Una pareja de magistrados contra la dana

Las fuentes coinciden en que no se trata del juzgado óptimo para llevar un asunto de esta naturaleza. No hablamos de instructores con experiencia en sumarios de este tipo –¿alguien realmente la tiene?–, pero tampoco en grandes macrocausas. No es Nieves Molina (accidente del metro) o Vicente Ríos (caso Emarsa y Mónica Oltra) por citar dos magistrados con acreditada solvencia en estas lides. En cambio, la sección Segunda de la Audiencia donde desembocan los recursos ofrece plenas garantías. El sistema dispone de métodos propios de autocorrección.

Absolutamente todas las fuentes judiciales consultadas coinciden en señalar la figura de su pareja, Jorge Martínez, también magistrado, en este particular retrato. Como si no se pudiera entender el papel de una sin el otro, en una relación estrecha en todos los ámbitos.

Se da la circunstancia de que el juez se trasladó recientemente a Valencia, al juzgado de Instrucción número 4. Y allí afrontó la fase final de la trama de Francis Puig, hermano de Ximo Puig. Su mujer, en cambio, llegó a Catarroja en 2007 y allí sigue. Se trata de dos de los asuntos con más eco mediático de los últimos años. Uno contra el PP. El otro, contra el PSPV. Así son las casualidades de una pareja perseguida por la actualidad. Ruiz Tobarra ha 'copiado' una estrategia que le funcionó de manera efectiva a la instructora del metro -qué injustas a veces las críticas- o al magistrado del caso Emarsa. La primera optó por la transparencia como una forma de protegerse ante determinadas informaciones que dañaban su prestigio. El tiempo terminó por darle la razón. El segundo actuó quizá más por un convencimiento de la labor de los medios.

La instructora de la dana ha seguido esta línea. Todas las resoluciones se facilitan al gabinete de prensa del TSJ. Esto permite un control sobre la información que se difunde y evita, por otra parte, filtraciones interesadas. La jueza lo entendió así desde el primer momento. Y no es algo que todos lo instructores acepten. Se mantiene en esa línea. Sigue, de cerca, qué se publica. De hecho, algunas de sus diligencias se han acordado inmediatamente después de algunas informaciones de prensa.

Mientras, se mantiene a salvo de entrevistas y de cierto revuelo a su alrededor. Una coraza ante cualquier intento de acercamiento mediático. Esta misma semana, el TSJ ha elaborado un vídeo de una magistrada de Torrent Lucía Mayordomo que estaba de guardia la semana de la dana. Un formato infrecuente, pero no por ello negativo. ¿Habría participado Ruiz Tobarra en un vídeo como ese si no llevara la instrucción de la dana? Parece misión imposible.

La instrucción parece haber alcanzado una velocidad de crucero. Esto no parece sencillo en un caso de esta magnitud, con decenas ya de acusaciones populares y particulares cada uno con sus propios intereses. Esta agilidad ha llamado la atención respecto a la demora en otras causas del juzgado, según algunos letrados que han llevado asuntos en su órgano, un mixto de Catarroja.

Existe un interés por encuadrar a Ruiz Tobarra en una determinada adscripción ideológica. De sensibilidad conservadora, sin duda. Pero no aparece, sin embargo, vinculada a las asociaciones judiciales de esta tendencia. Tampoco resulta extraño. Más de la mitad de los jueces esquivan las asociaciones. Destaca su vida reservada y de perfil bajo en lo público, coinciden otros consultados. Hay quien habla de una mujer de «poco carácter». Otros añaden que resulta también «impredecible». Nadie niega su esfuerzo.

Algunas decisiones de la instructora invitan a pensar en algunos rasgos de su personalidad. ¿Por qué Ruiz Tobarra aceptó el caso de la dana?. Un grupo de fiscales le planteó en su momento su 'disponibilidad' de asumir el asunto. Y aceptó. Esto en un momento donde todos los magistrados cruzaban los dedos para no cargar con semejante investigación. Un caso que implica un esfuerzo ímprobo, descomunal y que deja, en numerosas ocasiones, secuelas de todo tipo. Hay antecedentes. Era una situación inédita -decenas de muertos al mismo tiempo en diferentes partidos judiciales- y la Fiscalía podía haber planteado la acumulación en otros juzgados. ¿Valentía? ¿Osadía? Hay quien apunta que le hecho de ser afectada directa de la tragedia -su juzgado está desde entonces en la Ciudad de la Justicia- fue determinante en esta decisión.

La Fiscalía pronto se mostró sorprendida con algunas de sus decisiones. Las primeras diligencias que pidió el ministerio público fueron rechazadas. Reclamaban un informe a la Guardia Civil para tener una información general de hechos, personas y supuestos delitos y a partir de ahí avanzar en las diligencias.

Les dijo que no. Que para eso ya estaba ella. Y esta postura no es por si misma errónea, pero sí poco frecuente. En una instrucción de esta naturaleza, lo más cómodo es aceptar esas diligencias sin mayores acotaciones. Más tarde, la Fiscalía también mostró su disconformidad con la imputación de Emilio Argüeso, el número 2 de la consellera Salomé Pradas, a quien considera que se le investiga por su cargo al margen de su actuación.

Las víctimas que hasta el momento han declarado en sede judicial han destacado su empatía y trato. Pese a que pudiera parecer algo consustancial a su posición no siempre son virtudes que confluyan al frente de un juzgado. Eso ya es de agradecer. Esto le ha hecho depositaria, además, de la confianza de las familias de los afectados que se aferran a ella ante el absoluto desamparo que sufrieron.

En cambio, los autos han sido de una dureza incontestable contra los dos investigados hasta la fecha con conclusiones, aunque fueran de carácter indiciario, más propias de una fase final de la instrucción que de los comienzos de un asunto con abundantísima documentación, complicado y con numerosas agencias y responsables en la participación de la emergencia. Pero Ruiz Tobarra ajustó el plano hacia el Consell y de ahí, de momento, no se ha movido.

No era una investigación plácida para el Consell y menos lo ha sido su desarrollo. La jueza ha puesto incluso en un brete al presidente Carlos Mazón con aquel ofrecimiento de que podía acudir a declarar con un abogado. Un compromiso innecesario, según la lectura política que se hace de las resoluciones. Mazón nunca contestó de manera oficial a aquella propuesta, pero la juez recogió que lo había rechazado, conclusión que extrajo de los medios de comunicación. El resultado es evidente: la jueza lo imputaría si no fuera aforado. Veremos dónde termina esta investigación.