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Algunas acusaciones particulares y populares en el caso de la dana insisten en una idea: la necesaria imputación de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé ... . Más aún si cabe, sostienen, tras su declaración testifical de siete horas de la que no consta todavía transcripción. Los investigados, la exconsellera Salomé Pradas y su número dos Emilio Argüeso, han impugnado el reflejo en papel de sus comparecencias. Consideran que no recoge de manera fidedigna lo que declararon.
Una de las acusaciones que representa a familiares de dos víctimas mortales -y que también reclama la imputación del presidente Mazón- apunta alrededor de un decálogo de motivos para modificar la condición procesal de Bernabé. En realidad, hace un repaso cronológico de la información que manejó la dirigente durante la jornada del 29-O para concluir que era «plenamente conocedora» de todas las alteraciones graves de la normalidad «para instar al Ministerio del Interior a la declaración de emergencia de interés nacional».
La acusación sostiene también que fue evidente la «falta de medios» o la «incapacidad de gestión de la emergencia por parte del Cecopi, dirigido por la consellera de Interior». De igual modo que a Bernabé hace copartícipe de la inacción al presidente Mazón, aunque en su caso no lo argumenta como con Bernabé. «Hubo un fallo sistémico y garrafal de la redundancia de la previsión, atención y mitigación de los efectos de la catástrofe».
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Liberum es otra de las organizaciones presentes en la causa y que representa, además, a una familia. La entidad exige la imputación de la delegada del Gobierno y que se analicen también las circunstancias que se produjeron alrededor de la presa de Forata y no sólo la emergencia del barranco del Poyo. La evacuación del agua es una responsabilidad que concierne a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), según su escrito.
Subraya, de igual modo, que el sistema de alertas masivas depende del Gobierno central. Y coincide en la tesis de la otra representación de censurar el hecho de que no se pidiera la declaración de emergencia. En este punto aporta informaciones periodísticas para acreditar que la emergencia no se podía localizar en un punto concreto de la geografía.
La acusación mantiene que es incompatible que la delegada admitiera que se enteró del desbordamiento en Utiel por los medios de comunicación con el hecho de que la CHJ informara puntualmente de los barrancos o cauces. Todo queda ya en manos de la Audiencia.
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