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Vista panorámica del pleno de la Diputación de Valencia. CONSUELO CHAMBÓ
Intervención ya cuestionó en 2019 la clasificación de empresas de la Diputación

Intervención ya cuestionó en 2019 la clasificación de empresas de la Diputación

El PP utiliza un informe del sumario del caso Alquería para recurrir el trámite de urgencia y el acuerdo sobre altos cargos de Divalterra

JC. Ferriol Moya

Valencia

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Jueves, 19 de noviembre 2020, 23:44

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Un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) de 2019 que figura en el sumario del caso Alquería advierte de que la clasificación de Divalterra –la empresa pública de la corporación provincial heredera de la vieja Imelsa– en la categoría I, dentro de la catalogación de entidades a la que obliga la ley de bases de régimen local, se realizó para «proporcionar el soporte jurídico para la existencia en la misma de 10 altos directivos». La conclusión sirvió de base ayer al PP valenciano para presentar un recurso contra el acuerdo adoptado en el último pleno de la corporación provincial, en el que se modificaba el adoptado en septiembre de 2016 aunque se mantiene esa categoría I, y solicitar la anulación, tanto del trámite de urgencia con el que se solventó la modificación como el propio acuerdo.

El escrito del PP lo firma el presidente y diputado provincial Vicente Mompó, que aprovecha para subrayar la «antijuricidad» de las decisiones adoptadas por la corporación que preside Toni Gaspar. El texto al que ha tenido acceso este diario cita el informe de la IGAE para remarcar que ese órgano –que en su día se personó en las instalaciones de Divalterra para reclamar información sobre las cuentas y los nombramientos adoptados en esa empresa, y que dieron lugar a la imputación del expresidente Jorge Rodríguez y sus principales colaboradores– remarca que la valoración de la empresa de la Diputación se duplicó, circunstancia que contribuyó a que fuera considerada de categoría I y, por tanto, pudiera nombrar más cargos directivos y con mayor remuneración. La misma Intervención remarca que a Divalterra se le dio consideración de empresa con una actividad esencial y estratégica. «Del estudio realizado acerca de la sociedad no queda constatado que realice ninguna actividad estratégica, ni tampoco se acredita que su actividad sea esencial», se subraya. El órgano fiscalizador muestra su extrañeza porque Divalterra –con 22 millones de ingresos en 2018– obtuviera la misma clasificación que la Autoridad Portuaria de Valencia (128 millones de cifra de negocio), AENA (3.518 millones) o la Sociedad Estatal de Correos (1.765 millones).

El recurso de reposición de los populares cuestiona la urgencia con la que la corporación provincial decidió tramitar esta modificación, máxime cuando se trata de un asunto sobre el que existe un proceso judicial abierto por los supuestos delitos de prevaricación y malversación. Primero, con una comisión extraordinaria de Hacienda, reunida el pasado viernes, y que tras una hora y media de receso acabó aprobando un texto que no era el inicialmente propuesto y que. aún manteniendo la clasificación de categorías, limitaba el número de cargos directivos –de diez lo reducía a tres– y aumentaba los controles a la hora de llevar a cabo los nombramientos de los directivos. Una referencia que se encuentra en el fondo del caso Alquería, toda vez que éste cuestiona si el equipo de Rodríguez designó altos cargos de Divalterra al margen de criterios de experiencia y capacidad y con una justificación meramente partidista.

En el pleno de la corporación celebrado esta semana, tanto el secretario de la corporación como el interventor defendieron la legalidad del acuerdo adoptado hace ahora cuatro años. La modificación de ese acuerdo por procedimiento de urgencia salió adelante con el único voto en contra del PPCV.

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