El juez sienta en el banquillo a 21 acusados por la «depredación» de Gürtel en Arganda

Pablo Crespo en una imagen de archivo. /Efe
Pablo Crespo en una imagen de archivo. / Efe

Ha impuesto fianzas civiles cercanas a los 80 millones de euros por los daños provocados a las arcas públicas

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

Fue durante once años una verdadera «actividad depredatoria» de los fondos públicos, en palabras del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El magistrado ha abierto juicio oral a 21 investigados en la pieza del caso Gürtel por las presuntas irregularidades en la localidad madrileña de Arganda del Rey y ha impuesto unas fianzas cercanas a los 80 millones de euros para varios de ellos como Francisco Correa, líder de la trama corrupta, su mano derecha Pablo Crespo o el empresario de la construcción Fernando Martín.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 acuerda acusa a los 21 procesados de los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho pasivo, falsedad en documento mercantil, cohecho activo (todos ellos continuados), contra la hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.

De la Mata acuerda llevar también a juicio, como responsables civiles subsidiarias, a las mercantiles Special Events SL, Easy Concept, Good & Better, Diseño Asimétrico SL; Servimadrid Integral SL, Teconsa, Constructora Hispánica SA y Martinsa, además de a otras tres personas físicas como partícipes a título lucrativo.

Entidades municipales

La denominada pieza separada «Arganda del Rey» indaga las actividades desplegadas por los investigados, entre los años 1998 hasta febrero de 2009, dirigidas a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las Entidades Municipales de dicha localidad.

El procedimiento se dirige contra Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Isabel Jordán, Pablo Collado, Ginés López, Benjamín Martín Vasco, Juan Fernández Caballero, César Martín Tomás Morales, Isaac García Requena, Luis Bremond, José Ramón Gutiérrez Villar, María Josefa Aguado, Álvaro García del Río, Alfonso García Pozuelo, José Luis Martínez Parra, Fernando Martín Álvarez, Ramón Blanco Balín, Manuel Salinas, Amando Mayo y Joaquín Martín Vasco.

De la Mata relata en el auto de apertura de juicio oral, al referirse al delito de fraude contra las administración pública, que los investigados se pusieron de acuerdo para defraudar a las entidades públicas de Arganda del Rey y de forma señalada al propio municipio y la Sociedad de Fomento. Para ello, afirma, intervinieron en la sucesión de actos de planificación y ulterior ejecución de la «actividad depredatoria» que entre todos realizaron.

«Designios de la banda»

Así, el magistrado describe que el exalcalde Ginés López, junto con Benjamín Martín Vasco y Juan Fernández caballero, contaban con una privilegiada posición en la entidades públicas de Arganda, lo que les daba competencias muy relevantes en el área de contratación pública y permitía a la organización asegurar que los contratos «se adjudicaran conforme a los designios de la banda».

Para ello, continúa, no dudaron en diseñar un complejo plan, cuya implementación vigilaron de forma cuidadosa desde sus distintas posiciones administrativas para conseguir sus fines, alterando el procedimiento de contratación y causando «enormes perjuicios al ente público». 

Otros investigados, señala De la Mata, como César Martín Tomás Morales, Isaac García Requena, Luis Bremond Triana, José Ramón Gutiérrez Villar, María Josefa Aguado y Álvaro García, desde las posiciones públicas que ostentaban, colaboraron con los designios de los anteriores en los distintos procesos de contratación evacuando informes técnicos o de valoración, validando procedimientos y autorizando facturas y pagos.

Por su parte, los investigados Correa, Crespo, Jordán y Collado Serra, según el auto, participaron armando todo el plan, «corrompiendo activamente a los anteriores con sus promesas y dádivas, hasta comprometerlos como miembros de la comunidad criminal, alcanzando un acuerdo evidente con ellos, de carácter permanente y sistemático, para conseguir la adjudicación de los contratos de acuerdo a sus intereses».