como los cuatro millones que han costado los hospitales de campaña, o la encomienda a Tragsa para rehabilitar parte del antiguo hospital La Fe. Sin embargo, desde Presidencia de la Generalitat, donde se han centralizado las compras sanitarias, preguntados por el coste de las contrataciones relacionadas con el Covid-19 llevadas a cabo hasta la fecha, no desvelaron la cifra y emplazaron a una comparecencia futura del presidente, Ximo Puig, para revelar los detalles. La llegada de aviones con material sanitario (ya van nueve) es constante en la Comunitat, pero más allá del contenido de los mismos, que suministran fuentes oficiales, no hay más datos de ninguna de las actuaciones que se están produciendo.

En el caso de las compras que se están produciendo por emergencia, y a pesar de que no se fiscaliza de manera previa, la Intervención podrá realizar comprobaciones adicionales bajo su criterio, además de requerir información adicional del expediente en cuestión. Una vez haya finalizado el Estado de alarma, cada área de gasto tendrá a su disposición un informe que dé cuenta de cuantas comprobaciones se hayan llevado a cabo y los actos que han sido sometidos a control. En dicho informe se deberán detallar también las incidencias y debilidades que Intervención haya podido detectar durante el proceso para que el centro gestor pueda presentar alegaciones en un plazo de 15 días. En caso de no detectar irregularidades, el informe será definitivo. Además, en el informe anual de Intervención se incluirá un apartado concreto sobre la contratación por emergencia.

En caso de que las comprobaciones del órgano fiscalizador detectaran un perjuicio económico para la Generalitat, se comunicará de manera inmediata, sin envío previo del informe provisional para alegaciones. Eso sí las debilidades, errores e incumplimientos expresados en los informes seguirán el régimen previsto en una resolución de la Intervención de 16 de enero de 2020, como también los hechos relevantes que deriven en la necesidad de adoptar medidas correctoras de hecho que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, o dar lugar a responsabilidades contables.