La jueza de la dana descarta imputar a los alcaldes de municipios afectados por la riada

Los empleados del organismo dependiente de Medio Ambiente no son, sin embargo. los que enviaron los correos de la crecida del barranco del Poyo, flujo de información que se cortó durante aproximadamente dos horas. LAS PROVINCIAS informó de que la plantilla se redujo a la mitad la tarde del 29 de octubre.

La magistrada adelanta en uno de sus autos que no aprecia responsabilidad penal en los alcaldes de los municipios afectados por la monumental riada. Lo hace al responder a la petición de que el primer edil de Utiel, Ricardo Gabaldón (PP), fuera imputado.

La responsabilidad penal está, de momento, acotada a la Generalitat, con la consellera de Emergencias y el que fuera su número 2. «Existe una diferencia radical entre la Administración Local y la Autonómica al objeto de lanzar alertas a la población y la adopción de medidas de autoprotección».

Uno de los requisitos de un homicidio imprudente en su modalidad de comisión por omisión es la posición de garante que tiene que albergar el encargado de dar -o en este caso no- las órdenes de protección. Y esto no se dio en el supuesto de Utiel, pero tampoco en el resto de municipios. «Tenían un análisis fragmentario de la información disponible», señala respecto a los alcaldes. «Todos se vieron sorprendidos, no recibieron tampoco la información precisa ni se les aconsejó de manera específica sobre las medidas a adoptar». No duda en »descartar de plano« una eventual imputación de las autoridades locales.

De prosperar la petición de la familia de Utiel, esto supondría «la investigación como presuntos responsables de los homicidios a los alcaldes de la práctica totalidad de las poblaciones donde se produjeron los fallecimientos y las lesiones, los que nos situaría fuera del derecho penal». En esta línea, la magistrada ha aceptado recibir declaración, igualmente como testigos, al alcalde de Algemesí.

Tampoco Cs ha tenido suerte en sus diligencias. La mayoría han sido rechazadas. Pero al menos, la titular ha aceptado citar como testigo al jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat.

En otro de los autos se deniega la petición de una acusación particular para que se librara oficio al Departamento de Seguridad Nacional para que aportaran todos los informes que pudo haber emitido dicho órgano el 29 de octubre de 2024, por considerarla «una diligencia innecesaria» en la instrucción de esta causa.

De igual modo, la jueza rechaza la solicitud de una acusación particular que pretendía que el juzgado propusiera al Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia que determine entre las secuelas psíquicas la posible existencia de unas patologías concretas, sin perjuicio de la documentación médica que los solicitantes quieran aportar.

La magistrada recuerda que los peritos del IML están realizando ya «un examen exhaustivo y ponderado de los padecimientos o patologías de las personas sometidas a examen».

La agenda del juzgado comienza a llenarse. Al margen de la comparecencia de Miguel Polo, presidente de la CHJ y la de los técnicos del organismo también se ha acordado la citación de al menos tres peritos y del director y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, el que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, y a las alcaldesas de Paiporta y Catarroja y el de Sedaví. En total, una quincena de comparecencias.