El Gobierno pide a la Generalitat que acate la sentencia del 'procés'

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá. /Emilio Naranjo (EFE)
La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá. / Emilio Naranjo (EFE)

Celaá avanza que el fallo del tribunal se conocerá la primera quincena de octubre

Ramón Gorriarán
RAMÓN GORRIARÁNMadrid

El Gobierno de Pedro Sánchez exigió este viernes a Quim Torra que «acate y respete» la sentencia que dicte el Tribunal Supremo para los doce líderes del 'procés' juzgados por rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia. «Ha de ser acatada y la cumplirán», pronosticó la portavoz gubernamental, que respondía de esta manera al presidente de la Generalitat, que 24 horas había señalado en un acto en Madrid que «si la sentencia no es absolutoria, no la aceptaremos y actuaremos en consecuencia». En concreto, habló de una campaña de desobediencia civil y movilizaciones callejeras permanentes, al estilo de Hong Kong.

La ministra Isabel Celaá restó importancia a los comentarios porque las amenazas son una constante entre los líderes independentistas. «Torra sigue con su discurso» y son «solo sus palabras». El Gobierno considera que los anuncios del presidente catalán tienen cada vez menos seguidores. Da por descontado que habrá movilizaciones en la calle una vez que se conozca la sentencia, pero confía en que la división que reina en el mundo soberanista catalán restará eficacia política a la respuesta.

Celaá apuntó que la decisión de los siete jueces se conocerá la primera quincena de octubre. Es la primera vez que un miembro del Gobierno afina tanto con la fecha de la sentencia. En un principio se especuló en medios jurídicos con una resolución para septiembre, después de la Diada del próximo miércoles y antes de los actos recordatorios del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Más tarde, fuentes cercanas al tribunal juzgado situaron el momento en octubre, sin más precisiones de calendario. Hasta que hoy la ministra portavoz acotó el momento a los primeros quince días del próximo mes.

División

En la Moncloa ven muy improbable que Torra se ponga al frente de una campaña de desobediencia civil y que sea secundado por Esquerra, su socio de gobierno, que apuesta por una convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña como respuesta al probable fallo condenatorio a los líderes encarcelados.

Además, entre los diferentes sectores de Junts per Catalunya tampoco hay consenso sobre la respuesta que se debe dar al Supremo. En la formación conviven soberanistas irredentos fieles a Carles Puigdemont y Torra, los más moderados del PDeCAT y hasta herederos de la extinta Convergència que buscan su espacio político. La Asamblea Nacional Catalana, otro de los polos movilizadores, desconfía de las palabras de Torra y no le cree cuando promete resucitar la vía unilateral para materializar la república catalana.

La manifestación de la Diada del 11 de septiembre en Barcelona va a ser un buen termómetro para comprobar la homogeneidad y la beligerancia del independentismo y, por el momento, la movilización apunta a una menor participación que otros años. El cansancio de siete años de 'procés' soberanista sin resultados prácticos, más allá de la movilización permamente, es evidente. La desunión asimismo de las fuerzas soberanista ha pasado factura a la pujanza del movimiento.